El gobierno nacional puso fin al conflicto de los trabajadores petroleros de Santa Cruz con las empresas del sector, al disponer el pago de los salarios caídos durante la huelga y multar al gremio por no acatar la conciliación obligatoria. A su vez, el sindicato de trabajadores privados del gas y el petróleo de la provincia patagónica rechazó la intervención dispuesta por la Federación que los nuclea, amenazando a la organización nacional con desafiliarse si persistía en esa posición.

El Ministerio de Trabajo dictó una resolución estableciendo que se pagará “por última vez” a los trabajadores el 100 por ciento de los salarios caídos durante los días de paro, previo levantamiento de la medida que se extendió por 18 días. La cartera laboral dio un plazo máximo de 24 horas para que se disponga retomar las tareas. Por otra parte, se dispuso la aplicación de una sanción de 350 mil pesos al sindicato santacruceño por no acatar la conciliación obligatoria una semana atrás.

Como parte del acuerdo, el gremio acepta pagar la multa y se compromete, en caso de un eventual conflicto, a dejar guardias que garanticen la continuidad operativa para el transporte de crudo y gas por ductos. La solución del conflicto ocurrió pocas horas después de que la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible decidiera intervenir el Sindicato del Petróleo y el Gas Privado de Santa Cruz.

Ayer, voceros de esta última organización rechazaron la intervención y advirtieron desde Río Gallegos que, “como están los ánimos, nos podemos desafiliar”. Marcelo Salguero, dirigente de la organización, desafió incluso afirmando que “esta lucha la hemos ganado más allá de que nos intentaron dividir, pero son estrategias de guerra de la Federación y esperamos que nos vengan a decir las cosas a Santa Cruz”. El sindicato a nivel provincial está encabezado por Héctor Segovia, quien está enfrentado con Alberto Roberti, secretario general de la Federación Nacional.

El punto de desacuerdo que prolongó el conflicto era la negativa empresaria a pagar los días caídos, ya que el aumento salarial ya había sido acordado en base al ajuste del 20 por ciento dado a principios de año más adicionales y reajustes posteriores, que llevaron el incremento final a más que duplicar ese porcentaje.