Los diputados opositores que integran la “bancada rural” intentarán convocar a una sesión especial para ratificar la ley de emergencia agropecuaria bonaerense original vetada por Cristina Fernández de Kirchner. El anuncio lo hicieron ayer ante dirigentes de la Mesa de Enlace e intendentes de la provincia de Buenos Aires, en un acto donde volvieron a criticar la decisión oficial que frenó una baja parcial de retenciones. Para rechazar el veto necesitan dos tercios de la cámara, algo muy difícil de lograr con la correlación de fuerzas al interior del recinto. Sin embargo, les servirá para seguir desgastando al Gobierno por el “error” cometido al aprobar la ley, el cual ya motivó un nuevo lockout rural que comenzará hoy a la medianoche. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, por su parte, defendió la decisión oficial y consideró que la protesta no tiene “asidero”. A su vez, el ex presidente Néstor Kirchner calificó de “absurda” la versión que lo indicaba como el impulsor de una nueva suba de las retenciones a la soja.

En la reunión de la “bancada rural”, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el macrista Christian Gribaudo, anunció que se enviaría una nota dirigida a los ocho diputados y ocho senadores que integran la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, competente para analizar el veto presidencial, en la que se les pide que “recomienden” a las cámaras “la vigencia de la redacción original de la de la ley 26.511”. “Consideramos que los argumentos empleados para fundamentar el veto no son satisfactorios”, remarcó.

En la reunión, que se realizó en el segundo piso del edificio Anexo, asistieron, además de los legisladores opositores, los intendentes de quince municipios bonaerenses que se beneficiarían con la baja de retenciones y otros diez mandaron sus adhesiones. Entre los presentes se manifestaron contra el veto los intendentes de Necochea, Puán, Saavedra, Coronel Pringles y Tres Lomas. En representación de la Mesa de Enlace asistieron a la audiencia Ulises Forte, vicepresidente de Federación Agraria; Daniel Assef, de Coninagro; y Alejandro Delfino, vicepresidente de Sociedad Rural.

Francisco de Narváez, a quien el Poder Ejecutivo y sus pares oficialistas acusaron de obrar con “mala fe” cuando se trató la ley vetada, consideró que la impugnación “es un error histórico” y se preocupó porque “no vaya a ser la forma que Néstor Kirchner crea que va a llevar adelante los destinos de la Nación después del 10 de diciembre”. La conjetura fue compartida por el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, quien consideró el veto presidencial como “la antesala de lo que va a suceder después del 10 de diciembre”, cuando el oficialismo quede en Diputados más lejos de poder reunir la mayoría.

Ese es el principal fantasma que agitan porque el veto que frenó la baja o disminución de retenciones en 37 distritos de la provincia es intrascendente para quienes perdieron toda su producción por la sequía. Sólo podría ser un dato significativo si, como dejó trascender Néstor Roulet, vicepresidente de CRA, comenzaban a canalizar todas las ventas a través de una persona que esté bajo la emergencia, pero ésa es una práctica ilegal y ningún legislador o ruralista puede lamentarse públicamente porque se impida hacer eso.

Igual la Mesa de Enlace decidió sorpresivamente convocar a un cese de comercialización que se extenderá por ocho días, aunque se esforzó por dejar en claro que es una reacción contra la política agropecuaria y no sólo contra el veto, algo difícil de lograr pues la decisión se tomó el mismo día que se confirmó el rechazo oficial.

Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, consideró que “las consecuencias de la política agropecuaria de este gobierno hace que las cosas estén, como mínimo, muy mal” y pronosticó “un enorme acatamiento” a la medida. El vicepresidente de Confederaciones Rurales, Ricardo Buryaille, estimó, en cambio, que no habrá movilizaciones ni cortes de ruta, porque “el productor está totalmente desanimado” y “la gente va a mirar para el costado”. “No será otro marzo de 2008”, afirmó, en alusión al mes en que estalló el conflicto entre el Gobierno y el campo. El ruralista agregó que en ese momento “la sociedad argentina vivía una situación en la cual tenía recursos y apoyaba estas cuestiones”. En cambio, en la actualidad “hay una situación de país distinta” y señaló que “hoy la gente está preocupada por las cosas que le pasan y va a mirar para el costado”.

No obstante, el lockout no será indiferente para todos. Los consumidores ya empezarán a notar sus efectos. De hecho, el Mercado de Hacienda de Liniers operó ayer con subas generalizadas, de entre el 3 y el 8 por ciento según la categoría, ante una mayor presión de la demanda tras el anuncio del lockout. Los novillos mestizos de entre 431 y 460 kilos alcanzaron un valor máximo de 3,69 pesos, lo que representa una suba de 8 por ciento respecto del martes. Con similar tendencia, los terneros se negociaron hasta un tope de 4 pesos el kilo vivo, un 5 por ciento más que el día anterior.