La producción de la materia prima, elaboración y comercialización de estupefacientes prohibidos por ley es una actividad económica. El análisis de ese mercado, a diferencia de otros muchos, está dominado por conceptos generales acerca de la moral y cuestiones vinculadas con la salud. Estos dos aspectos son tan potentes en el debate cotidiano que queda postergado el entendimiento sobre el modo de desarrollo de ese sector de la economía. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal, sino de saber cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora que la que ofrece el discurso conservador. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de conocer las características de la economía de la droga. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penalizar la tenencia para consumo personal brinda la oportunidad de acercarse con un poco menos de prejuicios a una actividad económica que ha mostrado un creciente dinamismo en las últimas décadas.

Por esas paradojas de la corriente conservadora, destacados representantes del liberalismo han ofrecido los argumentos económicos más contundentes sobre los beneficios de la legalización del negocio vinculado con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Su referente moderno, Milton Friedman, ha sido uno de los principales economistas que enfrentó las pasiones del pensamiento dominante represivo. En una entrevista que le realizaron en 1991 en el Foro Americano sobre Drogas, un programa de debate nacional sobre asuntos públicos, afirmó que “si se observa la guerra contra las drogas (se refiere al gobierno de Estados Unidos) desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cartel de las drogas. Esta es la realidad, literalmente”. El periodista le preguntó: “¿Lo hace bien?”. El Premio Nobel de Economía contestó: “Excelentemente. ¿Qué quiero decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cartel de Medellín, que tienen suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el Gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo”. Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que “ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol”.

En enero de 1920 la National Prohibition Act o Volstead Act (conocida vulgarmente como ley seca) no prohibió el consumo, pero sí la fabricación, transporte y venta de bebidas que superaran los 0,5 grados de graduación alcohólica. “Se trataba de poner en marcha lo que se denominó el ‘noble experimento’ con el fin de planificar una sociedad conforme a los criterios morales de la clase dominante de aquellos años”, explica Francisco Moreno en un artículo publicado en liberalismo.org. Se tuvo que impulsar un enmienda (la Nº 18) de la Constitución de EE.UU. para instrumentar esa norma. Para cumplir con esa ley se creó una agencia ejecutiva específica llamada Bureau of Prohibition, dependiente del Departamento del Tesoro. Sus agentes federales eran conocidos con el nombre de prohi’s; con el tiempo pasaron a ser controlados por el Departamento de Justicia. Moreno detalla que “esa prohibición tuvo efectos perversos en el interior del país: se encareció el precio de la bebida, cientos de miles de personas comenzaron a fabricar artesanalmente bebidas alcohólicas, se fomentó el mercado negro, muchas veces con bebidas sustitutivas adulteradas o altamente tóxicas. Se incrementó el consumo de licores destilados en detrimento de cervezas o vinos, así como la demanda de otras drogas anteriormente poco consumidas. Se extendió la delincuencia y fue el comienzo de la puesta en pie de un colosal imperio criminal de bandas organizadas como nunca antes se había visto en la historia de los EE.UU.”. Ese desarrollo económico tuvo su origen en el excedente adicional generado por la fijación de un precio por encima del equilibrio de un bien demandado, similar a una renta “monopólica” en este caso alimentada por el plusvalor originado en el riesgo de violar la prohibición.

En la mencionada entrevista a Friedman le comentan que “hay quienes dicen que cuando desapareció la prohibición, el consumo se incrementó enormemente y que eso sería...”. Friedman interrumpe y dice que “eso sencillamente no es verdad. Las cosas no fueron así. Existen cifras estadísticas en publicaciones acerca de la cantidad de alcohol consumida. Esas cifras suben abruptamente inmediatamente después de la época de la prohibición, pero se refieren al consumo ‘ilegal’ de alcohol. Si tomamos, como he hecho, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos adonde estaba y durante el período posterior si se ha movido ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos”. Según un estudio de la Universidad de Columbia, en vísperas de la Volstead Act (1919) el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en los EE.UU. era de 6 litros al año. En 1921 bajó a medio litro aproximadamente, pero a lo largo de los años siguientes esa media fue progresivamente aumentando hasta alcanzar los 5 litros a inicios de los años ’30. Esto es casi a los mismos niveles previos a la prohibición.

La administración Nixon declaró una guerra sin cuartel contra las nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió toda una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la ley seca. Se creó un estado generalizado de persecución contra dichas sustancias que influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra su comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas. La unanimidad de los gobernantes de aquellos tiempos en la prohibición de los estupefacientes fue abrumadora (no importando la ideología política o religiosa) y subsiste hasta hoy.

El resultado de esa política es resumido por el semanario conservador The Economist, en un artículo publicado el 5 de marzo de este año: “La prohibición ha fracasado, la legalización es la solución menos mala”. Después de un documentado recorrido sobre la fallida acción mundial en los últimos cuarenta años en la guerra contra la droga, The Economist concluye que “la legalización no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como deben ser tratados”. Concluye que los gobiernos así recaudarían impuestos y deberían regular el comercio de drogas, además de aplicar los fondos obtenidos (de las cargas tributarias sobre la droga, como hoy sobre el cigarrillo y las bebidas alcohólicas) y de reasignar los inmensos presupuestos del combate al narcotráfico para educar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y para tratar las adicciones.

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