Cualquiera sea el final de la negociación con el FMI, Roberto Lavagna salió de la quinta de Olivos con la sensación de ser el ganador de la jornada. Hacia adentro quedó como el ministro que se animó a extender el default a los organismos internacionales. Hacia afuera se mostrará como el dirigente que logró disciplinar a una mayoría de gobernadores y legisladores para que acepten las exigencias del FMI. El ministro contagió de entusiasmo a su equipo. Uno de sus colaboradores, que los últimos dos días estuvo absorbido por lo que ocurría en Olivos, señaló a Página/12 que “después de esto el Fondo no nos puede pedir nada más”, y profetizó que “el acuerdo se firmará en diciembre”. En el hipotético caso de que el pronóstico fallara otra vez, “será evidente que nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que ellos no tienen voluntad de colaborar con Argentina”.
La tarea que se impuso el Gobierno para las próximas semanas es llevar a la práctica lo que se resolvió ayer. El objetivo es dejar sin excusas al FMI. El documento, en ese sentido, es incuestionable desde la visión de Washington. Respecto a la factibilidad política de que el Congreso sancione las leyes comprometidas, uno de los operadores de Lavagna consideró que “lo puede hacer con relativa facilidad”. “Si se mantiene la decisión política que vimos ayer, no debería haber problemas”, indicó.
La sanción del Presupuesto 2003 es una de esas leyes. El funcionario recordó que Lavagna y los secretarios de Finanzas e Ingresos Públicos, el titular de la Aduana y el presidente del Banco Central ya pasaron por el Congreso para explicar los alcances del proyecto. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados volverá a reunirse pasado mañana para analizarlo. “En dos semanas puede estar aprobado”, estimó el colaborador del ministro, y arriesgó que siete días más tarde el Senado podría convertirlo en ley.
La promesa del Congreso de no meterse con las ejecuciones a los deudores hipotecarios lima otra de las razones que esgrimió el FMI para negarse a acordar. Este gesto es considerado fundamental por el Palacio de Hacienda. Es un fuerte aval al Poder Ejecutivo, que podrá exhibir al organismo que tiene el control de la situación. “El Fondo necesita que exista cierto consenso político en que es el Gobierno el que lleva adelante la administración del Estado”, afirmó el hombre de Lavagna. “Cuando ellos ven que el Poder Legislativo se pone a modificar las reglas básicas del capitalismo, suspendiendo indefinidamente las ejecuciones, dicen que con este país no se puede firmar”, agregó, en una virtual justificación de la postura de la semana pasada del FMI.
Más allá del tema puntual de las ejecuciones, la cuestión de fondo es que el Congreso respete las instrucciones del Ejecutivo, que a su vez se compromete con el FMI a tomar o dejar de tomar una serie de medidas. La aceptación parlamentaria de esas reglas de juego quedó expresada en el documento. Junto a ello, un segundo componente esencial del “consenso político” que reclama el Fondo para llegar a un entendimiento es la definición de un cronograma electoral creíble. En Economía sostienen que eso también quedó resuelto en el encuentro con gobernadores y legisladores, más allá de la oposición de los menemistas y de Rodríguez Saá. “Las fechas de las elecciones ya están y esta semana quedará ratificado que Duhalde se va el 25 de mayo”, dijeron en Hacienda.
“Esto nos pone más cerca que nunca del acuerdo”, subrayó el funcionario de esa cartera, y luego repitió que “se firmará en diciembre”.
–¿Qué hará el Gobierno con los próximos vencimientos con los organismos? –le preguntó este diario.
–El próximo era con el FMI por 140 millones y ellos lo van a prorrogar. Los siguientes son en diciembre. Si vemos que se sigue demorando el acuerdo, la decisión es no pagar. No se van a afectar las reservas cuando ya hicimos todo para cumplir con el FMI. Si ellos no quieren firmar, será porque no tienen voluntad de colaborar con Argentina –enfatizó. De los temas que presentó Lavagna a su regreso de Washington la semana pasada, quedan dos que el documento de Olivos no toca. O no lo hace como quería el FMI. Uno de ellos es el de las tarifas de los servicios públicos. En Economía dicen que “el Fondo no se va a negar a llegar a un acuerdo sólo por ese tema”. “Seguramente habrá presión del Grupo de los 7 y del propio FMI hasta último momento, pero nosotros no vamos a aflojar”, afirmaron. Pero también confirmaron que se prometió una suba de 10 por ciento antes de fin de año y otra de igual magnitud “en marzo o abril” de 2003.
En lo que el Gobierno no tiene forma de ofrecer nada es en la salida de dinero del corralito por los amparos judiciales. “El Fondo tendrá que comprender que nosotros hicimos todo lo posible y que ahora es facultad de la Corte Suprema decidir qué se hace”, reclamaron. “A la Corte no hay que involucrarla en todo esta puja (por la negociación con el FMI) porque vuelven a politizarla. No hay que reflotar el conflicto” con el máximo tribunal, añadieron. Finalmente, afirmaron que “la principal diferencia con el FMI era la cuestión política. Los aspectos técnicos están resueltos, incluido el control de cambios, que terminaron por aceptar que se aplicará más tiempo del que ellos querían”. La expectativa de Lavagna es que el documento de ayer sea el último gesto al FMI y que el mes que viene se firme el acuerdo.