El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, presentó al Congreso el proyecto de ley para impulsar el “Plan Industrial de Utilización del Gas Vehicular”. Según el funcionario, “la idea es que Argentina se transforme en un polo de desarrollo y producción mundial de la industria y tecnologías asociadas al uso del gas vehicular en todas sus formas”, las que incluyen al Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Licuado (GNL) y, en el futuro, hidrógeno.
En principio, el proyecto promueve la gasificación del transporte urbano y suburbano de pasajeros. Este cambio se produciría al momento de producirse la renovación de unidades. Sólo en el área de Capital y Gran Buenos Aires existen cerca de 16 mil vehículos que quedarían comprendidos en la iniciativa. El costo de transformación de los motores diesel más el agregado de los tubos para el nuevo combustible ronda, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Industria, los 25 mil pesos por unidad. Si se trata de un cambio de motor, dicho valor asciende hasta los 81 mil pesos. Esto significa, suponiendo que la mitad de los vehículos cambien motores y la mitad restante los transforme, un costo aproximado de 850 millones de pesos. Sin embargo, el ahorro de combustible generado supone que en sólo 9 meses se amortice la transformación. El cambio de motor demanda un poco más: 51 meses. Este cálculo no incluye uno de los principales costos del proyecto, la instalación de estaciones de recarga de gas en las terminales de las líneas de colectivos, cuyo valor promedio, según fuentes de los colectiveros, es de 250 mil dólares.
El proyecto presentado por el Gobierno supone la “estabilidad tributaria real” (sumatoria de impuestos, tasas y contribuciones menos exenciones vigentes) por quince años para el GNC, de forma de asegurar el repago de las inversiones. Pero el temor de los colectiveros consultados por este diario no está en la duración de los beneficios impositivos previstos sino en que, frente a la mayor demanda, el control oligopólico del mercado de combustibles se traduzca en aumentos en el precio del gas.
El proyecto incluye el fomento a las inversiones y la exportación del sector industrial promovido, conformado por aproximadamente 1000 Pymes, así como a las terminales automotrices que produzcan vehículos a gas.
También se invita a las provincias y municipios para que se sumen a la iniciativa e incluyan a sus sistemas de transporte locales para que puedan recibir los beneficios. Asimismo, se busca promover la gasificación voluntaria del transporte de carga, interurbano, comercial (taxis y remises) y particulares.
Entre los incentivos que agrega el plan se cuentan los reintegros a las exportaciones del sector promovido, un aumento del plazo de liquidación de divisas y la amortización acelerada sobre las inversiones relacionadas con la gasificación (vehículos propulsados a gas, estaciones y equipo para el abastecimiento del nuevo combustible). También se contempla una ampliación de la vida útil de las unidades propulsadas a gas durante los primeros 5 años del Plan y un programa de renovación para taxis y remises con más de 10 años de antigüedad y para el transporte pesado con más de 5 años uso.
En relación con el impacto fiscal, económico y laboral del plan, el Ministerio de la Producción señaló que la caída en concepto de impuestos a los combustibles es de alrededor del 2 por ciento (sobre lo que se hubiera recaudado en el escenario sin plan). “Si se agregan el IVA por las inversiones adicionales y las retenciones por los saldos liberados de gasoil, el resultado se torna positivo o casi neutro con respecto al escenario sin plan”, se indicó. Por último, se estima un impacto en el Valor Bruto de Producción por Inversiones adicionales de 600 millones de pesos promedio por año, y el impacto estimado en el empleo es de unos 8 mil empleos por año.
El proyecto propone crear un Fondo Fiduciario para el Fomento del Transporte Propulsado a Gas, conformado por un aporte del Estado Nacional de 32 millones de pesos por única vez y el 9 por ciento de los bienesfideicomitidos (Decreto 652/02) al Sistema Integrado de Transporte Terrestre, de aproximadamente 40 millones de pesos por año hasta 2007.