El decreto de necesidad y urgencia disponiendo aumentos de emergencia en los servicios de la electricidad y el gas, que ya había sido redactado en el Ministerio de Economía, quedó frenado presumiblemente a la espera de los resultados del viaje que Roberto Lavagna emprenderá por Europa a partir del lunes. Los aumentos promediarían el 10 por ciento, iban a ser puestos en vigencia a partir de diciembre y eximían a los clientes de menor consumo. El ajuste de tarifas era una de las demandas insatisfechas del Fondo Monetario, pero además es fuente de preocupación de los gobiernos europeos cuyas empresas tienen intereses en los servicios privatizados en Argentina. Por ello, el Gobierno esperaría a conocer la repercusión entre los interlocutores de Lavagna antes de fijar una posición.
Ayer por la mañana, hubo dos pronunciamientos contradictorios del Gobierno. El titular de Energía, Enrique Devoto, aseguró en una entrevista radial que el decreto ya estaba preparado. “Se ha elevado efectivamente un proyecto de DNU para un ajuste parcial en las tarifas de electricidad y gas”, respondió. “En el caso de la luz hay más de un 50 por ciento de los usuarios que no reciben aumento, (lo cual) no es estrictamente la tarifa social pero, por lo menos, se apunta a los sectores de menores consumos, casi 300 kilowatts hora por bimestre”, explicó. “En el gas, la franja no afectada es más o menos del 25 por ciento de los usuarios y dependiendo de la zona.” Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete, negaba en cambio a la misma hora la inminencia de un decreto de aumento de tarifas. “No está prevista por ahora” la firma, declaró en la Casa Rosada.
Conforme a la explicación técnica que ofreció Atanasof, el Poder Ejecutivo está a la espera de que se resuelva la apelación presentada ante la Justicia contra la suspensión de las audiencias públicas convocadas por los entes reguladores. Sostuvo que, antes de un aumento por decreto, el Gobierno aspira todavía a restablecer el mecanismo de las audiencias. Ya en horas de la noche, en forma ambigua, fue el ministro Lavagna quien se pronunció sobre el tema, indicando que “en lo inmediato, no habrá aumentos”.
Esta última manifestación sucedió a una serie de reuniones que tuvieron por escenario tanto despachos del Palacio de Hacienda como de la Casa Rosada. Evidentemente, al Gobierno se le hace cuesta arriba alcanzar algún tipo de acuerdo con los más interesados en esta historia: las empresas concesionarias. A pesar de que apenas dos semanas atrás los mismos empresarios recogieron con aplausos el anuncio de que el ajuste saldría, si fuera necesario, por decreto si la Justicia no avalaba la realización de las audiencias, hoy el camino se ve menos claro. Las entidades defensoras de consumidores siguen utilizando el arma de los recursos judiciales contra los aumentos, en el marco de la Ley de Emergencia que exigiría una discusión sobre la renegociación global de los contratos, según su fría letra. En tanto, las empresas concesionarias no dejan de advertir en cada oportunidad que tienen de pronunciarse que la demora en los aumentos irá en detrimento de la calidad del servicio.
“El Estado es el responsable último de la prestación de estos servicios”, señaló Devoto ayer. “El Estado tiene que atender a los consumidores, pero cuando se habla de consumidores se está haciendo referencia a los de hoy y de mañana, y alargar la solución en este momento, en algunos casos se va a ver con un efecto muy negativo a futuro.”
En tanto, hay otros servicios prestados por concesionarios que logran escapar al laberinto en que se encuentran las tarifas de agua y electricidad. Los concesionarios de rutas operadas con peaje y Aguas Argentinas –a cargo del agua potable y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires– están renegociando sus contratos en el seno de la comisión específica creada en el ámbito de Economía. “Seguimos trabajando con la Comisión analizando un plan de emergencia que, en principio, se plantea para lo que habrá de realizarse en materia de inversiones para el2003”, sostuvo una fuente de Aguas. Conforme a este trámite, en la empresa estiman que “a principios del año próximo la cuestión tarifaria y de inversiones estaría definida”.