Producción: Tomás Lukin

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Cantos de sirena

Por Mariano Borzel *

En las últimas semanas ha sonado con renovado ímpetu el canto de las sirenas llamando a reencauzar las relaciones con el FMI, como forma de acceder al financiamiento externo por parte de los sectores público y privado doméstico. El abanico de propuestas abarca desde aquellas que argumentan la necesidad de aceptar la revisión estipulada en el Artículo IV del Fondo, hasta las que, además, comienzan a plantear que sería deseable adoptar una postura benigna en relación con los recursos del organismo. De las distintas opciones, esta última es sin dudas la más controvertida.

Desde el punto de vista de las cuentas macroeconómicas no resulta obvio que sea necesaria la obtención de dichos recursos para lo que queda del presente año y el 2010. En materia de generación de divisas, la dinámica comercial –uno de los principales pilares de la posconvertibilidad– no parece presentar mayores problemas. Se parte, desde luego, del supuesto de que se verifica una desaceleración sensible de la fuga de capitales, tal como ha comenzado a registrarse luego de las elecciones de junio.

En el terreno fiscal, diversas proyecciones muestran que, con un 2009 casi cerrado, el 2010 no presentaría grandes inconvenientes en un marco de presumible mejora de las exportaciones (superada la sequía de la actual campaña y con precios internacionales elevados) y de la actividad económica local. Ello redundaría en mayores ingresos impositivos. Además, en este contexto de renovado crecimiento doméstico no sería problemático reducir algunas partidas que están siendo utilizadas para moderar la merma de la actividad económica. Con un superávit primario razonable cercano al 1,5 por ciento del PIB, las necesidades de financiamiento podrían ser cubiertas casi en su totalidad, quedando la opción de recurrir a los préstamos del sistema financiero local y/o a canjear parte de la deuda pública en situación normal.

En materia de vencimientos, el horizonte a partir de 2010 es más benigno que en 2009, para una deuda que ronda el 45 por ciento en términos del PIB (y el 25 por ciento una vez descontados los vencimientos intra sector público). Se trata de un escenario que proyecta una mejora en el superávit primario comparada con la actual dinámica decreciente –esperable, y hasta cierto punto deseable en situaciones recesivas–, en un contexto internacional que, de hecho, ya ha comenzado a mostrar leves signos de mejoría.

Resulta al menos llamativo que cuando el horizonte de vencimientos parece despejarse se hable de reencauzar las relaciones con el FMI y comience a adquirir forma la idea de retomar un sendero de endeudamiento del sector público que fracasó en otros tiempos. No se trata aquí de revivir la vieja dicotomía de vivir o no con lo nuestro –cierto es que podría resultar útil, por ejemplo, repactar la deuda con el Club de París como forma de obtener acceso a los mercados de deuda voluntarios–. La propuesta de máxima de recurrir al dinero del FMI pasa por alto que, desde el punto de vista de la política económica, la estrategia de relativa autonomía hacia dicha institución le permitió al país adoptar medidas que bajo su tutela no habrían sido pasibles de implementación, como el esquema de administración del tipo de cambio, los controles a los movimientos de capitales y las mejoras de las jubilaciones y el salario mínimo. Todas ellas inaceptables a la luz del pensamiento tradicional que aún defiende el organismo multilateral de crédito.

Acudir al financiamiento del Fondo sigue representando una renuncia clara en términos de soberanía económica. Quienes argumentan en favor de la obtención de recursos del FMI sostienen que en los últimos tiempos la institución se ha vuelto mucho más flexible a la hora de prestar, sin condicionar sus préstamos al cumplimiento de metas estrictas, como ocurría en el pasado. No obstante, cuando se observan las líneas de crédito (stand by) recibidas, por ejemplo, por los países bálticos, sobresale la existencia de importantes condicionalidades, lo cual eleva sensiblemente el costo de tales recursos.

Mientras tanto, las nuevas líneas de crédito flexible (FCL), mencionadas en muchos ámbitos como un progreso en la modalidad de préstamos del FMI, representan una quimera para aquellos países que se encuentran alejados del manual de las “buenas prácticas institucionales”. En medio de una crisis mundial severa, hasta el momento sólo unos pocos miembros del grupo de alumnos destacados (México, Colombia y Polonia) accedieron a esta línea. Estos países han dejado en claro que la misma tiene fines exclusivamente precautorios. A esta altura, tal vez sea más relevante preguntarse ¿para qué?

* Licenciado en Economía y docente FCE-UBA.

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Romper el colonialismo mental

Por Juan Santiago Fraschina *

Sostener el aumento del gasto público en medio de la crisis financiera internacional ha sido uno de los aciertos más importantes del gobierno nacional. Ante la caída de la demanda externa, el crecimiento del mercado interno a través del aumento de las erogaciones del sector público permitió que la crisis no repercutiera fuertemente en la economía. Sin embargo, la política fiscal expansiva, junto con el desaceleramiento en el crecimiento de la recaudación tributaria, generó una reducción en el superávit fiscal y una nueva discusión sobre el problema del financiamiento. Ante el deterioro del superávit primario volvieron a aparecer los voceros neoliberales reclamando el retorno del país al Fondo Monetario Internacional, poniendo nuevamente al organismo financiero en el centro de la política económica nacional. Volver al Fondo es nuevamente subordinarse al mercado financiero internacional, a los mismos que llevaron a la Argentina a la peor crisis económica y social de su historia en el 2001 y que son responsables del colapso mundial actual.

Estos sectores pretenden el retorno al FMI como un instrumento para acotar el intervencionismo estatal que se viene dando desde el 2003. Como el mayor protagonismo del Estado afectó ciertos intereses económicos poderosos, como en el caso de la estatización de las AFJP, buena parte de los sectores dominantes visualizan al organismo internacional como un aliado estratégico para detener la presencia del Estado en la economía.

Estos sectores, representantes del colonialismo mental, sueñan con un país periférico, subordinado a los centros de poder, exportador de materias primas a los países desarrollados, para lo cual la reinserción del Fondo en nuestro país es una de las políticas principales. Para estos sectores la Argentina es un apéndice de la economía mundial y tiene que ser regulada desde afuera. Estos mismos grupos son los que reclaman la eliminación de las retenciones para colocar al país en una situación de vulnerabilidad financiera para tener que recurrir al financiamiento externo y por lo tanto aceptar las condiciones impuestas por el organismo internacional.

Volver al Fondo es perder como en la década del ’90 el control de la macroeconomía y por consiguiente, de construir un proyecto endógeno de desarrollo económico y social. El discurso es de nuevo volver a “darle señales amistosas al mercado financiero”, lo cual implica aceptar las condicionalidades impuestas por el Fondo. El retorno al Fondo conduciría a un disciplinamiento de la economía argentina funcional a los sectores dominantes.

Hoy las condiciones son “arreglar” con el Club de París y los holdouts. Mañana será aplicar el déficit cero, privatizar el sistema previsional, reducir el gasto público, bajar los impuestos a los sectores de altos ingresos, desregular la economía, eliminar los subsidios e imponer todas las políticas neoliberales ya conocidas. Por eso el pago al FMI significó una política fundamental para la construcción y consolidación de un modelo de valorización productiva con inclusión social.

El retorno o no al FMI no es una cuestión técnica ante la necesidad de financiamiento, sino más bien una cuestión política de volver o no a subordinar al país a los intereses de los países centrales y del sistema financiero internacional.

El país ya experimentó las recetas del Fondo. En la década del ’80, con los planes de ajuste estructural que implicaban una reducción permanente del gasto público. En la década del ’90 con el Consenso de Washington, que junto con la reducción de las erogaciones del Estado adicionaron cambios estructurales como el programa de privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación de los mercados y la flexibilización laboral. Ambos planes terminaron en las dos crisis más profundas de la historia.

Los sectores dominantes quieren imponer que las dos únicas alternativas para la Argentina sean reducir el gasto público y/o retornar al Fondo para reincorporarnos en el sistema financiero internacional. Pero existe una tercera opción: aumentar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Así se podría seguir sosteniendo el superávit fiscal al mismo tiempo que aumenta el gasto público para expandir la demanda agregada. La disyuntiva es clara: seguir con el colonialismo mental lo cual implica volver al Fondo o profundizar el modelo de desarrollo nacional iniciado en el 2003.

* Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).