Producción: Tomás Lukin

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No hay soluciones mágicas

Por Carlos Cañete *

La cuestión de la pobreza se ha reinstalado en la agenda pública, bien que ventilada con matices e intencionalidades varias. La controversia acerca de los indicadores oficiales, al igual que los contrapuntos metodológicos, son apenas una parte –ciertamente subsidiaria– del debate. Ambos incorporan un “ruido” que oscurece aspectos más sustantivos de la cuestión. Las propuestas en danza sobre universalización de transferencias directas de ingresos como herramienta de combate a la pobreza parten de suponer que el fenómeno de la pobreza por ingresos es tan “horizontal” como la medida propuesta para combatirlo. Así, si la pobreza que se registra en el Gran Buenos Aires es análoga, y tiene los mismos condicionantes que la de Río Gallegos o Resistencia, entonces tal vez –y sólo tal vez– una transferencia “horizontal” sería la mejor manera de combatirla. Algunos elementos de la evidencia empírica disponible indican, sin embargo, que ello no es así.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2006 (última medición que cuenta con bases publicadas) muestran importantes disparidades en la geografía de la pobreza, y en los factores asociados a ella. La incidencia de la pobreza en Argentina tiene un recorrido que va desde el caso de Resistencia (78 por ciento superior a la media nacional) hasta Río Gallegos (simétricamente, 78 por ciento inferior). Entre esos extremos están también las heterogéneas y dispares condiciones de los respectivos mercados de trabajo. Porque la cuestión, una vez más, es el trabajo. Toda la eficacia de las mejores políticas sociales –transferencia de ingresos, bienes o servicios, con sesgo más focalizado o más universal– jamás podrán sustituir a la más rotunda herramienta de inclusión social, cultural y económica, que es el trabajo. La obtención legítima de ingresos laborales en condiciones dignas es el peldaño fundamental, insoslayable, para que sea concebible una sociedad sin pobreza.

Así, al cotejar los indicadores del mercado de trabajo con los de pobreza en los aglomerados relevados por la EPH enseguida se descubren sugerentes “anomalías”. La primera es que altos indicadores de pobreza están escasamente correlacionados con el desempleo. Resistencia –con el “record” de pobreza– podría considerarse a la vez un paraíso del “pleno empleo”, y Bahía Blanca –28 por ciento menos de pobreza que la media nacional– es la cuarta localidad de mayor desempleo de la Argentina. Al recordar que la tasa de desempleo es por definición la cantidad de individuos que no tienen y buscan trabajo respecto del total de la población activa, tenemos un indicio de que la raíz del problema está en otro lado. Efectivamente, algunos de los indicadores que aparecen fuertemente correlacionados con la incidencia de la pobreza son: tasa de actividad, la de empleo y la de informalidad laboral. A mayor incidencia de la pobreza se corresponden menores tasas de empleo y de actividad, alta proporción de informalidad asalariada, y viceversa, claro.

Las exiguas tasas de empleo y de actividad –cantidad de ocupados y de activos respecto de la población, respectivamente– en los distritos más pobres son un claro síntoma de la estrechez de sus mercados de trabajo, de la incapacidad de la estructura productiva local para generar una demanda de trabajo creciente y sostenida. En los distritos más pobres no hay trabajo, por más que se lo busque, y tan poco hay que ya ni se lo busca. El bajo desempleo, pues, es un indicio de las dimensiones del desaliento, del recurso a la emigración, o aun de actividades de subsistencia por fuera del mercado de trabajo.

En resumen, mercado laboral estrecho e incapaz de ampliar la demanda de trabajo, bajos ingresos laborales –inferiores a la media nacional–, alta prevalencia del empleo público, hogares más numerosos –con más miembros dependientes–, abundante empleo informal y precario, ocupaciones de baja productividad, desnudan los formidables efectos de lo que bien podría llamarse un cuadro grave de “subdesarrollo local”.

El largo ajuste estructural iniciado en 1976 conjuga los elementos que fueron agravando la decadencia de las economías regionales, la indigencia de las finanzas públicas locales y la subsecuente pauperización. Ni las soluciones mágicas, pretendidamente “universales”, ni, desde ya, las panaceas de la monoproducción sojera –expulsiva de mano de obra– pueden revertir el déficit de desarrollo, la concentración de la propiedad y la descalificación secular de una fuerza de trabajo sin destino. El encuadre en un modelo de desarrollo nacional, planificado e integrador, banca de desarrollo, industrialización, microfinanzas, políticas sociales ultrafocalizadas, recalificación laboral, por el contrario, asoman como el camino a seguir. Al cabo, intervención pública, mucha, y en sintonía fina.

* Miembro del Profope y del Ateneo Jauretche de La Plata.

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Vulnerabilidad en el agro

Por Germán Quaranta *

Más de la mitad de los ocupados en el agro corresponde a trabajadores asalariados. Esta participación muestra diferencias regionales, alcanzando el máximo en Cuyo (70 por ciento) y el mínimo en el Noreste (36 por ciento). Es difícil establecer el número de trabajadores asalariados en el agro de nuestro país. El Censo Nacional de Población (2001) registró medio millón, sin embargo dadas las dificultades de la fuente para captar el trabajo transitorio, se puede conjeturar que esa cifra representa fundamentalmente el trabajo permanente, estimándose en al menos otro medio millón los asalariados transitorios. Tradicionalmente, las ocupaciones en el agro se caracterizaron por la precariedad, siendo la inestabilidad laboral, las malas remuneraciones, el trabajo no registrado, las deficientes condiciones de trabajo y la baja sindicalización sus rasgos distintivos. Estas condiciones se acentúan para el trabajo temporario y eventual, involucrado mayormente en tareas de ganadería en la región pampeana y en tareas de cosecha y de mantenimiento de cultivos intensivos en las denominadas zonas extra pampeanas. Estas últimas dan cuenta del 80 por ciento de los jornales transitorios contratados mientras que la primera explica el 20 por ciento restante.

Las estadísticas disponibles confirman los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo, siendo segmentos muy limitados de los asalariados agrícolas –como los operadores de maquinaria de la agricultura de granos– aquellos que escapan a estas condiciones. El trabajo no registrado constituye un déficit persistente. A lo largo del año 2008, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial-Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, en base a datos del SIJP, se registran entre trescientos veinticinco y trescientos cincuenta mil ocupados, evidenciando la escasa variación el no registro del trabajo temporario en el agro. A modo de ejemplo, los datos de Misiones y San Juan no reflejan la importante contratación de trabajadores temporarios para la realización de sus cosechas. Así, en Misiones, el mes con menor cantidad de trabajadores registrados es diciembre con 9100 y el mes con mayor cantidad es mayo con 11.900, siendo la diferencia demasiado exigua para dar cuenta del trabajo necesario para la cosecha de la yerba mate. En San Juan en el mes de agosto, caracterizado por la baja demanda de empleo, se registran 9000 trabajadores, y en los meses de marzo y abril, cuando se cosecha la vid y el olivo para conserva, 10.900. Esta escasa diferencia evidencia la preponderancia del trabajo no registrado entre los asalariados transitorios. Se puede estimar que alrededor del 70 por ciento del empleo en la agricultura de nuestro país se encuentra al margen del debido registro.

Los salarios percibidos por los trabajadores registrados del agro se caracterizan por su bajo nivel, siendo el promedio mensual del año 2008, mil quinientos pesos. Este promedio presenta agudas variaciones provinciales, alcanzando el máximo en Buenos Aires con 1700 pesos y el mínimo en Chaco con 900. Considerando que estamos hablando de salarios de trabajadores formales, claramente nos encontramos frente a las retribuciones más bajas de la economía.

Los asalariados agrícolas experimentaron profundas transformaciones de su perfil socio-demográfico. Crecientemente se trata de trabajadores provenientes de familias exclusivamente asalariadas, y en menor medida de hogares de pequeños productores agropecuarios que complementan sus ingresos con trabajo asalariado. Las actividades agropecuarias se disocian crecientemente de la residencia rural y los asalariados del “campo” urbanizan su residencia habitando el 40 por ciento en localidades de más de 2000 habitantes. Inclusive, el 25 por ciento reside en ciudades de más de 10.000.

Los nuevos escenarios productivos y laborales complejizan la precariedad del trabajo en el sector. El incremento de la importancia de los trabajadores transitorios se asocia a un cambio en su perfil, donde coexisten y se superponen situaciones tradicionales y nuevos requerimientos de competencias y calificaciones laborales. La eventualidad y la intermitencia laboral reemplazan a la típica estacionalidad de las tareas agrícolas, profundizando la vulnerabilidad de estos trabajadores. El acceso a ocupaciones no agrarias constituye una alternativa en momentos de desocupación, sin embargo no permite –en la mayoría de los casos– superar las condiciones de precariedad y la mala calidad del empleo en la agricultura. Frente a este panorama, se destaca la obligación de los actores sociales del sector, el Estado y la sociedad en general de atender la aguda problemática social y ocupacional que afecta a los asalariados del agro.

* Investigador del Conicet, Area Empleo y Desarrollo Rural CeilPiette/Conicet.