“Para que Aerolíneas Argentinas pueda conseguir un buen resultado operativo, es imprescindible un ajuste tarifario del 25 por ciento”, sentencia ante este diario el gerente comercial de la reestatizada, Juan Pablo Lafosse. No hacen falta más argumentos para explicar cuán vital resulta para la empresa recomponer ingresos, si se atiende a su déficit mensual (superior a los 100 millones de pesos), que el Gobierno promete fulminar en menos de tres años. Pero en sólo un par de semanas, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, alentará ese ambicioso objetivo autorizando un incremento en el valor de los pasajes aéreos de cabotaje sólo algunos puntos por debajo de aquella pretensión, antes de la temporada estival.

La inminente autorización oficial para modificar las bandas tarifarias llegaría apenas unos días después de que el propio Schiavi y Mariano Recalde, presidente y gerente general de Aerolíneas, desmenucen ante el Congreso las principales líneas de acción previstas para los próximos años. Ese plan tiene el supuesto de que el actual rojo no sólo será eliminado, sino que en 2013 la línea de bandera pasará a registrar superávit.

Ya hace un tiempo que el secretario de Transporte analiza la solicitud de subir los pasajes aéreos, presentada no sólo por la reestatizada sino por el resto de operadoras privadas del mercado local, que son sus competidoras. En algún momento, el propio Recalde salió al ruedo asegurando que ese ajuste era inminente y estaba “en el orden del 15 por ciento”. Pero el permiso de la secretaría comenzó a demorarse hasta generar dudas en el joven team conductor de Aerolíneas acerca de si podría o no concretarse tan rápido como se necesita.

El incremento podría ser finalmente autorizado en no más de dos semanas, según confirmó el propio secretario de Transporte a Página/12, y oscilará “entre el 15 y el 20 por ciento”, algún punto por debajo del nivel ideal para Aerolíneas, pero por arriba de lo que se previó semanas atrás. No faltan argumentos a favor del ajuste, más allá del clamor de las comprometidas cajas de Aerolíneas y Austral. Según la gerencia comercial, el valor por kilómetro en la Argentina equivale a un tercio o un cuarto de lo que se cobra en otros países de Latinoamérica, algo que ratifica el resto de las líneas aéreas del mercado.

Otro bálsamo para el cabotaje tendrá lugar si se reactiva el subsidio estatal para el combustible aéreo que demandan los vuelos domésticos. Esta subvención talla para todos los destinos locales si se cumplen algunas condiciones, como que el precio doméstico de la aeronafta supere el 1,85 o los 2 pesos, según las zonas, y el barril de petróleo esté por encima de los 75 dólares en el mercado internacional. Con el salto en el precio del crudo, ayer habrían quedado cumplidas las dos condiciones.

Schiavi y Recalde presentarán pasado mañana ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones un programa de acción para Aerolíneas que supone mejorar drásticamente sus ingresos sobre la base de renovar flota y, por esta vía, conseguir un ahorro importante en combustible. Será una especie de anticipo de plan de negocios que terminará de pulirse con el auxilio de la consultora estadounidense Oliver Wayman y técnicos de Iata.

El ambicioso plan de déficit 0 en el 2012 incluye la recuperación de destinos locales como Rosario, mejorar frecuencias en otras escalas como Montevideo y Punta del Este y, en el mediano plazo, volver a volar a Nueva York, México y Caracas, o llegar directo a Brasil desde el interior. Hay más. En los próximos días se anunciará el relanzamiento de Optar, la agencia de turismo de Aerolíneas que fue virtualmente desmantelada por los españoles de Marsans.

Este conjunto de metas planteadas por la conducción de Aerolíneas Argentinas no terminan de convencer a los principales partidos de la oposición parlamentaria, que las consideran ambiciosas y difíciles de alcanzar. La virtual de-sarticulación de la comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones –que no se reúne ni tiene siquiera el número de asesores habilitados por ley– puso un freno a la acción prevista por los legisladores de la UCR y el PRO, que están coordinando una acción investigadora del accionar estatal.