Si no hay sorpresas de último momento, el Estado se comprometerá hoy a agilizar el pago de sentencias de juicios de jubilados y a cumplir con los montos de liquidación de reajustes que ordene la Justicia. Será en Washington, Estados Unidos, en una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí se firmará una “solución amistosa” entre los demandantes, básicamente un grupo de jubilados que viene batallando con esta causa desde 1995, y un conjunto de organismos oficiales, empezando por la Cancillería y siguiendo por la Secretaría de Seguridad Social, la Secretaría de Justicia y –fundamentalmente– la Anses. La trascendencia del acuerdo es que su alcance es universal; es decir, su efecto no se limita a los querellantes sino que involucra a todos los jubilados que padecen por los mismos motivos.

La demanda ante la CIDH comenzó hace 14 años, después de que el Congreso sancionó la (mal) llamada Ley de Solidaridad Previsional. En aquel momento, un grupo de jubilados, patrocinados por Sergio Bobrovsky y Horacio González, elevó una denuncia por violación a los derechos humanos, ya que esa ley y el comportamiento general del Estado así lo marcaban. Bobrovsky recuerda ahora que desde ese momento y hasta 2003 la actitud de los sucesivos gobiernos fue contraria a la búsqueda de soluciones. “La respuesta del Estado cambió desde que empezó el gobierno de Kirchner”, afirma el abogado en diálogo con Página/12. Las sucesivas medidas que se fueron tomando desde entonces en materia previsional y los fallos de la Corte Suprema que forzaron el diseño de una nueva política modificaron sustancialmente el cuadro de 1995.

El acuerdo que se firmará hoy en Washington reconocerá esa situación. Dirá que las causas originales que motivaron la denuncia de violación a los derechos humanos de los jubilados han cedido. Esta es la concesión que harán quienes impulsaron la querella y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que se sumó a su causa. Del otro lado, la Anses y las demás áreas del Gobierno que suscribirán la “solución amistosa” asumirán el compromiso de resolver el principal motivo de queja de los jubilados en la actualidad: las demoras en la liquidación de sentencias y los incumplimientos en los montos de pago que establecen los jueces.

“La conducta administrativa de la Anses no tiene nada que ver con todo lo que se avanzó en materia previsional desde 2003 a la fecha. En este acuerdo el organismo promete resolver sus falencias”, señaló Bobrovsky a este diario desde la capital de Estados Unidos. El propio Gobierno promovió en 2006 la derogación de varios artículos de la Ley de Solidaridad Previsional. A partir de entonces, la Anses quedó obligada a liquidar las sentencias por reajustes de haberes u otros motivos en un plazo máximo de 120 días hábiles desde que recibe el expediente de un fallo en firme. “A veces cumplen, pero muchas otras no. Y es muy habitual que en lugar de acatar el monto de la liquidación que ordena la Justicia, la Anses pague cualquier otra cosa, lo cual obliga al jubilado a iniciar otro juicio para exigir la diferencia. Eso lleva a que las causas duren años y que los tribunales previsionales estén abarrotados de expedientes”, describió Bobrovsky.

El acuerdo ante la CIDH le otorga a la Anses un plazo de seis meses para adecuar sus sistemas y atenerse a lo pactado. Habrá inspecciones semestrales del organismo para verificar el cumplimiento del acuerdo. “Es muy bueno que la Anses adopte esta actitud”, elogió el abogado querellante. Una eventual derivación de ese cambio de conducta podría ser que la Anses acceda a conceder por vía administrativa la actualización de haberes de los jubilados que estén en igual condición que Adolfo Badaro. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para llegar a esa conclusión.