Miles de jubilados que padecen las demoras de la Anses en la liquidación de sentencias judiciales tienen motivos para ilusionarse. El Estado argentino se comprometió ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar “todas las medidas necesarias” para terminar con las dilaciones. También asumió que cumplirá los parámetros que imponga la Justicia en los fallos previsionales, tales como porcentajes de reajuste de haberes o montos a pagar en retroactivos, que muchas veces son modificados por el organismo de manera unilateral, lo que obliga a promover nuevas demandas. El Gobierno firmó un acuerdo para una “solución amistosa” con un grupo de jubilados que venía promoviendo una causa por violación a los derechos humanos desde 1995.

El convenio quedó sellado durante una audiencia especial de la CIDH en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). El abogado patrocinante, Sergio Bobrovsky, lo calificó de “histórico” y señaló que se abren expectativas ciertas de terminar con uno de los principales motivos de queja de los jubilados en la actualidad, como es la tardanza en el cumplimiento de sentencias judiciales. Bobrovsky fue quien inició la causa en 1995 junto a Horacio González, en representación de Juan Caride y Amílcar Menéndez, entre otros jubilados. Además de ese abogado, firmaron el acuerdo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, mientras que por el Estado lo suscribieron la Cancillería, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Anses.

La causa se inició hace catorce años en repudio a la política previsional del menemismo. El gobierno de la Alianza, que recortó los haberes un 13 por ciento, dio más motivos para seguir con la querella. Según destacó Bobrovsky en diálogo con Página/12, la situación empezó a cambiar a partir de 2003 y se consolidó en 2006 “con el impulso que le dio Sergio Massa (entonces titular de la Anses) a la búsqueda de soluciones”. En 2006 se inició el proceso para llegar a un acuerdo de “solución amistosa”, que finalmente se concretó ayer.

El cambio de actitud hacia los jubilados de 2003 en adelante quedó reconocido en el convenio. “Sin embargo –dice el acta– existen cuestiones pendientes que tornan necesaria la redacción de este acuerdo de solución amistosa, con compromisos concretos que debe asumir el Estado argentino”, señala el documento. La Anses se compromete a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la resolución 23 del año 2004”, detalla. Esa resolución dice que el organismo debe respetar las condiciones fijadas en los fallos judiciales. También debe acatar el plazo de 120 días hábiles para la liquidación de sentencias.

En otro punto del acuerdo se utiliza una expresión categórica que podrá ser usada por los jubilados cuando acudan a Tribunales. Dice que “el Estado se obliga a establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de este acuerdo”. Otras promesas son “instrumentar un sistema de liquidación de sentencias que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos fijados en el fallo judicial firme” y “no apelar las sentencias de primera o segunda instancia que siguieran los supuestos de la Corte Suprema” en casos similares. Como derivación de este acuerdo, la Anses podría resolver por vía administrativa los planteos que le presenten similares al fallo Badaro, evitando que los jubilados que se ajustan a esas condiciones deban iniciar un juicio para actualizar su haber.