Con la firma de su titular, Antonio Pronsato, el Ente Nacional Regulador del Gas prorrogó la intervención sobre la Transportadora de Gas del Norte por el lapso de sesenta días corridos. En esa resolución se reitera la intención oficial de fiscalizar a esa empresa privatizada en manos del grupo Techint hasta que culmine la reestructuración de su deuda, que se concretaría en los próximos meses. Al mismo tiempo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso por unanimidad revocar una resolución de la Comisión Nacional de Valores que cuestionaba el acta de directorio a través de la cual TGN dispuso el default de una obligación negociable.

No es el primer revés judicial que sufre el Enargas en ese proceso. La primera contrariedad la tuvo cuando los tribunales ordenaron limitar la función del interventor Roberto Pons a la de un auditor, sin potestades de coadministrar, como se había dispuesto en un primer momento.

La intervención fue dispuesta hace casi un año, luego de que TGN defolteara una obligación negociable por poco más de 22 millones de dólares. La embestida oficial incluyó un dictamen adverso de la CNV sobre el procedimiento utilizado por la empresa para resolver la cesación de pagos, críticas que se extendieron al acta de directorio en la que se consignó esa determinación. Tal documento fue formalizado tres días después de la reunión de directorio donde se tomó la decisión, brecha temporal para que la Comisión la cuestionara.

Pero la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso por unanimidad revocar la resolución 16.060 dictada por el Directorio de la CNV, considerando que la ley “no dispone plazo determinado alguno para la redacción y firma del acta de la sesión del directorio” ... y que “no pudo reputarse ilegítima la transcripción del acta respectiva ... transcurridos tan sólo tres días hábiles desde la celebración del acto”.

Pero a casi un año de la decisión oficial de intervenir la empresa, ese fallo puede resultar poco relevante. Ahora la mira oficial está puesta en cómo la compañía reestructurará su pasivo de 340 millones de dólares, que ésta intenta refinanciar mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Este, una figura que sólo puede utilizarse una vez para eludir la quiebra, fue el recurso que encontró TGN para avanzar con el proceso al no poder lograr un acuerdo con todos los acreedores.

Entre los que la rechazaron se encuentra la Anses, que hoy tiene títulos de deuda de la privatizada por poco más de 20 millones de dólares. El organismo previsional no se avino a la segunda propuesta de refinanciación, con el argumento de que estima poco probable que TGN finalmente pueda honrar sus obligaciones.