Enero puede ser un mes clave para las distribuidoras de gas, que esperan distintas autorizaciones para retocar las tarifas. Estas modificaciones serían adicionales al polémico cargo extra que originó una rebelión en el último invierno, pero que un número importante de usuarios no expresamente eximidos paga, sin quejas, en forma parcial desde septiembre y plena desde octubre. La apuesta de máxima de las empresas es que en el verano, cuando el consumo domiciliario baja drásticamente, el Gobierno acceda a formalizar la revisión tarifaria integral (RTI). Poco antes, en vísperas de Navidad, Metrogas decidirá qué hace con un vencimiento de deuda y, en caso de declarar el default, arriesgarse a enfrentar la posible intervención del Ministerio de Planificación.

La aplicación dispar de las normas vigentes –y otras aún pendientes de aplicación– genera un cuadro heterogéneo y confuso. El cargo extra mencionado se aplica de modo diferenciado, según el alcance de los fallos judiciales contrarios a su imposición. Bien lo sabe Camuzzi, que opera en siete provincias diferentes. O Metrogas, que tiene bloqueada su aplicación en Avellaneda y Quilmes, pero que lo recauda sin problemas en la Capital Federal, a pesar de que una sentencia promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación habilita a los clientes a eludir provisoriamente el pago. Ese dinero, en cualquier caso, no queda en caja de las distribuidoras, ya que se utiliza básicamente para mejorar la retribución de los productores.

Otro ajuste, pero sobre el margen de distribución, que proyecta sobre el precio final un alza del 3 al 4 por ciento, fue anunciado a fines de 2008 y avalado por un decreto de abril de este año. El Enargas no aprobó aún los nuevos cuadros tarifarios. Pero el impacto no sería igual en cada distribuidora.

Gas Natural BAN no tiene causas pendientes contra el Estado argentino en el Ciadi. Gracias a eso pudo aplicar un ajuste de tarifas del 7 por ciento, del que podría pasar a disponer si sale una resolución oficial prometida. Metrogas, en cambio, con demandas en ese mismo tribunal, se verá obligada a derivar el recurso extra que obtenga por ajuste de tarifas a un fondo fiduciario para obras de expansión. El problema, sin embargo, es que ese fondo estatal aún no está operativo.

Paradójicamente, por demoras administrativas, algunos compromisos empresarios reclamados por el Estado son por ahora de imposible cumplimiento. Camuzzi se avino a la “cláusula de indemnidad” que la obliga a afrontar cualquier indemnización que consigan sus socios en el Ciadi. Pero según interpreta la distribuidora, mientras no se ponga en marcha la suba de la retribución por distribución, que forma parte del mismo acuerdo transitorio, aquel compromiso tampoco rige.

Hay más cuestiones pendientes cuya resolución implicaría modificaciones tarifarias. Las empresas reclaman trasladar las tasas municipales que fueron aumentadas o creadas después de la privatización. La demanda mayor corre por cuenta de Metrogas. Camuzzi lo tiene apuntado como un problema secundario, por el cual demanda trasladar al consumidor “apenas” 5 millones de pesos, mientras que Gas Natural BAN no tiene reclamos en este ítem.

A todo ello se agrega el reclamo de compensación por mayores costos, al que las concesionarias apuestan como argumento central de la revisión integral. Al menos, aspiran a un ajuste “a cuenta”. Quizá se trate de demasiados conflictos paralelos como para esperar una resolución global antes de que cambie el año.