El Gobierno decidió jugar fuerte para ponerle freno a la suba del precio de la carne y ayer bloqueó las exportaciones. Fuentes de la industria informaron a Página/12 que la Oncca no está otorgando las autorizaciones para poder embarcar la mercadería en el puerto. El objetivo es presionar a los frigoríficos para que en la reunión que tendrán el próximo viernes con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, acepten bajar los precios, aunque oficialmente niegan haber tomado esa medida.

En el Gobierno están convencidos de que la suba de precios, que ya ronda el 25 por ciento en algunas carnicerías, no responde a una restricción de la oferta porque las cámaras están abastecidas. Aseguran que los empresarios aprovecharon el incremento de la demanda que se produce a fin de año para ampliar sus márgenes de ganancia amparándose en la expectativa de menor oferta que generó la sequía. En otras palabras, en el Ministerio de Agricultura preveían la posibilidad de que se registraran algunos problemas de abastecimiento el año próximo por el menor índice de preñez que hubo entre las vacas, pero afirman que lo ocurrido en los últimos días es sólo una maniobra especulativa.

Del lado empresario, retrucan que no hace falta esperar a que la carne falte para que los precios suban. Si los operadores prevén faltantes en el futuro es lógico que comiencen a ajustar. De hecho, este año nacieron cerca de 12 millones de terneros y se van a terminar faenando 15,4 millones de cabezas. Esa brecha se cubre con animales más grandes, pero evidencia una paulatina descapitalización. “Nos estamos comiendo los stocks cárnicos”, aseguró ayer el secretario de la Sociedad Rural Argentina, Arturo Llavallol, para justificar las subas.

La menor preñez se explica fundamentalmente por la sequía que produjo estragos entre el ganado, pero los críticos del Gobierno afirman que esa situación lo único que hizo fue agravar un problema estructural de oferta que comenzó con el control de precios aplicado a partir de 2006. Otro dato que alienta a los remarcadores es el aumento sostenido del consumo de carne. En 2007 fueron 70,5 kilos de carne per cápita y para este año se espera llegar a 73,5 kilos.

La suba comenzó en Liniers, donde el precio promedio del novillo pasó de 3,67 a 3,97 pesos (8,1 por ciento) entre el viernes 4 y el jueves 10 de diciembre. En ese momento Guillermo Moreno mandó algunos inspectores al mercado para ponerle freno a la suba y logró que el viernes 11 bajara a 3,79 pesos. El problema es que el precio oficial es una ficción porque cuando llegan los controles lo que hacen los operadores es acordar un pago en negro complementario. Ayer el índice novillo cerró a 3,8 pesos y se estaban pagando entre 60 y 70 centavos más en negro, lo que lleva el precio real del kilo vivo de novillo a cerca de 4,50, mientras que en el caso del ternero bordea los 5 pesos.

Frente a esa situación, es poco lo que puede hacer el Estado porque no tiene forma de evitar los pagos en negro, sobre todo si se toma en cuenta que sólo una pequeña porción de las transacciones se realizan en Liniers. Además, cada vez que hay una suba de precios los distintos eslabones que conforman la cadena cárnica se acusan mutuamente y las responsabilidades se diluyen. En ese contexto, el cierre de las exportaciones termina siendo casi la única opción efectiva para ponerle freno a la escalada y disciplinar a los jugadores. Ahora que empezaron a bloquear algunos embarques seguramente lograrán que los frigoríficos se comprometan a enviar carne a precios rebajados a los principales hipermercados, pero difícilmente se podrá evitar que la carne baje en las carnicerías donde los nuevos precios ya fueron convalidados por los consumidores. El cierre de las exportaciones tampoco servirá para incentivar la producción y despejar del horizonte los problemas de oferta. Esa es una tarea que deberá afrontar el Ministerio de Agricultura para que en el futuro los problemas estructurales del mercado no terminen siendo funcionales a los especuladores.

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