La AFIP anunciará la semana próxima, junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación, una medida que busca generar un mayor control del trabajo registrado. El ente fiscalizador pasará a recaudar, junto con los aportes de las contribuciones sociales y de las ART, los seguros colectivos de vida que deben ser abonados obligatoriamente por los empleadores. La medida tiende a evitar lo que en la AFIP llaman un abuso común de las empresas, que suelen contratar seguros de vida globales, sin identificar a los trabajadores, y por una cantidad menor de empleados que los que realmente tienen. De esta manera, el organismo público recaudará el dinero, calculado en 130 millones de pesos anuales, y luego lo transferirá a las compañías de seguro, con la nómina completa de los asegurados. La iniciativa repercutirá en aproximadamente 6 millones de trabajadores.

“Los empleadores suelen pedir seguros de vida generales y no por cantidad de trabajadores. Con esta medida apuntamos a evitar que los empresarios se abusen y no tengan identificados a sus empleados”, indicó a Página/12 un colaborador de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP. Según pudo detectar el ente recaudador, existen casos recurrentes donde los empleadores realizan aportes de cargas sociales –por ejemplo– por diez trabajadores, pero para los seguros de vida sólo registran cinco empleados.

En el país hay 180 empresas de seguros, de las cuales sólo 73 emiten este tipo de pólizas denominadas “seguros colectivos de vida obligatorios”. Según datos de la Superintendencia de Seguros, esta medida repercutirá en aproximadamente 6 millones de trabajadores, cuyos empleadores pagan a razón de 22 pesos por empleado por año. En total, es un mercado de 130 millones de pesos anuales.

A partir del acuerdo conjunto con la Superintendencia, la AFIP será la responsable de recaudar ese dinero y elaborar la nómina de los asegurados para luego pasarla a las empresas aseguradoras. “Con este registro pretendemos evitar otra de las aristas del empleo no declarado”, afirmó a Página/12 Gustavo Medone, titular de la Superintendencia de Seguros.

La resolución 33.860, publicada el pasado 19 de marzo de este año, reglamentó el seguro colectivo de vida obligatorio –que en la práctica tenía vigencia desde 1974–. A partir de esta norma, las aseguradoras están obligadas a dar una prestación calculada en los 9000 pesos, que generalmente sirve para cubrir los gastos de sepelio. Por otro lado, estas compañías tienen la potestad de cobrar un “derecho de emisión” por póliza, según la cantidad de personas aseguradas. Por ejemplo, hasta 25 empleados, cobran un derecho de 12 pesos y en el caso de que sean más de 50 trabajadores, el derecho de emisión es de 25 pesos.

La medida que se anunciará el próximo martes ya fue comunicada a las compañías de seguro, que seguramente están entusiasmadas con la iniciativa. Si ahora la AFIP fiscaliza que se declaren la totalidad de los empleados a la hora de contratar los seguros de vida, las compañías del sector también recibirán más ingresos a partir de los “derechos de emisión”. Sin embargo, las que pondrán el grito en el cielo serán las cámaras patronales –como el famoso G-7–, que ya patalearon recientemente cuando el Gobierno anunció una modificación en la ley de ART para aumentar los montos de las indemnizaciones.

“El principal costo será para los empleadores. En realidad no es un costo, ya que así como las empresas están obligadas a realizar los aportes correspondientes a las cargas sociales por el total de empleados, por ley también tienen que contratar seguros de vida para todos. No puede ser algo librado a la arbitrariedad. Esta es una nueva manera de seguir apostando al blanqueo de personal”, indicaron a este diario desde la AFIP.