La decisión del Gobierno de tomar 6569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar deuda está siendo atacada por distintos sectores de la oposición. La provincia de San Luis tomó la delantera al presentar ayer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual se dispuso la medida. “Hicimos la presentación sobre la base de que las provincias tienen dominio sobre las reservas del BCRA. La medida va a dañar el patrimonio del banco y el valor de la moneda y requiere una decisión del Congreso Nacional”, argumentó Rodolfo Barra, abogado de la provincia y ex funcionario de Carlos Menem. A su vez, el PRO y la Coalición Cívica irán hoy a la Justicia con otro amparo en el mismo sentido.

“Ellos están haciendo política, nosotros estamos gestionando”, reprocharon desde el Ministerio de Economía, adonde se gestó la idea de utilizar una parte del excedente de reservas de la autoridad monetaria para despejar el horizonte financiero de 2010. La medida termina con cualquier especulación sobre la voluntad y la capacidad de pago de la deuda en 2010 y, según la versión oficial, contribuirá a una baja de las tasas de interés y a un mayor acceso al crédito de empresas y particulares. Además, en el Palacio de Hacienda destacan que se liberan recursos fiscales para otros fines.

Sin embargo, tanto el gobierno de San Luis como el PRO y la Coalición Cívica cuestionan que la medida haya salido por decreto en lugar de haber pasado por el Congreso. En su presentación, la provincia marcó que el DNU fue firmado apenas un mes después de que el Parlamento aprobó el presupuesto para 2010 y que el tema del uso de las reservas no fue incluido en esa oportunidad. “Una cuestión de tanta trascendencia debe estar respaldada por una ley”, opinó Barra, quien hizo el planteo ante la Corte junto al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y a Horacio Liendo (h), ex funcionario del Ministerio de Economía con Domingo Cavallo. Los abogados le pidieron al máximo tribunal que le envíe un oficio al BCRA para que explique la situación y que habilite la feria judicial de verano para tratar el tema.

“Estas cosas agravian al pueblo de la provincia y su capacidad tributaria. El gobernador debe defender la Constitución y las leyes”, agregó Barra. “No existe ni la necesidad ni la urgencia”, completó. En el mismo sentido se pronunció el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, pero la UCR dijo que irá a la Justicia después de que se resuelva la polémica por la presidencia de la comisión bicameral que debe convalidar la legalidad de los DNU. Ese es un debate que debería terminar mañana en el Congreso. La oposición reclama ese sillón y, si lo consigue, el DNU que dispuso el uso de las reservas podría ser rechazado.

En tanto, los diputados de PRO Federico Pinedo y de Coalición Cívica Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega se presentarán hoy ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con una acción de amparo para impedir que se aplique el DNU.