Si por una vez en la Argentina se aplicara la ley, Alfonso Prat Gay, el nuevo presidente del Banco Central deberá ser un verdadero asceta: deberá abstenerse de participar en muchas de las funciones propias de su cargo o, si se quiere, de un financista devenido en funcionario público. Por el decreto delegado 862/01, que modificó la Ley de Etica Pública, pesan sobre Prat Gay todas las inhibiciones previstas para aquellos empresarios, banqueros u otros emprendedores privados que pasan a ocupar un cargo público. El motivo es que, pese a lo que se cree, la incompatibilidad no se remonta al año previo sino a los 3 años anteriores a su llegada al Estado. Hace dos años, Prat Gay tomaba decisiones desde una confortable oficina en Londres, como ejecutivo del JP Morgan, el principal banco de inversión a nivel mundial y el más activo colocador de deuda argentina durante la burbuja especulativa de la última década. En el Senado evalúan con atención ésta y otras cuestiones, para no tratar el pliego del nombramiento y dejar así al titular del Banco Central en “comisión”, al menos hasta el final del mandato de Eduardo Duhalde. Sin embargo, el Presidente en persona está llamando, uno a uno, a los senadores con el fin de lograr un dictamen que le asegure estabilidad en el cargo hasta septiembre de 2004. Así, consiguió que la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta convoque al funcionario para el próximo martes, lo que podría acelerar el trámite.
Ayer fue publicado en el Boletín Oficial el nombramiento de Alfonso Prat Gay como presidente del Banco Central. El decreto aclara que la designación es “en comisión”, hasta tanto el Senado preste su acuerdo.
Es decir que, como la mayoría de los argentinos que consiguen hoy conchabo, tiene un contrato temporario, a prueba. Para conseguir estabilidad, tal como establece la Carta Orgánica del Banco Central, el Senado debe aprobar su pliego. El problema es que, la misma CO, dice que una vez concedido el acuerdo senatorial el titular y los directores del Central permanecerán en su cargo por 6 años y sólo podrán ser removidos en sus cargos mediante un delicado procedimiento legislativo.
Seis años, en el actual contexto político de la Argentina, no es el largo plazo, sino el más allá. Significaría que, a instancias de un presidente interino que dejará su cargo en cinco meses, el titular del Banco Central trascendería en su puesto al próximo presidente electo por el voto popular y seguiría sentado allí durante buena parte de un nuevo período presidencial. Aunque fuera aprobado por el Senado, bendecido por el FMI y celebrado por los mercados, nadie podría tomárselo en serio.
Por eso, el titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el senador entrerriano Jorge Busti (PJ), admitió que existen fuertes diferencias en el cuerpo respecto de la extensión del mandato de Prat Gay. Y reconoció que su máxima aspiración, como hombre que sabe entender las necesidades del Presidente, es concederle un acuerdo por dos años, para que complete el período legal que quedó trunco con la destitución de Pedro Pou. Dicho mandato caducaría el 23 de septiembre de 2004. “Hay senadores que dicen que Prat Gay tiene que estar sólo con el decreto en comisión como han estado muchos presidentes, hasta que termine el mandato del doctor Duhalde”, explicó Busti. “Otros sostenemos que hay que buscar la forma de darle un acuerdo del Senado, pero no por seis años como indican algunos mensajes del Ejecutivo”, agregó.
Pero los senadores evalúan otros argumentos para dejar a Prat Gay “en comisión”, como de hecho lo estuvo su predecesor, Aldo Pignanelli, sin que haya habido consecuencias institucionales que entorpecieran su gestión.
Como es sabido, a mediados del año pasado Domingo Cavallo propuso a Prat Gay, entre otras personas (Roque Maccarone, Hugo Bruzone, Felipe Murolo), como directores del Banco Central. Días antes, el 22 de mayo de 2001, la Oficina Anticorrupción había enviado al secretario Legal del Ministerio de Economía un dictamen advirtiendo que todos los candidatos chocaban con la Ley de Etica Pública, que establecía que era “incompatible con elejercicio de la función” haber desempeñado en el sector privado en áreas relacionadas con el cargo público en cuestión. “Todos los candidatos han realizado alguna de las actividades a las que alude el artículo 13, inc. a) de la ley 25.188 durante el año previo a su posible ingreso a la función pública.” Pero el documento acotaba: “Es pertinente resaltar que en su mayoría lo han hecho como asesores, salvo en el caso del Lic. Prat Gay y el señor Murolo...”. Entre 1999 y 2001, Prat Gay se desempeñó en Londres como jefe de Investigación y Estrategia de Monedas. Es decir, actuó como uno de los ejecutivos claves en las grandes ligas de los llamados bancos de inversión, aquellos que administran las carteras financieras de empresas, gobiernos y magnates. Desde principios de los noventa, en tanto, fue economista jefe del mismo banco en la oficina local.
El pliego finalmente fue rechazado. Pero Cavallo modificó la Ley de Etica Pública para que pudieran colarse sus otros candidatos, entre ellos, Maccarone. El decreto 862, del 26 de junio, basándose en la Ley de Emergencia de principios de ese año, modificó los artículos 14 y 15 de la ley. Y transformó lo que era una prohibición en un recorte de las atribuciones del funcionario ya designado. Pero, curiosamente, para compensar esa flexibilización de la moral pública, también extendió el plazo previo a considerar de 1 a 3 años. Así, el funcionario alcanzado por la incompatibilidad deberá “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particulares realacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participación societaria”.
Si se aplicara la norma, ello significa que Prat Gay no podrá realizar muchas de las actividades que habitualmente desempeñaron sus predecesores en el cargo. Por ejemplo, no podría participar de ninguna negociación con acreedores privados, si se tiene en cuenta que fue él quien les vendió en su momento los títulos de la deuda. Tampoco podría sentarse a dialogar con los bancos de inversión (como Goldman Sachs, Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.), competidores directos de JP Morgan, en los seminarios y conferencias habituales que éstos organizan para los funcionarios argentinos en Washington, paralelos a las reuniones con el Fondo Monetario. Más aún, hasta podría objetársele su participación en decisiones de regulación vinculadas con bancos locales, que también participan en las grandes ligas de los bancos de inversión, como una rama de sus negocios: Citibank, HSBC, Santander, Bank of America, etcétera. Otro cuestionamiento que realizan los senadores sobre la designación de Prat Gay apunta directamente a Lavagna. El ministro desplazó de la renegociación de la deuda a los bancos de inversión que participaron del negocio de los bonos argentinos en la última década (entre los que sobresalen el JP Morgan y el CS First Boston) por considerar que estas entidades alentaron una burbuja de especulación financiera que terminó en el ruinoso megacanje, que ellos mismos lideraron. Pero ahora designa a quien fue uno de los grandes players de ese negocio.