Fue uno de los principales responsables de la estatización de la deuda externa privada durante la dictadura militar como presidente del Banco Central, medida que derivó en una importante transferencia de ingresos hacia grupos económicos descargando la carga de esos pasivos sobre el resto de la sociedad. Participó del derrumbe del gobierno de Raúl Alfonsín al recomendar en Washington, como legislador del PJ, que el FMI y el Banco Mundial suspendieran la asistencia financiera al país, iniciativa que aceleró el proceso de hiperinflación con las conocidas consecuencias sociales. Fue el ideólogo del Plan Bónex, instrumentado a través de su delegado en el directorio del Banco Central, Felipe Murolo, que expropió los plazos fijos de los ahorristas al canjearlos por títulos públicos en los primeros meses del gobierno de Carlos Menem. Lideró como ministro de Economía el experimento de la convertibilidad, esquema cambiario que duró diez años provocando la destrucción de gran parte del entramado productivo y laboral. Acordó en 1992 el Plan Brady de la deuda, con su hombre de confianza en operaciones financieras David Mulford, que culminó en un salvataje para los bancos acreedores. Tuvo una participación central en las políticas de apertura, desregulación y privatización de empresas públicas durante la década del noventa, con una estructura legal, económica y de negocios que devastó instituciones estatales y liquidó activos sociales acumulados por generaciones. Fue el abanderado del ajuste fiscal con la ley de déficit cero y la reducción nominal del 13 por ciento de salarios de empleados públicos y jubilaciones, agudizando de ese modo la recesión durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Diseñó el escandaloso megacanje, con la estrecha colaboración de Horacio Tomás Liendo (hijo), que incrementó fuertemente la deuda y hoy se siguen investigando irregularidades y fraudes de esa transacción en una causa judicial. Finalmente, como si todo lo anterior hubiera sido poco, ejecutó la más grande estafa a la confianza de los ahorristas al implantar el corralito de los depósitos bancarios. Domingo Felipe Cavallo es quien tiene esa foja de servicios. Es un misterio que siga siendo consultado para opinar sobre temas económicos. Por muchísimo menos, aunque igualmente dañino a los intereses de la mayoría de la sociedad, políticos, ministros y empresarios fueron desterrados del espacio público, y algunos han penado una condena en la cárcel.

La reaparición mediática de Cavallo no es relevante por él mismo, que siempre se ha caracterizado por defender con falacias sus políticas y se ha dedicado a pronosticar caos cuando no está al frente de la gestión para presentarse como el dueño del saber y como salvador/verdugo. La búsqueda de su palabra como si fuera distinguida (des)califica, en realidad, a quienes lo convocan y a sectores políticos y económicos que muestran una incapacidad sorprendente para no aprender de errores pasados. En estos años de tensión política mediática, con más intensidad en meses recientes, se ha producido una notable regresión en el análisis económico que resulta asombrosa teniendo en cuenta la historia de sucesivos planes fallidos en décadas pasadas. Sólo en el marco de esa regresión puede tener espacio en ciertos ámbitos la opinión de Cavallo, como también la de varios exponentes del pensamiento conservador que fracasaron cuando tuvieron responsabilidad en diferentes áreas de la economía.

Esa corriente de ideas va adquiriendo mayor energía en sectores políticos que exponen su incapacidad de no haber podido aprender de frustradas experiencias propias. Una fuerza política que aspira a ser gobierno debería buscar un escenario económico donde tenga que enfrentar la menor cantidad de candados cerrados para de-sarrollar su gestión. El caso más cercano de haberse atado de pies y manos fue el compromiso de la Alianza, en tiempos electorales, de no tocar la convertibilidad en caso de ser gobierno. De ese modo se clausuró la tranquera económica perdiendo la posibilidad de ganar escasos márgenes de autonomía existentes en economías periféricas. El saldo dramático de esa administración se reconoce en gran parte en ese compromiso-candado inicial.

En varios debates sobre cuestiones económicas hoy se reeditan comportamientos similares a los que luego provocaron el fracaso de la Alianza. Como si no se hubiera aprendido nada de ese desmoronamiento, con el respaldo de figuras de la ortodoxia económica, ciertas figuras políticas pretenden consolidar los siguientes candados, que padecería un futuro gobierno:

- La independencia del Banco Central. El papelón del atrincheramiento de Martín Redrado en el BCRA hasta la demora en la aprobación del pliego de su reemplazante, Mercedes Marcó del Pont, tiene como eje discursivo la necesidad de mantener la autonomía de la entidad monetaria. Existe abundante literatura académica y también suficiente experiencia internacional que expresan la importancia de implementar una política económica coordinada entre el Palacio de Hacienda y el BC, en la cual este último tiene el papel relevante de acompañamiento, pero no el estelar como aspira la ortodoxia monetarista.

- No tocar las reservas para pagar deudas. La resistencia a utilizar una pequeña porción de las reservas, en un contexto de superávit comercial y de cuenta corriente, para pagar deuda es imponer una restricción que no reconoce racionalidad económica. Países con reservas excedentes le asignan diferentes usos a esos recursos: Brasil, China, Rusia, Ecuador, entre otros, y ahora también lo está evaluando Uruguay.

- Coparticipar el impuesto al cheque. Restar recursos a la Nación sin plantear una discusión amplia sobre la coparticipación, la calidad y eficiencia de los regímenes de recaudación provincial y la necesidad de una reforma tributaria en sentido progresivo sólo define restricciones fiscales a la gestión de éste y del futuro gobierno central.

- Limitar la utilización de DNU. Esta medida en un Congreso que hoy está bastante fragmentado y que con las próximas elecciones puede serlo aún más, según la fuerza política que sea triunfadora, plantea un horizonte inquietante para la gestión económica.

- Frenar la expansión del gasto público. Las insistentes críticas acerca del crecimiento del gasto público prepara el escenario para futuros ajustes de la mano de la ortodoxia. En ese sentido, resulta contradictorio el discurso de cuestionar los subsidios al tiempo de oponerse al aumento de tarifas reduciendo esas subvenciones.

- Cuestionar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La batalla contra los derechos de exportación emprendida por las cámaras patronales del campo concentra el apoyo de algunos grupos políticos. La disminución o reducción de las retenciones tiene implicancias negativas en el frente fiscal, en el de precios de alimentos y en la organización de la producción del agro.

- Regresar al FMI. Esta aspiración de la ortodoxia implicaría regresar a las condicionalidades de un organismo internacional que aún no ha revisado su receta del fracaso.

La avanzada conservadora tiene la virtud de abrir el candado de la boca de sus peores exponentes, apareciendo ante la sociedad como voces autorizadas, al tiempo que impulsa el cierre de otros que limitan la autonomía de la gestión gubernamental. Sólo hay que estar atentos para no confundirse en la elección de las llaves.

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