El canciller Jorge Taiana citó ayer al embajador chino en Buenos Aires, Gang Zeng, para el próximo lunes. Fuentes cercanas al funcionario adelantaron que la intención es manifestar “el malestar y la preocupación del gobierno argentino” por las últimas medidas, que afectarían la exportación argentina de aceite de soja al país asiático. Hasta ayer no había ninguna comunicación formal de que el gobierno de Hu Jintao vaya a aplicar una medida focalizada en los productos argentinos, aunque trascendió que necesita frenar las compras de ese producto por disponer de un “sobrestock”.

Lo único confirmado hasta el momento es la aplicación de una norma técnica de calidad respecto del aceite de soja que podría marginar al producto argentino, debido a que éste tiene un residuo de solvente que los chinos decidieron no admitir. Sin embargo, hubo un compromiso oficioso del gobierno de Jintao ante las autoridades locales de que esa exigencia no se transforme en una restricción para las ventas locales. Con el aliento de ese compromiso no escrito, técnicos del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) están viajando a Pekín para tratar de despejar el camino al aceite argentino.

En la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China afirman, en cambio, que hay “malestar” de los chinos por la imposición de licencias no automáticas y otras medidas antidumping que se vienen aplicando sostenidamente desde hace un año. Esa sería la razón que podría afectar la venta de aceite de soja que, según las proyecciones privadas, este año rozarían los 2000 millones de dólares, dejando al fisco más de 600 en concepto de retenciones. “Es una paradoja que China tome represalias por medidas antidumping, si ellos tienen actualmente en plena vigencia 102 medidas antidumping y otras 18 investigaciones en proceso”, aseguró ayer la ministra Débora Giorgi.

La temida caída de las exportaciones del producto amenaza opacar una relación económica bilateral cada vez más vigorosa. De hecho, este año comienza a ejecutarse el acuerdo por el Estado Nacional le va a comprar veinticuatro locomotoras y ciento sesenta vagones para el reestatizado ferrocarril San Martín, operación por 113 millones de dólares. Otra de 85 millones involucra la compra de cuarenta y cinco vagones para el subte A, todas con financiamiento de entidades asiáticas.

Además, en la visita que el canciller Jorge Taiana hizo a Shanghai a fin de enero con una nutrida misión empresaria surgieron muchas otras posibilidades. Animados por la ventajosa legislación argentina, los chinos invertirían en la minería local; el organismo estatal de aquel país prometió habilitar el ingreso de harina de trigo argentino; ni hablar de las turbinas sin ensamblar que sigue vendiendo Pescarmona, de la sociedad que Atanor formó con una firma asiática para la producción de un herbicida o la planta que Siderca (Techint) instaló allá para terminar de ensamblar sus tubos sin costura y reexportarlos luego.