El acuerdo con el FMI no se firmará antes de fin de año, como pronosticó esta semana Eduardo Duhalde. Pero después de haber errado tantas fechas, el Presidente esta vez parece haberse acercado un poco. El directorio del organismo mantuvo ayer una reunión informal para tratar el caso argentino y, a su término, dio la primera señal favorable al Gobierno en once meses que van de negociación. A través de un comunicado firmado por su portavoz, Thomas Dawson, el Fondo sostuvo que “considerará la solicitud de Argentina para obtener un programa de transición que no requiere nuevo financiamiento”. Es decir, el organismo estaría dispuesto a firmar un acuerdo corto que evite la profundización del default y negociar un pacto de más largo alcance con el próximo gobierno. Para terminar de dar curso a esta solución de mínima, una misión del FMI vendrá a Buenos Aires en la primera quincena de enero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también dictó un comunicado respaldando las negociaciones en esos términos.
El 17 del mes próximo hay un vencimiento por 1065 millones de dólares con el FMI. Es un pago que no se puede prorrogar, como en otros casos, porque ya se lo hizo el año pasado. Frente a ello, el Gobierno dejó en claro que sin un acuerdo para refinanciar la deuda con los organismos no sacará más dólares de las reservas para pagarles sumas importantes. Las opciones de Washington son dejar que Argentina extienda la cesación de pagos o suscribir cuanto menos un acuerdo por pocos meses hasta que asuma una nueva administración. La presión del Grupo de los Siete habría conseguido superar la tozuda resistencia del staff del FMI a elegir esta última alternativa. El directorio del organismo, adonde están representadas esas naciones, dio ayer un paso claro en dirección a una salida consensuada.
El FMI hará una auditoría pormenorizada de la economía argentina a comienzos de enero, “con la esperanza de que un programa transitorio pueda ser aceptado después de esa fecha”, sostiene el comunicado que emitió anoche el organismo. “Una misión vendrá a terminar con las tareas relacionadas con el artículo IV y avanzar después con el acuerdo de corto plazo”, sostuvo, por su parte, una fuente del Ministerio de Economía. En el lenguaje de los tecnócratas del FMI, las “tareas del artículo IV” son las que encaran sus auditores cuando hacen un análisis exhaustivo de la situación económica de un país, a fin de verificar el cumplimiento de las metas acordadas con el organismo. Argentina no pasa por esa situación desde septiembre de 2000.
El staff del Fondo, con Horst Koehler y Anne Krueger al frente, había suspendido las negociaciones con el Gobierno luego del último intento infructuoso de Roberto Lavagna de principios de noviembre. El ministro luego se fue de gira por Europa a buscar el respaldo de tres países europeos miembros del G-7 (Francia, Italia y Alemania) y de España. El último jueves, el jefe del Gobierno español, José María Aznar, transmitió a George Bush un pedido para que se cierre un acuerdo con Argentina. Todos estos gestos de presión irritaron a la conducción del FMI, pero finalmente parecen haber dado los resultados que esperaban Duhalde y Lavagna.
Una misión técnica del Fondo estuvo a principios de semana revisando los últimos indicadores económicos y la situación fiscal. A nivel técnico, el acuerdo quedó allanado. Sin embargo, en Economía explican que hace al menos dos meses que las diferencias técnicas estaban prácticamente salvadas y que el problema era la falta de voluntad política de Koehler y Krueger para cerrar la negociación. El empujón para salvar ese obstáculo lo habría dado el G-7, pero fijándole al Gobierno límites muy claros. Esto es porque una de las inquietudes de Washington era que Duhalde quisiera aprovechar un acuerdo con el FMI para extender su mandato. Al quedar establecido que el convenio será de transición hasta que asuma el próximo Gobierno el tema quedaría superado.
Los comunicados del FMI y el Tesoro lo reflejan: “Los directores acordaron considerar el pedido de Argentina de un acuerdo transitorio que podría allanar el camino a un programa integral a ser adoptado después de las elecciones presidenciales de 2003”. Esto implica sólo la reprogramación de los vencimientos de deuda con los organismos.