Producción: Tomás Lukin.

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Coordinación imprescindible

Por Edgardo Torija Zane *

En el debate institucional sobre el diseño óptimo de la política monetaria se destacan dos posiciones. La primera concibe a la política del Banco Central como integrante de la política económica del Estado, entendida como la acción general de gobierno para perseguir el bienestar de la sociedad. El economista post-keynesiano Paul Samuelson sostuvo que “contrariamente a la opinión de un buen número de economistas contemporáneos (y a mis propias ideas anteriores), pienso que las políticas monetarias y de crédito ofrecen vastas posibilidades para estimular, estabilizar o enfriar una economía moderna”. Esta concepción ambiciosa de la política monetaria no se reduce a establecer un ancla nominal que asegure la estabilidad de precios. El Estado delegará en el Banco Central la responsabilidad en la administración de la moneda, asignándole objetivos y precisando el alcance de su misión. La política monetaria integra la lógica de la política económica, pero la primera por sí misma no determina sus objetivos.

En esta dirección, la ley japonesa dispone que el Banco de Japón deberá “establecer siempre un diálogo estrecho con el gobierno y proceder a un intercambio de visiones suficiente con él”. El Banco Popular de China es otra institución que, a pesar de funcionar autónomamente, debe regularmente rendir cuentas al Consejo de Estado. En India, el Banco de Reserva administra y regula el sistema financiero determinando cada año –junto con el Poder Ejecutivo– la política en materia de crédito, de tasas de interés, no solamente en función de mantener la estabilidad de la moneda sino también de asegurar condiciones favorables al financiamiento del sector público. En Estados Unidos, el marco institucional de la política monetaria señala a la Reserva Federal el objetivo de empleo máximo, la estabilidad de precios y el mantenimiento de tasas de interés de largo plazo moderadas.

La segunda posición recomienda que el Banco Central funcione como una institución autárquica e independiente del Poder Ejecutivo con el único objetivo de mantener la estabilidad de los precios. La versión más conservadora de esta doctrina supone que el Banco Central preservará a la sociedad de los “abusos” del poder político que financiaría sus gastos con recursos proporcionados por la autoridad monetaria, evitando así otras alternativas menos populares, como el aumento de impuestos o el endeudamiento. Considera al Poder Ejecutivo como un actor oportunista alejado de los intereses de la sociedad, mientras que la institución monetaria aparece como exenta de intereses particulares y fiel garante de la estabilidad. La intensificación del proceso de globalización y la importancia creciente del rol de los mercados financieros a partir de la década de 1970 condujo a una mayor aceptación de este criterio, exigiéndole al Banco Central transparencia en materia operacional, para que sus políticas fueran previsibles para los mercados. El marco institucional del Banco Central Europeo (BCE) fue inicialmente determinado según este paradigma.

En esta visión extrema de la independencia del ente monetario puede estar el germen de un debilitamiento del sistema democrático, ya que los directores de la entidad toman decisiones de política económica sin tener representatividad popular. Por otra parte, esta visión puede conducir a “equilibrios macroeconómicos sub-óptimos”. Podría ocurrir que el Poder Ejecutivo determinara una política fiscal expansiva para lograr un objetivo de crecimiento y que, ante el temor de un alza de la inflación, el Banco Central aumentara las tasas de interés para frenar el gasto privado y la presión inflacionaria. Esta política del banco central podrá a su vez incitar al Poder Ejecutivo a decidir un aumento aún mayor del gasto para paliar los efectos de una mayor carga de intereses. Se genera así una espiral en que ambos entes insisten en decisiones del mismo contenido. La observación empírica sugiere que los bancos centrales de mayor autonomía consiguen una tasa de inflación inferior a costa de un menor crecimiento del producto.

Con la crisis financiera iniciada en 2007, ha perdido terreno la idea de una separación entre el ámbito decisorio de las políticas fiscales y monetarias. Tanto en la Zona Euro, cuyo Banco Central sigue la tradición conservadora del Bundesbank alemán, como en los Estados Unidos, las autoridades monetarias adoptaron recientemente un criterio más pragmático para evitar una trayectoria explosiva de la deuda pública, reduciendo notablemente las tasas de interés mientras los gobiernos ponían en práctica planes de estímulo fiscal. Ello muestra un grado importante de cooperación entre ambos estamentos. Dentro de un plan de salvaguarda decidido por los países de la UE, en mayo el BCE comenzó a comprar deuda soberana en los mercados secundarios para estabilizar la prima de riesgo de las obligaciones de países en dificultades (especialmente Grecia) dando cuenta de la necesaria existencia de cierta unidad de concepción para evitar que un país llegue a la bancarrota arrastrado por la sanción de los mercados.

* Doctor en Economía y docente de la Universidad de París Dauphine.

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Fórmula en debate

Por Emmanuel Agis *

Luego del conflictivo cambio de autoridades acontecido en el Banco Central, el debate actual gira en torno del llamado Programa Monetario. La agresiva política fiscal contracíclica encarada por el Gobierno para enfrentar la crisis internacional y la ausencia de fuentes de financiación echan un manto de duda sobre el cumplimiento de las metas cuantitativas que impone el Programa.

Para intentar dilucidar cuáles son los fundamentos teóricos y políticos del Programa Monetario nos serviremos de una de las más conocidas identidades utilizadas en economía: M.V=P.T, donde M representa la cantidad de dinero en circulación, V su velocidad, P el nivel general de precios y T la cantidad total de transacciones de la economía (los puntos representan multiplicaciones). Su significado es muy simple: la cantidad de dinero que circula en una economía (M) multiplicada por su velocidad promedio (V, es decir, cuántas veces un mismo billete pasa de mano en mano) es necesariamente igual al producto entre el nivel general de precios (P) y la cantidad de transacciones que se realizan en la economía (T). El Programa Monetario establece que la principal responsabilidad del Central es controlar la cantidad de dinero.

El Programa Monetario es el fiel reflejo de una forma particular de entender la economía, conocido como monetarismo. Según esta teoría, T se encuentra siempre determinado por fuerzas reales (es decir, no-monetarias). En particular, la mano invisible del mercado se encarga de que el nivel de T sea compatible con el pleno empleo de la fuerza de trabajo y del capital. Además, el monetarismo supone que V cambia lentamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la única función del Banco Central es la de controlar M. ¿Para qué? Para evitar que el excesivo crecimiento de M (emisión) se traduzca en un excesivo crecimiento de P (inflación). Es decir, si V no cambia y la mano invisible determina T, tendríamos que M=P. El corolario que surge ayuda a comprender la coyuntura actual: la falta de control por parte de las nuevas autoridades del Central sobre la cantidad de dinero en circulación explicarían el incremento del nivel general de precios. La inflación sería siempre un fenómeno monetario, generado por la excesiva emisión monetaria.

Pero existe una interpretación alternativa de esta identidad que invierte el razonamiento. Según esta teoría, P es el resultado de la puja distributiva entre capitalistas y trabajadores. En particular, podríamos reescribir la anterior identidad de la siguiente manera: M.V=(1+G).W.L, donde el miembro de la derecha se reemplaza por una expresión equivalente, que dice que el nivel general de precios se determina como un margen G que es aplicado por sobre los costos medios laborales de la economía (W.L), entre los cuales se destaca principalmente el salario nominal W. De esta manera es posible observar que la igualdad no está libre de contradicciones: mientras que W y G luchan desde un lado, M puede querer al mismo tiempo ser controlado por el Banco Central. Lo importante de esta interpretación es que obliga a hacer explícitas cuáles son las intenciones de los que pregonan por el cumplimiento de la meta sobre M. Si P crece muy rápido, es evidente que la meta sobre M sólo puede ser alcanzada bajando G o bajando W. ¿Qué debe bajar el Central? ¿Los salarios nominales W o el margen de las firmas G? Para esta (nuestra) visión, la inflación es siempre un fenómeno distributivo.

Lo paradójico de la discusión es que la experiencia mundial indica que las metas cuantitativas son una pésima herramienta para gestionar la política monetaria. Siguiendo los consejos de Milton Friedman (el padre del monetarismo) la Reserva Federal siguió este tipo de política entre 1974 y 1982. El absoluto fracaso del enfoque llevó rápidamente a su abandono, no sólo en Estados Unidos sino también en la mayoría de los países desarrollados. La creciente inestabilidad de la velocidad de circulación sumada a la volatilidad de la demanda de dinero hizo evidente la imposibilidad de controlar M. Así, el principal instrumento de política monetaria de los bancos centrales pasó a ser la tasa de interés.

Lo anterior no quita que en tiempos de “tranquilidad” el Banco Central pueda alcanzar algún objetivo sobre M. Sin embargo ¿no deberían esos objetivos ser definidos en base a las necesidades específicas de la economía en cuestión? Aún más, dado que el control de los agregados monetarios es prácticamente una quijotada, sería más adecuado replantear los objetivos y las herramientas de la política monetaria en base a la clara evidencia en contrario que proporciona el mundo, abandonando el intento espurio de controlar M. Para muestra, basta un botón: en 1983 le preguntaron al entonces presidente del Banco Central de Canadá Gerald Bouey por qué había abandonado el control de M. Su respuesta fue contundente. Dijo: “Nosotros no abandonamos M, M nos abandonó a nosotros”.

* Economista (Fceuba). Coordinador del Departamento de Política Económica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo-Capítulo Buenos Aires (SID-Baires). Investigador del Cenda.