El 14 de diciembre del año pasado, el Gobierno sorprendió al anunciar que utilizaría 6569 millones de dólares de las reservas para afrontar vencimientos de la deuda pública durante 2010. De esa forma, buscaba descomprimir el horizonte financiero y generar confianza en los mercados para forzar una baja del riesgo país y de las tasas de interés, tanto para el sector público como para el privado. La oposición criticó con dureza la iniciativa. Algunos legisladores incluso presentaron una acción de amparo ante la Justicia y lograron frenar su implementación durante casi tres meses. Finalmente, el Gobierno dispuso de esos recursos y comenzó a afrontar vencimientos de manera gradual sin que esa situación haya afectado el nivel de reservas. El 1º de marzo, un día antes de que se concretara el primer desembolso, el Banco Central tenía 47.754 millones de dólares. El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó el viernes pasado que ya se utilizaron 2054,2 millones provenientes de las reservas para cancelar deuda. Pese a ello, la entidad monetaria acumula en la actualidad 49.549 millones, unos 1800 millones más que cuando se comenzó a pagar.

Los diputados opositores Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vera (los tres de la Coalición Cívica) presentaron el 28 de diciembre un amparo ante la Justicia pidiendo que se suspenda el decreto 2010 que habilitaba el uso de las reservas para el pago de la deuda. Su argumento central fue que no existía ninguna situación límite que justificara disponer de esos recursos a través de un decreto de necesidad y urgencia. “El Presupuesto Nacional 2010, aprobado a fines de noviembre de 2009, tiene previstas las partidas y recursos suficientes y necesarios para pagar la deuda pública. Urgencia, cero”, remarcaron en su presentación. Fue un cuestionamiento que apuntaba más a la forma en que se había instrumentado la medida que a la decisión de fondo, pero resultó efectivo porque la jueza María José Sarmiento le dio luz verde al recurso y los 6569 millones quedaron en stand-by hasta marzo. Cuando el debate sobre la validez del decreto fue quedando en un segundo plano y se empezó a discutir la utilidad de pagar con reservas, los cuestionamientos apuntaron a un supuesto despilfarro de recursos que iba a dejar al país en una situación de mayor debilidad. “Tenemos una historia hiperinflacionaria por los gobiernos que jugaron con las reservas”, aseguró la diputada Elisa Carrió en el canal de noticias C5N el miércoles 3 de febrero. El día anterior el vicepresidente Julio Cobos había recomendado con su voto la destitución de Martín Redrado al frente del Banco Central en sintonía con el oficialismo, y el radical Miguel Pesce había quedado provisoriamente al frente del Central, lo que fue visto por Carrió como un indicio de un supuesto pacto entre Cobos y el Gobierno para avalar el “saqueo” de las reservas. “A Redrado no se lo puede destituir ahora que está defendiendo las reservas. Finalmente, yo tenía razón, Cobos fue siempre parte del Gobierno. Este voto lo desnuda. Pesce es un hombre de Cobos y el encargado del saqueo de las reservas”, aseguró.

Pinedo también habló de saqueo. “Los Kirchner han decidido transformar a la Argentina en un país salvaje, sin ley, al solo efecto de gastarse 25 mil millones de pesos más de los que ellos mismos pidieron en el presupuesto aprobado hace dos meses. Por eso presentamos un amparo contra el saqueo de las reservas”, sostuvo el diputado del PRO.

“La búsqueda de votos en el Parlamento para convertir las reservas en una piñata es augurio de un mal porvenir monetario para el país”, dijo Ricardo López Murphy por Radio El Mundo el 5 de febrero, cuando el Gobierno negociaba un apoyo parlamentario luego del freno que le había impuesto la Justicia. “El Poder Ejecutivo viola las instituciones, hace una política fiscal descontrolada, y encima tiene la arrogancia para hacer las cosas que no se hacen en ningún lugar del mundo”, agregó el ex ministro de Economía de Fernando De la Rúa. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, también criticó el uso de las reservas para pagar deuda y a fines de febrero aseguró que de ese modo se iban a “despilfarrar” los recursos públicos.

El Gobierno les quitó trascendencia a las denuncias sobre un supuesto “saqueo” y desmintió también que el uso de las reservas fuera a generar una corrida contra el peso. Por entonces, los distintos funcionarios encargados de defender la medida aseguraron públicamente que las reservas que iban a quedar luego del uso de los 6569 millones serían más que suficientes para respaldar los casi 32 mil millones de dólares de la base monetaria de entonces (dinero en poder del público y en entidades financieras más los fondos en cuenta corriente de los bancos). Incluso recordaron que en enero de 2006 el pago al FMI supuso el uso de casi la totalidad de las reservas de libre disponibilidad sin que eso hubiera producido ninguna corrida. Además, aseguraron que el Banco Central iba a continuar con su política de compra de dólares, lo que, según los cálculos realizados a comienzos de año, permitiría embolsar otros 7000 millones de reservas en 2010 debido al amplio superávit de la balanza comercial. Hasta el momento, este último pronóstico es el que se viene cumpliendo.