Casi sin debate público y con muchas negociaciones a puertas cerradas, el Ministerio de Trabajo logró cerrar un acuerdo con las cámaras empresarias y la CGT –sólo votó en disidencia la CTA– para establecer un nuevo salario mínimo legal de 1740 pesos a partir de septiembre y de 1840 desde enero de 2011. El aumento total, del 22,6 por ciento, se acerca más al reclamo inicial de la CGT (30 por ciento) que a la postura plantada por la UIA en nombre de todas las entidades patronales al iniciarse la ronda de conversaciones (mantener el salario mínimo en 1500 pesos). Pero quedó muy por detrás del reclamo formulado por la CTA (2340 pesos, aunque estaba dispuesta a consensuar en 2200). El Gobierno no ocultó su satisfacción con el acuerdo final, logrado en apenas 48 horas. Tanto fue así que la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se llegó hasta el Ministerio de Trabajo para anunciar el cierre del acuerdo, casi unánime, en la mesa tripartita del Consejo del Salario: 29 votos a favor y tres (todos de la CTA) en contra.

Tras las primeras posturas “duras” de la representación empresaria –que alguien calificó de “biolcatización”, en referencia al tono del discurso del sábado último del titular de la Rural–, muchos auguraban una negociación larga y dificultosa, con altos costos para alguna de las partes cuando hubiera que cerrar un número. La UIA llegó el martes a la mesa de negociación con mandato, que ya había anticipado el día anterior a las otras cámaras empresarias: no moverse de los 1500 pesos. La CGT no hizo pública su propuesta, pero le arrimó al Ministerio de Trabajo un número: 30 por ciento de aumento o 1950 pesos de salario mínimo, que lo acercara a los 2000 pesos que aparecía como la aspiración consensuada en las filas gremiales. Ante la magnitud de la diferencia, el Gobierno propuso levantar la convocatoria y pasarla al día siguiente. Ambas partes aceptaron, pero en ese punto la CTA empezó a quedar al margen de los acuerdos a puertas cerradas.

El miércoles, siempre en conversaciones reservadas, hubo un primer acercamiento: la UIA, ya convertida en vocero de toda el ala patronal, admitió la posibilidad de flexibilizar su posición y aceptar “una suba mínima”, sin ponerle cifras. La CGT se movió al 25 por ciento (1875 pesos). La CTA se mantenía en los 2200 pesos. Pese a tener las negociaciones abiertas, la cartera laboral optó por seguirlas a puertas cerradas. Otra vez se postergó el plenario del Consejo.

El documento hecho público el miércoles por la UIA junto con la Asociación de Empresarios Argentinos hacía presumir un clima caldeado. Los reclamos de “mayor seguridad jurídica y previsibilidad” fueron interpretados como una presión adicional sobre la negociación. Sin embargo, puertas adentro, sucedía otra cosa. Daniel Funes de Rioja, en nombre de la UIA, prácticamente “concedió” que el Gobierno pusiera el número, limitándose a pedir “prudencia”. Con las cartas en la mano, el Gobierno jugó a la moderación y al reparto salomónico: una primera suba del 16 por ciento a partir de septiembre, más que moderada, pero complementada con un adicional de 100 pesos (6,6 por ciento) desde enero. Más cerca del 25 por ciento de Moyano, pero un poco más lejos en el tiempo.

La actualización, más aproximada a los porcentajes de los acuerdos por convenio de paritarias, le permitió a la Presidenta afirmar que el argentino “es el piso salarial más importante de Latinoamérica”, y que consolida la recuperación del salario mínimo vital y móvil como un instituto “que defendemos no sólo en la Argentina, sino en todos los foros internacionales a los que asistimos”.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, se quejó de que se haya perdido la posibilidad de darle continuidad al funcionamiento del Consejo del Salario, para cumplir otras funciones para las que fue creado. “Definir una canasta básica que sirva de parámetro a trabajadores, empresarios y gobierno, al menos; buscar formas de combatir el trabajo en negro para que el salario mínimo no termine resultando una ficción; ver la forma de garantizar que la asignación por hijo de 180 pesos sea para todos, porque hay empleados públicos provinciales y municipales que cobran 60 o 70 pesos”, enumeró.

Noemí Rial, secretaria de Trabajo, destacó en cambio la celeridad con la que se resolvió la modificación del salario mínimo este año y hasta la forma en que se plantearon las disidencias. “Las palabras de Hugo Yasky no fueron para nada agresivas; elogió las políticas públicas del Gobierno, aunque manifestó sus diferencias con lo resuelto.” También destacó que “el 22,6 por ciento es una suma muy importante, aunque sólo la reciban en forma directa 227 mil trabajadores”, por lo que representa como referencia y el mantenimiento de la política de actualización constante.

Admitió, sin embargo, que hay franjas de trabajadores que reciben menos que el salario mínimo, por el alto grado de precariedad en algunas zonas del país. “En el NOA y en el NEA el 75 por ciento de los trabajadores rurales están en negro, pero cuando lo dijimos el titular de Uatre, Gerónimo Venegas, nos amenazó con enviarnos una carta documento; sería bueno que este dirigente se propusiera colaborar con nosotros para ver cómo se resuelve este conflicto, que es tan grave y complicado por la migración de familias enteras de una provincia a otra para trabajar.”

La UIA, que pasó de una actitud cerrada a celebrar el acuerdo final, dejó incluso una preocupación que fue luego compartida por la CGT y escuchada por la cartera laboral: al no modificar la escala salarial para acceder a las asignaciones por hijo recientemente aumentadas, muchos trabajadores las perdieron o cobran menos tras los últimos acuerdos salariales. Fue uno de los varios gestos de confraternidad que Funes de Rioja cruzó con la Presidenta de la Nación (elogios al acuerdo del Mercosur y a la capacidad de Alfredo Chiaradía como negociador) al cierre de la reunión. Después de una semana complicada y señales empresarias por lo menos preocupantes, toda una curiosidad.