El radicalismo, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el PRO consiguieron anteayer en Diputados el dictamen de mayoría al proyecto de ley de jubilaciones. Proyecto Sur, Gen y el socialismo, en tanto, firmaron su propio dictamen en minoría. Del análisis de las propuestas surgen varios interrogantes, empezando por una cuestión básica: cuál es el costo fiscal del aumento de la mínima al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de la actualización de los haberes. No hay ninguna proyección para este año, para el próximo y mucho menos a mediano y largo plazo que demuestre la sustentabilidad de las medidas. El único cálculo conocido es el que presentó el Gobierno, que indicó que esos proyectos obligarían al Estado a desembolsar unos 30.000 millones de pesos el primer año, aunque la estimación ya quedó vieja por la suba del SMVM.

Los proyectos de la oposición están lejos de constituir un análisis profundo de la problemática tratada y de justificar la viabilidad de las soluciones ofrecidas. El del Grupo A se agota en dos carillas y once artículos, mientras que el del autodenominado Grupo C tiene tres carillas y 17 artículos. Con una fundamentación tan escueta, quedan sin explicar las siguientes cuestiones:

- Como se indicó al principio, qué cantidad de recursos deberá destinar el Estado nacional para concretar el 82 por ciento para la mínima y para las actualizaciones de haberes y su proyección a largo plazo, una cuestión fundamental tratándose de un sistema previsional. Página/12 consultó a Fernanda Reyes (CC) y a Claudio Lozano (Proyecto Sur) sobre esta cuestión. “El sistema de jubilaciones hay que cambiarlo de manera urgente. Tenemos que ir a un ingreso universal básico y a un plus para los que aportan”, sostuvo la primera, aunque dijo que esos son temas a debatir más adelante. “Este proyecto no resuelve otra cosa que la urgencia. Lo vemos como un paso adelante, pero tenemos que trabajar sobre los aspectos de fondo”, contestó el segundo.

- En el caso de la iniciativa de Proyecto Sur, las actualizaciones de haberes que se proponen en función de los fallos Sánchez y Badaro de la Corte Suprema dejan abierta la posibilidad de que los jubilados reclamen los pagos retroactivos por todos los años que cobraron menos. Otra vez, no hay ninguna estimación de cuánto dinero significa ello y de dónde lo sacaría el Estado para cumplir con la obligación. Serían miles de millones de pesos.

- Financiamiento. El proyecto del Grupo A no ofrece ninguna fuente de financiamiento para cubrir los al menos 30.000 millones de pesos del primer año. Los dirigentes de este espacio se limitaron a afirmar que “la plata está”, aunque tampoco dijeron si la plata estará dentro de dos, cinco, diez, quince o veinte años, tomando en cuenta el envejecimiento de la población y demás variables que entran en juego cuando se trata de jubilaciones. La propuesta del Grupo C plantea la suba de los aportes patronales al 33 por ciento, nivel que tenían hasta fines de 1991, para las empresas de más de 40 empleados y una facturación mayor a los 10 millones de pesos al año. La suba sería inmediata, sin gradualidad. En ese caso, trasladan al Ejecutivo el desafío de evitar el traslado a precios de la suba de cargas a medianas y grandes empresas.

- Movilidad. Las dos iniciativas reemplazan la fórmula de movilidad vigente por el índice de salarios del Indec, en el primer caso, y por ese mismo índice o el Ripte –que elabora la Secretaría de Seguridad Social– en el segundo. Es una decisión controvertida, teniendo en cuenta que desde que rige la movilidad que impulsó el Gobierno, esa fórmula arrojó aumentos mayores a los de los índices que plantea la oposición. Entre marzo de 2009 y marzo de este año, las subas efectivamente otorgadas a los jubilados fueron del 29,7 por ciento, mientras que el índice del Indec subió 22,2 por ciento y el Ripte, 23,1 por ciento.