El reclamo empresario sobre la supuesta falta de seguridad jurídica para invertir en el país siguió sumando duras recriminaciones del Gobierno. “Parece que lo que estos empresarios entienden por seguridad jurídica es que el Estado se dedique a garantizarles privilegios”, dijo la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, mientras que la ministra de Industria, Débora Giorgi, sostuvo que el Gobierno puede mostrar como ejemplo de seguridad jurídica el cumplimiento estricto del plan de desendeudamiento que se fijó para dar estabilidad financiera.

En la reunión del último miércoles entre las autoridades de la Unión Industrial (UIA) y de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) se planteó que las empresas necesitan seguridad jurídica y reglas de juego estables para invertir. El reclamo generó malestar en el Gobierno, sobre todo porque varios de los dirigentes que firmaron ese documento están al frente de compañías que tienen en marcha importantes planes de inversión con apoyo del sector público. Entre otras, Bagó, Fiat, Ledesma, Arcor y la del presidente de la UIA, Héctor Méndez. “Estos empresarios demostraron ir en sentido contrario a los intereses del pueblo”, se quejó Marcó del Pont, en referencia a los directivos de aquellas entidades.

La funcionaria cuestionó las demandas planteando algunos interrogantes. “¿Qué seguridad jurídica garantizaba la convertibilidad, que parecen extrañar esos empresarios, que condujo a la Argentina a una de sus peores crisis e incluyó la ruptura de todos los contratos?”, señaló. Recordó también la situación de los ahorristas que sufrieron la expropiación con el Plan Bonex y, posteriormente, con el corralito y el corralón.

“¿Qué seguridad jurídica protegió los ahorros de los trabajadores que fueron presa de los negocios de las AFJP y a los jubilados y empleados públicos cuando el gobierno de la Alianza les recortó los haberes?”, continuó. La titular del Central sostuvo que “este modelo les permitió transitar la crisis sin daños y recuperar velozmente los niveles de actividad”. “Muchos de estos empresarios, que rendían pleitesía al modelo de los ’90, olvidan que gracias al proyecto en marcha desde 2003 pudieron volver a producir, generar empleo y exportar con enormes tasas de ganancias”, concluyó.

Por su parte, Roberto Barata, del Ministerio de Planificación, desmintió que falte electricidad y enumeró las obras en marcha. “Deberían interiorizarse respecto de las obras que se hicieron y las que están en ejecución”, apuntó el funcionario. Giorgi, desde Santa Fe, en compañía del diputado Agustín Rossi, agregó que el Gobierno “puede mostrar que ha cumplido con el plan de desendeudamiento”, el cual genera mayor estabilidad financiera y, por ende, reglas de juego más previsibles.