En el discurso de inauguración de la Exposición Rural, el titular de la SRA, Hugo Biolcati, descalificó con record de adjetivos la intervención del Estado en la economía. En un posterior almuerzo en el predio de Palermo, el Grupo de los Seis titulares de las principales cámaras de la industria, bancos, construcción, comercio, Bolsa y campo coincidieron en reclamar limitaciones a los pedidos salariales. Un día después, en un encuentro del establishment en Rosario, en el Precoloquio de IDEA se advirtió sobre la incertidumbre política. Continuó con la cumbre de las cúpulas de la Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina sentenciando que se necesita seguridad jurídica para decidir inversiones. Ese documento coronó una semana de lobby empresario agitado. Todos ellos unificados en el deseo de cerrar el ciclo político iniciado en 2003, que les reportó ganancias patrimoniales extraordinarias. Esta supuesta contradicción despierta asombro si la evaluación se remite exclusivamente a resultados en los balances. El mismo desconcierto ha expresado en más de una ocasión la administración kirchnerista. Beneficiarios de sus políticas han sido convocados a constituir una burguesía nacional, en un intento de recrear el escenario del peronismo 1945-1955 de sustitución de importaciones. El rechazo a ese convite, más allá de discursos de protocolo, convoca a reflexionar sobre los sujetos sociales involucrados en el actual período económico.

El objetivo de recuperar una burguesía nacional dinámica, que debería ser parte importante en el desarrollo de un modelo productivo expansivo, no se determina por la voluntad política de un gobierno. Es un proceso histórico social complejo y contradictorio no exento de controversias. Al comienzo de su gestión, Néstor Kirchner planteó la idea de consolidar una burguesía nacional. Supuso que esa tarea la podría resolver con el traspaso de grandes empresas extranjerizadas a manos locales y generando condiciones macroeconómicas para obtener ganancias abultadas. El recorrido de estos años revela que el kirchnerismo no ha tenido el éxito esperado, resultado que en parte se explica por el comportamiento histórico de las elites pero también por la extraordinaria transformación socio productiva de las décadas pasadas. Estos dos componentes permiten brindar respuestas a que la tasa de inversión ha sido alta en términos históricos pero no ha tenido la intensidad prevista ante un proceso de muy elevado crecimiento del Producto. No ha provocado la adhesión a ese proyecto del establishment, como se evidencia en la resistencia de variados sectores del empresariado. Ni ha detenido la extraordinaria fuga de capitales que en cuatro años se está acercando a los 50 mil millones de dólares en el rubro “formación de activos externos de residentes locales”, según el relevamiento del Banco Central.

La revuelta encarada en varios frentes por parte de la fracción más concentrada del capital deja en evidencia que la estrategia de seducción ha mostrado sus limitaciones. Estas se expresan en las apelaciones voluntaristas a la inversión privada, a la exposición de evidentes logros en materia de números económicos desafiando el escepticismo mediático del sector privado y a la apuesta de convencerlos con financiamiento y beneficios fiscales para la ampliación de sus plantas fabriles y para el sector agropecuario. Varios de esos grandes empresarios, siendo fiel a su tradicional comportamiento de no discriminar por origen político del morador de la Casa Rosada, capturan esos beneficios al tiempo que cuestionan la intervención del Estado y se quejan de la supuesta inseguridad jurídica. David Cufré reveló el jueves pasado en este diario que líderes de la asonada UIA-AEA esperan en la ventanilla estatal fondos para sus empresas: Arcor (Pagani) pidió apoyo oficial para un proyecto de elaboración de galletitas por 60 millones de pesos, Laboratorios Bagó (Sebastián Bagó) tiene prevista una inversión por 179 millones de pesos, Fiat (Cristiano Rattazzi) otra por 300 millones, la promocionada puntana Conarsa SA del plástico Héctor Méndez por cerca de 60 millones de pesos y Ledesma (Federico Nicholson) también presentó sus respectivo pedido de financiamiento. Esto no los inhibió de emitir un bando que afirma las carencias del actual momento político-económico: “un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, reglas de juego estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada son condiciones indispensables para un desarrollo sostenido y continuado”.

El kirchnerismo no ha logrado recuperar una burguesía nacional emprendedora, pese a intentarlo y a recibir de ciertos grupos económicos apoyo en ese sentido aunque no se animan a confrontar públicamente con otras fracciones del capital. Incluso sectores pymes renacidos de la devastación neoliberal expresan también la vocación de ser parte de la construcción de esa burguesía. El economista Eduardo Basualdo explica en un documento publicado en Realidad Económica de octubre de 2003 que “concebir que la disgregación de la burguesía nacional resulta únicamente de su expulsión de la estructura industrial es una simplificación, que oculta otras transformaciones cuya compresión es decisiva para aprehender la naturaleza del proceso actual. Si bien es innegable que la reestructuración económica de las últimas décadas expulsa una parte significativa de los diferentes integrantes de la burguesía nacional, no es menos cierto que a pesar de todo quedan aún muchos miles de pequeñas y medianas empresas nacionales pero desestructuradas, sin identidad propia y sin conducción. Se trata de un aspecto decisivo, porque una fracción de clase no involucra únicamente la existencia estructural de sus integrantes sino también su conciencia de sí misma y su organización como tal. Por lo tanto, existen pequeñas y medianas firmas locales pero no una burguesía nacional”.

Esta restricción puede ser síntoma de que la posibilidad de constituir una burguesía nacional sea una misión impracticable en la presente etapa. También que no sea posible porque puede ser que no exista ese sujeto social si la referencia es la que se desarrolló en el primer peronismo. Esta carencia era comprensible cuando la base de la política económica era la valoración financiera de los capitales. En esos años los representantes de una clase social considerada dinámica para la sociedad quedaron expuestos en el espacio público como oportunistas, con manifiestos comportamientos rentísticos, que vendieron sus firmas al mejor postor del exterior. En estos momentos la intención política de búsqueda de una burguesía nacional tiene la virtud de provocar la apertura del debate sobre su existencia o la opción de recrearla, desafío que había quedado olvidado en la década del noventa.

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