A seis días de que Eduardo Duhalde concrete su primera visita oficial a Brasil tras la elección de Lula da Silva, su vocero, Luis Verdi, y el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, reiteraron públicamente la intención oficial de abortar parte de la venta de Pecom Energy a la estatal Petrobras. Lejos de inmutarse, Pérez Companc asegura que la operación de algo más de 1000 millones de dólares “no tiene retorno” y descalifica la advertencia oficial, considerándola una mera operación política para demostrar el poder del Presidente frente a su par del país vecino. La cuestión es que en los propios despachos oficiales admiten que no hay demasiados argumentos técnicos para oponerse a esa transferencia de activos, salvo en el caso puntual de la venta de la transportadora de gas TGS.
En septiembre pasado, Pérez Companc anunció la venta del 58 por ciento de su paquete accionario a Petrobras por 750 millones de dólares en efectivo y otros 350 millones financiados, aunque por sus características la operación quedó sujeta al juicio de la Comisión de Defensa de la Competencia y los entes reguladores del gas y de la electricidad. Pero el 17 de octubre, mucho antes de que estas reparticiones públicas comenzaran el análisis en detalle, la firma brasileña hizo el pago a la familia Pérez Companc, poniendo en marcha el proceso de transferencia de activos.
Por contrato, las partes tomaron el recaudo de prever que, en caso de que las autoridades argentinas no se expidieran en el término de un año, Petrobras podría desistir de la operación, con lo que aquellos millones deberían retornar a sus arcas. Sin embargo, la Secretaría de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de la Producción, ya tiene casi listo su dictamen, anticipado ayer por los funcionarios duhaldistas.
Según el vocero Verdi y Fernández, no habrá objeción alguna a la cesión de derechos para explotar y explotar yacimientos de gas y petróleo, pero sí a la venta de otras empresas energéticas, aunque no ofrecieron demasiadas precisiones. En este renglón se encuentran las generadoras de electricidad como la represa de Pichi Picún Leufú o Genelba, las transportistas Transener y Transba y una porción de la distribuidora Edesur. El paquete de venta también incluye parte del paquete accionario de la Transportadora Gas del Sur, que Pérez Companc explota junto a la británica American Grid.
Según confió a Página/12 una fuente oficial, es éste el único capítulo en el que habría auténticas posibilidades de objetar la operación. Además de su actividad central como transportista, TGS es propietaria de la planta separadora de gases de General Cerri, a partir de la cual se provee etano al polo petroquímico de Bahía Blanca. Se trata de un insumo crítico para la elaboración del PVC, que en gran parte se exporta a Brasil, compitiendo en el mercado de ese país con otros productores locales.
De ese modo, se daría la singular situación de que la empresa brasileña sería la proveedora única de un insumo crítico para una firma argentina que es competidora suya. Esta interdependencia sí es objetable según la legislación argentina. Pero los funcionarios no encontraron demasiados argumentos técnicos para cuestionar otros tramos del millonario negocio, tal como Pérez Companc pudo saber a través de sus contactos en los ministerios involucrados en el tema: Economía y Producción.
Entre los especialistas del sector energético, incluido algunos allegados al duhaldismo, abundan otros argumentos opositores. Entre ellos, que la cesión a Petrobras de Transener entrañaría el riesgo de que se derive a Brasil electricidad que puede ser necesaria en la Argentina apenas la economía se reactive un poco y, para colmo, a precios relativamente bajos. Sin embargo, la legislación vigente no permite a la transportadora disponer a voluntad de la energía, amén de que las exportaciones pueden ser abortadas en caso de “necesidad interna”.
Algunos constructores alertaron al Gobierno que las empresas argentinas podrían ser desplazadas por firmas brasileñas en las obras públicas asociadas al desarrollo de las actividades energéticas. Asesores duhaldistas también advierten que no es políticamente conveniente entregarle a la poderosísima empresa estatal de un país vecino el control de activos estratégicos. Tantas ideas perturbaron el ánimo del Presidente quien, de lo que no tiene dudas, es que la cuestión debe estar en la agenda de su viaje del martes. Para ello ayer ordenó de improviso integrar a la comitiva al secretario de Energía, Enrique Devoto.