Página/12 habilitó un debate importante para caracterizar la producción agroindustrial argentina, a partir de una iniciativa de Mempo Giardinelli. Al momento, el intercambio ha derivado en una confrontación de miradas de Aldo Ferrer y Gustavo Grobocopatel, que me permitiría ultrasintetizar de la siguiente manera:

- El gran empresario sojero reclama la libre disponibilidad de toda la renta generada por nuestra pampa, sosteniendo que de tal modo se invertiría en industrializar las materias primas hoy exportadas, compitiendo con gigantes brasileños y saliendo a conquistar el mundo con productos y servicios argentinos, buscando así ser uno de los mejores 30 países del mundo en los próximos 20 años.

- El maestro de economistas, a su turno, señala que la combinación de un tipo de cambio alto para la industria y un tipo de cambio menor para el agro es un reconocimiento imprescindible de las diferencias de productividad sectoriales. Compara el desempeño de la economía brasileña con la argentina desde 2002 y de allí deduce elementos que ratifican su visión de que el esquema macro argentino es hoy superior al brasileño, de tipo de cambio bajo y uniforme.

Hay varios matices adicionales, pero tal vez en lo expresado esté el grueso de la diferencia en tiempo presente. Me permito intervenir porque el objetivo último de la política o la economía es mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Si Ferrer sostiene lo correcto en términos macroeconómicos –y creo que es así–, la política de tipos de cambio diferenciales es parte importante del mejor camino para alcanzar buenos números globales de crecimiento. Sin embargo, si la discusión se centra sólo en ese aspecto, se podría concluir que la situación actual es la deseada. Y no es así.

La concentración de la producción, incentivada por la sojización y que a su vez realimenta la tendencia al monocultivo; el comercio exterior primarizado y controlado por corporaciones transnacionales; los productores pequeños y los pueblos pequeños cada vez más fuera de la discusión económica y del interés político; la de-

satención de los efectos ambientales asociados al modelo productivo dominante, son todos aspectos negativos del escenario actual que no se resuelven con las retenciones y que, por el contrario, se han profundizado durante su vigencia, aunque no por su causa.

El sueño de Grobocopatel de emular las plantas procesadoras brasileñas de un millón de pollos por día no es confrontado por Ferrer y, sin embargo, en esa visión está sintetizado lo que, a mi juicio, sería un drama para la Argentina. Ni la industria avícola, ni la industria lechera, ni la faena de bovinos o cerdos, ni siquiera la molinería de trigo o la producción de aceite tienen economías de escala que justifiquen postular que su éxito depende de alcanzar capacidades de producción monumentales. Nada justifica que la leche argentina se produzca y procese en cuatro o cinco provincias y los pollos en menos aún, salvo el poder económico de los actores principales, que han absorbido o desplazado a sus competidores, en base al funcionamiento de mercados desregulados de años.

Ni la agricultura sin agricultores –frase tan cara a Grobocopatel– ni la concentración de la industria agroalimentaria están otorgando a los argentinos, vivan donde vivan, la calidad de vida que merecen.

Sea porque un misionero come innecesariamente un pollo criado y faenado a 1000 kilómetros de distancia o porque los hijos del dueño de un campo, dado en arriendo para sembrar soja quince años seguidos, tendrán luego un campo con la mitad de la fertilidad actual, es mucho lo que se debe hacer en el campo argentino, además de reconocer que el tipo de cambio diferencial es necesario.

Por esa razón me alarma que Ferrer concentre su mirada en la inversión y ponga en el mismo nivel de ejemplo virtuoso a Invap y a Los Grobo, como modelos de emprendimientos necesarios y exitosos. Una sociedad donde la calidad de vida comunitaria sea la prioridad necesita empresarios argentinos exitosos e importantes. Pero la existencia de éstos no determina por sí sola que esa calidad se alcance. Por el contrario, es necesario contar con un marco regulatorio sustancial, lo que va más allá de las reglas de juego sobre la distribución de la renta.

Ese marco también debe incluir, en este caso, un uso racional del suelo agrícola, que considere la fertilidad como bien público; la necesidad de que quien tome tierra en arriendo para producción tenga sus raíces en la zona que ha de trabajar; la promoción de las industrias que procesen materias primas locales; el ordenamiento medioambiental.

Sólo el conjunto de decisiones y no una parte de ellas puede construir un escenario definitivamente superador. En todo caso, no es posible limitarse a discutir las retenciones porque, reitero, ya que Ferrer tiene razón en este aspecto, debieran quedar como están, con algunos criterios de flexibilización para productores más pequeños. En tal caso, el monocultivo, la concentración espacial y económica seguirán pendientes como problema.

* Presidente del INTI.