“Estamos en una encrucijada que no sabemos cómo resolver.” La frase, pronunciada a Página/12 por un miembro del equipo económico es reveladora del desconcierto que existe en el Gobierno ante los aumentos de precios, en especial de los productos que conforman la canasta básica de alimentos. En el Palacio de Hacienda reconocen que existen dos caminos para lograr abaratamientos: aumentos de retenciones a los exportadores o la cesión de subsidios. Pero al mismo tiempo revelan que cuentan con muy escaso poder político para llevar a la práctica una u otra medida. Encima, el Fondo Monetario está presionando para que la alícuota del IVA vuelva al 21 por ciento a partir del viernes próximo, día en que vence la rebaja impuesta casi dos meses atrás.
En Economía admiten que la disminución del IVA no tuvo el efecto esperado sobre los precios. Los funcionarios sospechan que la baja, en la mayoría de los casos, quedó absorbida por la cadena comercial sin impactar en los valores al consumidor. Las excepciones conocidas fueron las facturas de los servicios públicos, donde los impuestos aparecen discriminados, y en los pocos supermercados que aplicaron la reducción de dos puntos del IVA directamente sobre la compra total.
Salvo estas inferencias, todavía no existen datos oficiales del impacto de la medida sobre la recaudación porque el IVA se liquida cerca del día 20 del mes siguiente al que se realiza la operación. Recién a fin de mes se tendrán certezas sobre los resultados. La misión del FMI ya reclamó la restitución del IVA de 21 puntos con el argumento lógico de la ortodoxia: existen más riesgos de perder fortaleza fiscal que de ganar en recaudación por un eventual impulso del consumo. Otro punto que juega en contra de postergar la rebaja radica en la persistente caída del dólar. Un menor tipo de cambio afecta a la recaudación por las retenciones, y lo cierto es que el dólar costaba 3,60 pesos al momento de lanzarse la medida y ayer cerró a 3,36. Hasta anoche, según pudo saber este diario, en el equipo dirigido por Lavagna existían diferencias sobre qué hacer ante el vencimiento de la vigencia de la iniciativa.
Ayer, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, prometió nuevas reuniones con los formadores de precio para evitar “aumentos desmesurados”. Lo que más preocupa a la Casa Rosada es la evolución de la canasta básica de alimentos. Si bien La Serenísima suspendió el último incremento –del 7 por ciento– de la leche en sachet, la compañía ya advirtió que volverá a ajustar el precio en marzo. “De aquí a marzo falta bastante y no me parece lógico que estemos discutiendo qué va a pasar a partir de ese momento”, dijo, displicente, el funcionario. Luego reveló que en la discusión con los sectores empresarios se incluyó la disminución del IVA para los productores de leche.
Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda marcan límites económicos y políticos para tomar medidas. Entre los primeros figura la cuestión fiscal, que Lavagna no piensa desatender en medio del bajón del dólar y la inspección del FMI. Desde lo político se señala que un incremento de los impuestos a las exportaciones (retenciones) enfurecería a los gobiernos de las provincias más grandes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, por su condición de exportadoras. Cerca de Lavagna entienden, con buena lógica política, que Eduardo Duhalde no querrá pelearse con los mismos mandatarios del interior a los que necesita a su lado en las próximas elecciones generales. Lo que esa lógica política no contempla son las necesidades de los que menos tienen y precisan que bajen los precios.