La postura del gobierno de Estados Unidos en contra del embargo de reservas de la Argentina, en un contexto internacional donde las prácticas especulativas quedaron más deslegitimadas luego de la última crisis, supone una pérdida de poder de lobby para los fondos buitre, aunque tienen espaldas anchas y su estrategia radica en esperar para forzar una negociación “mano a mano”. “Su éxito depende de lograr sentencias favorables, algo que parece difícil en este escenario político. Para que los buitres vuelvan a tomar la dimensión que tuvieron en los ’90, debería avanzar el Tea Party en Estados Unidos o aquí la derecha”, manifiestan en el Gobierno. A pesar de la mejora relativa en la posición del Estado argentino frente a los fondos buitre, los litigios que estos grupos mantienen contra el país complican una salida al mercado de capitales, en caso de que el Gobierno así lo quisiese.

Los fondos buitre son capitales altamente especulativos que buscan lograr ganancias extraordinarias comprando bonos de países subdesarrollados a precios muy bajos, para luego reclamar por el reembolso total del capital y los intereses acumulados. En el caso argentino, los buitres adquirieron títulos en default a precio de remate, y desde hace ya varios años litigan en tribunales internacionales buscando entorpecer el manejo de las cuentas públicas. Tendrían en su poder bonos por 4500 mil millones de dólares, según estiman en el Ministerio de Economía.

Desde el pago de la deuda al FMI con reservas del BCRA en 2005, los buitres sostienen que la autoridad monetaria opera como supuesto alter ego del Gobierno. La reestatización del sistema previsional provocó otros ataques, como cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa congeló unos 1500 millones de dólares que estaban en manos de las ex AFJP, aunque luego la Cámara de Apelaciones de ese distrito levantó la medida.

La historia se repitió el 15 de enero pasado, en medio del conflicto por el Fondo del Bicentenario, cuando Griesa embargó 1,7 millón de dólares del BCRA. Dos días después la traba fue levantada. En esa oportunidad también había ordenado afectar todo el dinero que pasase por cuentas bancarias del Estado argentino, sus propiedades y bienes, para cubrir unos 3110 millones de dólares.

Desde el Gobierno admiten que la salida al mercado financiero con un nuevo bono global “corre un cierto riesgo” con los buitres buscando trabar embargos. De todas formas, indican que políticamente quedaron debilitados, en un contexto internacional adverso a los capitales especulativos y por la línea política del gobierno de Obama. También por los dos canjes de deuda argentinos que regularizaron el 93 por ciento de la deuda en default. El contraargumento para algunos analistas del mercado, con una mirada más cerca de la lógica de la década del ’90, es que el aislamiento beneficia a los buitres, debido a que siendo pocos tienen mayores chances de llegar a un arreglo con el Estado.

Los fondos EM Limited (de Kenneth Dart) y NML Capital (propiedad de Elliot Associates), ambos con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, son los más agresivos contra la Argentina. EM aguarda una sentencia definitiva en la causa que tramita desde 2003. Reclama una deuda de capital por 725 millones y más de 70 millones de intereses acumulados. Por su lado, NML tiene cinco causas contra la Argentina, una iniciada en 2006 y cuatro en 2009. Busca cobrar 1600 millones en concepto de capital y de más de 50 millones por intereses. Otros fondos buitre son Aurelius Capital Partners LP y Blue Angel Capital y LLC.