Producción: Tomás Lukin

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Ventajas significativas

Por Daniel Kostzer *

El salario es la retribución que recibe el trabajador a cambio de utilizar su tiempo y fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. Esta retribución tiene por objetivo garantizar la supervivencia del trabajador y su familia, por lo que debe tomar en cuenta las necesidades del grupo familiar en su nivel mínimo. A partir del intercambio mercantil de los mismos es que se genera el plusvalor, que habitualmente es apropiado por los empresarios, incrementando las retribuciones normales al capital, a los derechos de propiedad e inclusive a la capacidad empresaria. Los trabajadores están excluidos de esta retribución, a pesar de ser pieza clave en la generación del mismo.

La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es tan antigua como el desarrollo del capitalismo en las postrimerías del siglo XVIII, cuando el desarrollo de destrezas para manejar tecnologías nuevas e insertarse en procesos más complejos requería una mayor fidelidad del trabajador con la empresa. Este sistema de participar al sector asalariado en las ganancias empresarias se hizo muy difundido, justamente en empresas de mayor sofisticación productiva de Europa, Estados Unidos, e inclusive Japón.

El pensamiento económico ortodoxo plantea que el salario debe reflejar la productividad del trabajo, y como se sabe, la productividad es un indicador que tiene cierta dificultad para ser establecido de manera ex ante. En este sentido la ganancia de la firma es la expresión más ostensible de la productividad total de los factores que convergen en el proceso productivo.

Durante su presidencia de la UE a comienzos de los ’90, Jacques Delores implementó un sistema de monitoreo de la participación de los trabajadores en las ganancias. El informe Pepper (Participación de los empleados en las ganancias y los resultados de las empresas), casi 20 años después y en el cuarto volumen de su lanzamiento, encuentra que en la UE el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.

La participación de los trabajadores en las ganancias puede tener la forma de porcentaje sobre el excedente bruto de la explotación, que es la más difundida, o la de propiedad de una cuota parte (acciones) de la empresa. La diferencia no es sutil, ya que la segunda incluye una participación activa en decisiones de la empresa. Esta puede ser individual del trabajador, o colectiva del conjunto o el sindicato. Además de la necesidad de honrar el espíritu del constituyente que lo incluyó en el artículo 14 bis, la distribución de las ganancias a los empleados tiene ventajas significativas para los empleadores y trabajadores, generando procesos de articulación e integración social importantes.

Para los empleadores esta práctica redunda en impactos positivos en el control de los costos de producción por ineficiencias materiales o de tiempo. Dependiendo de las normativas legales, reduce el pago de impuestos a las rentas, o permite exenciones si el Estado las promociona. Por otra parte retiene y atrae a trabajadores calificados, dotando de una fidelidad y apego adicional a la empresa por esta práctica, a la vez que suma a los mismos a proyectos más colaborativos con la firma. Ejemplo de esto son casos en Europa, donde sindicatos negociaron reducción de jornada y pagos a cambio de acciones en la reciente crisis.

Para los trabajadores esta situación promueve el interés obrero en la empresa, a la vez que genera ingresos y ahorro futuro para los mismos. Desde el punto de vista sistémico, mejora la distribución funcional del ingreso, deuda pendiente en nuestro país, así como controla las ganancias calculadas para la tributación.

Sin embargo no hay que dejar de considerar que la implementación de un esquema de este tipo requiere de instituciones muy fuertes y consolidadas, para evitar imperfecciones. Debe estar generalizado a todos los trabajadores de la empresa, al margen del contenido en el proceso productivo, e institucionalizado por una ley y ordenamientos reglamentarios claros. No debe reflejar exclusivamente la remuneración de los individuos, sino las horas trabajadas, asumiendo la contribución de todos a la generación del excedente, al margen de los salarios.

A su vez debe tener ámbitos arbitrales públicos, rápidos y transparentes, evitando la complejidad de la judicialización del proceso y tener formas de cálculo claras y no sujetas a interpretaciones. En este sentido, el Estado debe garantizar el acceso a la información y la formación de los negociadores obreros, lo cual legitima el procedimiento. La búsqueda de la equidad no tiene una “bala de plata” que sirve para todo, sino que se constituye por un conglomerado de intervenciones públicas en esa dirección. Esta iniciativa promovida por la Legislatura nacional forma parte importante de esa construcción.

* PNUD Argentina y Plan Fénix.

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Es un avance

Por Ariel Lieutier *

Luego de la crisis del 2001 y la devaluación del 2002, al desempleo masivo se le sumó una perdida de los salarios reales del 40 por ciento. A partir del año 2003, la estrategia distributiva del Gobierno se centró principalmente en la integración (en muchos casos retorno) de vastas porciones de la sociedad al mundo del trabajo. Esto fue acompañado por la reapertura de las negociaciones colectivas de trabajo como instrumento de recuperación salarial. A partir de entonces, se inició una suerte de carrera de los salarios contra la inflación.

Los resultados de esta estrategia son conocidos: el descenso de la desocupación del 26 al 7,5 por ciento y la recuperación de gran parte del poder adquisitivo perdido. Respecto de este punto, cabe destacar que hasta el 2007 la estrategia de aumentos salariales superiores a la inflación permitió un crecimiento acelerado de los salarios reales. Sin embargo, a partir de ese año el resultado de dicha carrera fue incierto, y estuvo ligado a las características del puesto de trabajo en términos de formalidad y sector.

En 2009, el Gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que implicó un complemento a esta estrategia a partir de transferencias directas a los desocupados y a los trabajadores informales. Los efectos positivos de la AUH para la reducción de la indigencia, la pobreza y la desigualdad han sido largamente demostrados a partir de diversos estudios. En este contexto, la presentación de distintos proyectos de ley, entre los que se destaca el del diputado nacional Héctor Recalde, tendientes a lograr el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo referente a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, no sólo representa el reconocimiento de un derecho constitucional postergado, sino que implica una diversificación de la estrategia distributiva.

Resulta dificultoso calcular el impacto que podría tener dicha medida dadas las complejidades que pueden aparecer en su aplicación. En primer lugar porque, según el proyecto Recalde, la definición de las empresas alcanzadas deberá ser resuelta por un consejo con representación tripartita (Estado, empresas y trabajadores) creado a tal fin. En segunda instancia, porque el proyecto prevé que hasta el 50 por ciento de las ganancias netas anuales pueden ser reinvertidas y excluidas de la distribución. Sin embargo, en función de los datos de recaudación del impuesto a las ganancias de las sociedades, es posible calcular de manera preliminar que, si estuviera vigente el proyecto, en el 2010 podrían haberse distribuido entre 5000 y 9500 millones de pesos.

Más allá de estas digresiones, una distribución de dichas magnitudes contribuiría al sostenimiento de la demanda y a dinamizar la economía. Tendría además efectos positivos en términos de la distribución funcional del ingreso, es decir aquella que mide cuánto de la riqueza generada queda para el trabajo asalariado y cuánto para el capital. Respecto de la distribución personal del ingreso, aquella que indica cómo se distribuye la riqueza al interior de la población, significaría una transferencia de los hogares ubicados en los primeros deciles hacia los ubicados en los sectores medios. Efectivamente, es de esperar que la distribución de ganancias tenga mayor impacto sobre aquellos trabajadores que se ubican por encima del salario neto promedio de los empleados en blanco ocupados en el sector privado (3652 pesos), y cuyos hogares (según datos del Indec) se encuentran en los niveles medios y medio altos.

Con el objeto de extender el beneficio a otros sectores, el proyecto de Recalde prevé la creación de un Fondo Solidario, constituido por el 5 por ciento del monto a redistribuir, destinado a dar cobertura a aquellos trabajadores informales que denuncien su situación irregular. Si bien no se le debe exigir a una medida que resuelva todos los problemas distributivos, la mejor forma de hacer partícipes de las ganancias de las empresas a los deciles más bajos es a través del fortalecimiento de la AUH. Así, por ejemplo, con la constitución de un fondo solidario a partir del 10 por ciento de las ganancias a distribuir sería posible otorgar un pago adicional anual a los beneficiarios de la AUH (una suerte de aguinaldo), que podría rondar entre el 50 y el 100 por ciento del valor mensual que recibe cada beneficiario.

Más allá de las mejoras que puedan realizarse a los proyectos, el solo hecho de estar instalado este debate representa un gran avance en el camino hacia la justicia social y hacia la consagración de derechos plasmados en la Constitución Nacional.

* Licenciado en Economía (UBA). Coordinador del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.