La reversión de la concentración económica es una de las asignaturas pendientes del modelo. Todavía hoy, las políticas que se impulsan en el sector industrial no toman en cuenta el impacto diferencial que puedan tener en las grandes y en las pequeñas empresas. Tampoco es similar la posición de las firmas más chicas y las de mayor tamaño para acceder al crédito, o frente a una oficina pública cuando debe inscribirse en un registro. Ni es la misma la actitud frente a la inflación, cuando la pyme es tradicionalmente víctima del aumento de insumos injustificado y la gran empresa es la que lo provoca. Estas son algunas de las cuestiones que se plantea encarar la nueva conducción de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa, Apyme, que en una entrevista de sus autoridades con Página/12 señaló sin rodeos su alineamiento con el actual modelo económico pero reclama, a la vez, su profundización “para democratizar la economía, dando más posibilidades al sector empresario, que ocupa al 72 por ciento de la mano de obra en relación de dependencia, pero que a la hora de discutir políticas no participa”.

Eduardo Fernández, empresario del rubro alimentos de la provincia de Córdoba, con título de contador público, es el nuevo presidente de Apyme. El primer objetivo de la entidad, en esta etapa, será lograr una necesaria visibilidad como subsector empresario.

“La política industrial necesita una segmentación, pero con una identificación más precisa de los actores”, señala Fernández. La clasificación general denominada pyme abarca actualmente un universo demasiado amplio y confuso, donde entran incluso empresas satélites o controladas por grandes grupos empresarios.

“Hoy existe una clasificación de empresas solamente cuantitativa, no por su situación en el mercado. No toma en cuenta factores particulares ligados a la ocupación, la regionalización. Hoy es necesario considerar que la microempresa tiene problemas distintos a la mediana, que puede ser considerada como tal por no tener más de 100 empleados, pero que tiene acceso al crédito bancario, puede inscribirse en un registro de exportadores, etc.”.

–¿Lo que ustedes señalan como micropymes, entonces, consideran que son tratados como un sector marginal?

–Es por desconocimiento de lo que representan. Hay más de 1,4 millones de establecimientos en todo el país y el 94 por ciento tiene 10 empleados o menos. Pero esa franja representa el 72 por ciento de la mano de obra ocupada y el 50 por ciento del PBI, que luego se vuelca como insumo de grandes empresas y son éstas las que terminan representando la producción industrial. La micropyme no tiene cabida en la UIA o en la CAME.

Junto a Fernández, Juan Oreja, empresario del sector gráfico, titular de la Regional Buenos Aires de Apyme, corroboró los dichos del titular de la entidad y recordó que “la última vez que hubo un tratamiento profundo del problema del sector fue en los ’70, en la época en que el ministro de Economía era José Ber Gelbard y se creó la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, Copyme, cuyo primer presidente fue Rafael Kohanoff. Tenía manejo de fondos propios, frente a problemas de abastecimiento de insumos salía a comprar para formar stocks de intervención. Recuerdo que eso ocurrió con la chapa. Cuando subió la dictadura, uno de los primeros decreto-leyes que hizo la CAL (cuerpo pseudolegislativo creado tras el golpe militar) fue para eliminar la Copyme”.

“Necesitamos una ley pyme en serio de fomento al sector. Hoy a cualquier cosa se la denomina ley Pyme, y termina siendo una herramienta aprovechada exclusivamente por grandes empresas. Cuando se lanza un paquete de créditos subsidiados, sólo una muy pequeña parte va a las pymes. La gran mayoría no se presenta a tramitarlo, es imposible”, afirman ambos representantes.

–Pero hay un proceso de inversión sostenido a pesar de esas dificultades –les planteó Página/12 a ambos.

–Hay un ritmo de crecimiento importante, surgen montones de nuevas empresas en todo el país. Pero es necesario que esto se ordene, para que posibilite un desarrollo regional y este crecimiento sea sostenible y no termine en otra vuelta de concentración. Es preciso reconocer la importancia de las pymes y cuál es el peso político que se les reconoce a la hora de tomar definiciones.

–¿Piensan que falta reconocimiento de parte del gobierno nacional?

–Reconocemos que hay un cambio de actitud con este gobierno, y también con el anterior de Néstor Kirchner. La elevación del rango del sector, a Secretaría Pyme, es un gesto de decisión política y buena voluntad, pero no se concreta en hechos si a la par no se le otorga manejo de fondos.

–¿Qué caso pueden mencionar de política industrial para un sector que evidencie beneficios para la gran empresa y perjuicio o exclusión para las pymes?

–Son muchos, pero un caso típico es el de la industria automotriz, que pasa por un momento magnífico en valores y volúmenes. Sin embargo, todo lo que es matricería automotriz, que está fundamentalmente en manos de pymes, tambalea por decisiones de las terminales que las perjudican. Algunas terminales han decidido sustituir la provisión local para reemplazarla por partes originarias del Sudeste asiático y esto va a dejar a varias empresas sin trabajo. Calcule que sólo en este rubro son 600 empresas que, globalmente, emplean a diez mil trabajadores. La integración nacional de autopartes debería establecerse por un marco legal, si no quedamos indefensos ante las multinacionales...