Eduardo Duhalde firmará hoy un decreto de necesidad y urgencia que crea un mecanismo de mediación entre deudores bancarios e hipotecarios y sus acreedores. La medida busca evitar una andanada de ejecuciones, luego de que ayer venció el acuerdo entre el Gobierno y los bancos por el cual éstos se comprometieron a no forzar remates durante tres meses. Roberto Lavagna, de todos modos, consiguió que el decreto respete el compromiso que asumió ante el FMI de no afectar los derechos de los acreedores. A la vez, la norma procura cubrir otro flanco, ya que en el Congreso empezaba a crecer la idea de votar alguna ley que protegiera a los deudores, que seguramente iría más allá de lo tolerable para el Fondo.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, anticipó en la mañana de ayer que el Gobierno estaba analizando una medida para resguardar a los deudores, a fin de evitar protestas de los potenciales afectados por los remates y la presión política del Congreso. El bloque de senadores justicialista confirmó que trataría el tema en su primera reunión del año. El decreto dispone la creación de “dos unidades de emergencia” en los ámbitos de los ministerios de Trabajo y de la Producción que se encargarán de mediar entre deudores y acreedores. El borrador de la iniciativa establece lo siguiente:
- La cartera laboral “admitirá la solicitud de conciliación en los casos de ejecuciones contra personas físicas, cuando éstas sean deudoras hipotecarias por un monto de hasta 50 mil pesos o dólares otorgado en origen, y hubiesen pagado al menos un 20 por ciento del mutuo, o propongan un plan de pagos factible, que demuestre su voluntad de cumplimiento”. El bien hipotecado deberá ser vivienda única, familiar y permanente del titular de la deuda.
- El Ministerio de la Producción “admitirá la solicitud de conciliación en los casos de ejecuciones contra las pymes, cuando afecten bienes esenciales para su giro comercial y el deudor acredite las razones que le impidieron pagar de acuerdo con lo convenido y proponga un plan de pagos factible, que demuestre su voluntad de cumplimiento”.
El pedido de mediación podrá ser realizado por el deudor o el acreedor, y el procedimiento será gratuito y voluntario. La definición de voluntario fue incluida especialmente por Lavagna. Varias cámaras empresarias que agrupan a las pymes reclamaban que la mediación fuera obligatoria, para asegurar que no habrá ejecuciones. El punto 30 del acuerdo con el FMI dice textualmente que “al finalizar la prórroga voluntaria (de los bancos para realizar ejecuciones, que es lo que ocurrió ayer), el Gobierno asegurará que no se tomen otras medidas no voluntarias que limiten los derechos de los acreedores”.
En efecto, el borrador del decreto que firmará hoy Duhalde menciona que “en ningún caso los términos de la conciliación suspenderán ni interrumpirán los plazos procesales en la instancia judicial o extrajudicial de ejecución”. Esto quiere decir que el mecanismo que creará el Gobierno no elimina la posibilidad del remate. Este aspecto seguramente será cuestionado por los deudores. Los equipos de mediación oficial emitirán dictámenes que no serán vinculantes en el proceso judicial, pero que tampoco podrán ser impugnados ni por el deudor ni por el acreedor. En las carteras de Trabajo y de la Producción se tomarán una semana para emitir las reglamentaciones complementarias y para prepararse para una tarea gigante, ya que tendrán que mediar en unas 30 mil causas, que son las que podrían terminar en ejecuciones.