El sistema que diseñó el Gobierno para evitar ejecuciones masivas de bienes de empresarios pymes y de deudores hipotecarios fue cuestionado por los supuestos beneficiarios. La medida también dio lugar a tironeos dentro del Poder Ejecutivo y con el propio oficialismo en el Congreso, pero aun así Eduardo Duhalde se aprestaba anoche a ratificarla. Al cierre de esta edición, el Presidente estaba por firmar el decreto de necesidad y urgencia que crea un mecanismo de mediación entre deudores y acreedores. Otras fuentes oficiales, sin embargo, señalaron que podría haber demoras por objeciones del FMI retransmitidas por el Ministerio de Economía.
Más allá de las disputas dentro del Gobierno, la principal crítica a la norma por parte de los deudores es que la presentación a la conciliación es voluntaria, con lo cual los acreedores quedan librados de acudir a la convocatoria y continuar su reclamo por vía judicial. Incluso si se presentan y no llegan a un acuerdo, no hay ningún freno a los remates. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó que la mediación sea obligatoria y que mientras se tramita el expediente se suspendan las ejecuciones. Similar solicitud hicieron desde distintas cámaras empresarias y de asociaciones de deudores (ver aparte).
Si finalmente Duhalde avala el decreto de necesidad y urgencia que preparó la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Producción comenzará a intervenir en los casos de deudas de empresarios pymes, mientras que el Ministerio de Trabajo lo hará con las deudas hipotecarias. Cada una de esas carteras dispondrá de cuerpos de mediadores, en las denominadas Unidades de Emergencias Legales. La solicitud de mediación podrá ser efectuada por el deudor o el acreedor y el trámite será gratuito. Las deudas hipotecarias que ingresan al sistema son aquellas contraídas para la compra de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El otro requisito es que el monto original del crédito haya sido de hasta 50.000 pesos o dólares.
El dictamen de los mediadores no será vinculante ni interrumpirá el proceso judicial donde se tramiten pedidos de remates. Se supone que el acreedor que acuda a la conciliación demorará la vía judicial, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Un grupo de senadores justicialistas promoverán hoy en el Congreso que el sistema de mediación sea obligatorio. La iniciativa está basada en un proyecto de los legisladores Marcelo Guinle, Jorge Busti y Jorge Yoma, y a diferencia de la propuesta del Gobierno incluye efectos judiciales. Este será uno de los temas centrales de la reunión de hoy por la mañana de la mesa de conducción del bloque oficialista.
Roberto Lavagna considera que los deudores fueron amparados durante un año y que ahora es conveniente levantar las restricciones que pesan sobre los acreedores. “No habrá ninguna medida de carácter forzado porque la emergencia terminó, y quizás puede haber algo estrictamente voluntario”, planteó el ministro ayer por la tarde. De acuerdo a estimaciones oficiales, habría unos 25.000 deudores hipotecarios y de empresas pymes con riesgo de sufrir remates.
El jefe de Hacienda parte mañana a Washington y sabe que las autoridades del FMI pondrán este tema sobre la mesa. De hecho, una de las trabas para la firma del acuerdo fue el año pasado las restricciones que pesaban sobre la ley de quiebras, que finalmente fueron levantadas. En ese momento, cuando las protestas de los deudores también aumentaban, el Gobierno consiguió que los bancos suspendieran voluntariamente las ejecuciones. Esa tregua finalizó esta semana, y de allí la necesidad de dictar una nueva norma. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, negó que Lavagna pusiera objeciones por la presión del FMI. Hoy se sabrá si efectivamente el titular de Economía apoyó la medida y cuál fue la decisión de Duhalde.