La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, a cargo de Héctor Recalde (FpV), emitió ayer un dictamen relacionado con el proyecto que busca incorporar al salario las sumas no remunerativas otorgadas por las empresas privadas. Ahora falta que sea tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Gustavo Marconato, para que pueda ir al recinto. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado. Los bloques de la UCR, Coalición Cívica y Proyecto Sur acompañaron el dictamen pero con disidencias parciales. Los diputados de la oposición quieren que los alcances de la normativa sean extensivos a los empleados públicos.

La iniciativa busca que a partir del 1º de enero del año próximo toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores surja de convenios colectivos tenga carácter remunerativo. Por otro lado, el texto de la iniciativa –que fue acordado oportunamente entre el diputado Recalde y el senador de la UCR Nito Artaza– contempla que los aumentos no remunerativos producto de las negociaciones colectivas que se desarrollen este año sólo podrán mantenerse durante un plazo máximo de seis meses. Además, no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación.

Las sumas no remunerativas son incrementos salariales otorgados por las empresas sobre los cuales no se aplican los aportes y contribuciones pertinentes. En muchos casos ocurre que estos pagos se extienden por varios meses o se convierten en una manera de sostener salarios en negro. Para la Anses, esta regulación resulta relevante, ya que impactará en su recaudación y estados financieros, vía contribuciones sociales.

En la reunión de ayer, la oposición acompañó el tratamiento del proyecto, aunque formuló algunas disidencias que serán introducidas durante el debate en el recinto. “Queremos incluir a los empleados estatales. No puede ser que se les exija a las empresas algo que el propio Estado no cumple”, enfatizó en diálogo con Página/12 la diputada Graciela Iturraspe, vicepresidenta de la Comisión de Legislación General. Según Recalde, la incorporación de los trabajadores estatales debería ser analizada en otro proyecto de ley.