El jefe de la Anses, Diego Bossio, afirmó que el objetivo del Estado coincide con el de las empresas en la búsqueda del crecimiento.
Imagen: Rafael Yohai.

El titular de la Anses, Diego Bossio, defendió en el Congreso el decreto de necesidad y urgencia que le permite al organismo ejercer el derecho pleno por sus acciones en un grupo de empresas. La medida “coloca en pie de igualdad lo privado y lo público”, dado que hasta el momento el Estado no podía hacer valer el peso total de su participación en los directorios sino que sólo podía expresarse como si tuviera un máximo de 5 por ciento de las acciones, cuando en la mayoría de las firmas supera ese límite. Los socios privados, en cambio, nunca sufrieron esa restricción. Bossio presentó un informe ante la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones, que maneja la Anses. Allí, la mayoría de los legisladores de la oposición dijeron compartir el espíritu de la decisión del Poder Ejecutivo, aunque cuestionaron que se lo haya hecho por decreto y no por ley (ver nota aparte).

Bossio entregó distintos argumentos para justificar la necesidad de que el Estado tenga voz y voto de acuerdo con lo que lo habilita su tenencia accionaria. Afirmó que con la incorporación de directores y síndicos en las empresas, el FGS –dueño de los papeles empresarios– podrá aumentar su participación en comisiones de fiscalización y auditoría, influir sobre decisiones de inversión, aportar una mirada estratégica de largo plazo y presionar para que los accionistas mayoritarios cumplan con los socios más chicos en la distribución de dividendos. Sobre este punto, se detuvo en los casos de dos compañías que en lugar de repartir ganancias practican distintas maniobras que le impiden al FGS acceder a ese dinero.

“Son los jubilados y los futuros jubilados los que no están recibiendo lo que les corresponde. Por eso es importante que la Anses ejerza plenamente los derechos políticos de sus acciones”, postuló el funcionario. Las empresas que no distribuyeron dividendos en los últimos tres años, y a raíz de ello fueron denunciadas por la Anses ante la Justicia, son el Grupo Clarín y Emdersa. Bo-ssio detalló que el holding mediático obtuvo en ese período más de 890 millones de pesos, de los cuales casi 89 millones le corresponderían al FGS por su tenencia del 9 por ciento de las acciones del grupo.

“La compañía no dio ningún fundamento” por esta decisión, sostuvo, y aclaró que la Anses acepta que no se repartan ganancias cuando hay razones que lo justifiquen, como la reinversión de esas utilidades para el crecimiento de la empresa y de la economía. Fuentes de la Anses agregaron a este diario que mientras el holding retuvo las ganancias, empresas subsidiarias como Cablevisión y Artes Gráficas Rioplatense, entre otras, sí las distribuyeron, pero allí los jubilados no participan. Bossio agregó que una situación similar se produjo con Emdersa, firma que agrupa a distribuidoras eléctricas de distintas provincias del Noroeste. En este caso, la acción judicial de la Anses para pedir la distribución de los dividendos tuvo un fallo reciente de cámara a favor del Estado, según informó el director del organismo.

En su exposición, el funcionario reveló que varias empresas quisieron recomprar sus paquetes accionarios luego de la estatización de las AFJP y la creación del FGS, que heredó esos papeles. “Tuvimos muchas llamadas y mucha presión de las compañías, que querían recuperar sus acciones. Pero no lo aceptamos porque entendíamos que era una inversión muy rentable para el fondo jubilatorio. Y no nos equivocamos. Hace dos años esas acciones estaban valuadas en 7744 millones de pesos, y en la actualidad representan 22.124 millones”, comparó. El senador radical Gerardo Morales concedió en la reunión que “fue una buena decisión” no haber liquidado esa inversión. Bossio agregó que el FGS tampoco las venderá en este momento, porque “hay espacio para que sigan subiendo”.

Al haber retenido esas acciones, el FGS aprovechó el proceso de fuerte revalorización tras la crisis de 2009. Bossio presentó un gráfico con el detalle de los ingresos que tuvo el fondo por la distribución de dividendos de esas acciones. Fueron 419 millones de pesos en 2009, 723 millones en 2010 y se proyectan 766 millones para este año. Telecom (24,9 por ciento de las acciones en poder del FGS) aportó 263 millones en 2010 y serían 228 millones en 2011, Siderar (25,97 por ciento de participación) giró al fondo 99 millones y entregará 104 millones y Molinos (20 por ciento) distribuyó 82 millones y todavía no hay estimación para este año. Después siguen Banco Macro (30,9) con 64 y 156 millones, Tenaris (0,2) con 39 millones y sin proyección, BBVA Banco Francés (7,5) con 36 y 60 millones, Banco Patagonia (15,2) con 32 y 36 millones, Petrobras (11,8) con 32 y 21 millones y otros con 73 y 158 millones.

El director de la Anses explicó por qué no tiene sentido que el Estado no pueda ejercer más que 5 por ciento de derechos políticos por las acciones. Cuando se crearon las AFJP, indicó, existía el riesgo de que una administradora ingresara en el directorio de un competidor. Por ejemplo, Consolidar, que era del Banco Francés, podía hacer pie en el Banco Galicia y acceder a información confidencial. Con el Estado ese riesgo no existe, ya que no hay competencia sino “confluencia de intereses para que las empresas crezcan lo más posible”, remarcó Bossio.