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La imprescindible e ineludible discusión sobre las privatizadas, el pasado de privilegios de los ‘90 como la revisión a futuro de las condiciones en que desarrollarán su actividad, empieza a distorsionarse cuando, por mezquinos intereses electorales, se plantea la reestatización como bandera política. No se trata de cerrar el debate sobre qué hacer con las privatizadas, como le gustaría al establishment, que ha reaccionado como siempre lo hace cuando se cuestionan nichos de rentas extraordinarias. Recordar la ineficiencia y la corrupción de las empresas públicas en los ‘80 es un argumento gastado, que más bien se parece a esas habituales chicanas que se cruzan políticos en campaña. La derecha no asume que en un país de pobres, como se ha transformado la Argentina, debe agudizar la inteligencia para presentar ideas a la sociedad que no sean un guión simplón y repetido de conceptos fuera de moda. A su vez, el denominado arco progresista o el sector que se presenta como renovador del peronismo corre el riesgo, por ingenuidad o por sospechosa picardía, de bastardear hasta sepultar la posibilidad de presentar nuevas de reglas de juego con las privatizadas al proponer la reestatización. Con la fragmentación social, económica y política que existe, situación de la que emergerá un futuro gobierno débil y condicionado, discutir la propiedad de las empresas de los servicios públicos es poner, como se dice, el carro delante de los caballos. Basta con el antecedente de la fortísima presión que ejercieron Estados Unidos y Europa sobre el gobierno de Eduardo Duhalde solamente por las tarifas para imaginarse el escenario internacional que tendría que enfrentar Elisa Carrió, Néstor Kirchner o Adolfo Rodríguez Saá, si resultan electos, si avanzan en una reestatización. En caso de que el objetivo sea recuperar esas compañías al patrimonio social de los argentinos, el primer paso para lograrlo debería ser discutir la renta más que la propiedad. Cuestión que para muchas de las privatizadas resulta más sensible que definir quién es el dueño. Y no hay que sorprenderse de que varias no vean con desagrado la “reestatización” porque tienen más ganas de irse que de quedarse, lo que les permitiría pelear por indemnizaciones millonarias en tribunales internacionales y dejar el muerto de sus deudas o de deterioro de infraestructura al Estado bobo.
Poner sobre la mesa de negociación la renta que generan las privatizadas implica un debate mucho más complejo y de efectos más profundos que la lineal discusión sobre la propiedad. Recuperar los entes de control, varios de ellos colonizados por las propias privatizadas y coto de distribución de poder y dinero de políticos, resulta una tarea fundamental para que las piezas del tablero empiecen a estar en lugares correctos. Al mismo tiempo, asumir la capacidad de regulación estatal, tal como se había previsto inicialmente, significaría una modificación que pocas privatizadas soportarían. Esto es así porque la debilidad y precariedad regulatoria de los últimos años se manifestó en la formulación tardía y limitada de marcos de funcionamiento de las compañías, en recurrentes renegociaciones contractuales que apuntaron a preservar o acrecentar las rentas de privilegio, y en la sanción de diversas disposiciones vinculadas a tarifas que violaron normas de superior status jurídico. Como explican los economistas Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, en realidad, los denominados “defectos de diseño” regulatorios, los llamados “errores” derivados de la premura privatizadora, no son más que manifestaciones de un fenómeno mucho más complejo: la plena funcionalidad de la regulación pública a la lógica de acumulación del capital de los grandes conglomerados locales y extranjeros. Por caso, introducir competencia y promover comportamientos empresarios que se asemejen a los esperables en mercados competitivos constituyen mecanismos ineludibles en materia de regulación de monopolios naturales. Control + regulación implicaría una transformación trascendental en la relación con las privatizadas. Esto significaría que las empresas deberían empezar a cumplir con sus obligaciones de inversión, metas de cobertura del servicio a la población y calidad de la prestación. Definición de cuadros tarifarios con subsidios cruzados para iniciar la recomposición de ingresos de los sectores sociales y productivos más castigados. Respetar cláusulas de los contratos de concesión, por ejemplo los referidos a la implementación de programas de desarrollo de proveedores locales, en el marco del cumplimiento de la legislación vigente del “compre nacional”. En el negocio petrolero, además del cumplimiento de las normas de regulación del sector, el Estado estaría en condiciones de asumir una porción más sustanciosa de la extraordinaria renta a través de las retenciones o de elevación del nivel de las regalías.
Bajo esas condiciones, que no violan contratos ni cambian las reglas de juego, sino que simplemente hacen que se cumplan las existentes, el impacto favorable sobre el usuario sería contundente. Y en ese momento las privatizadas decidirán solas si se quedan o se van; si asumen que ya no hay margen para acumular ganancias abultadas para girar al exterior, sino para desarrollar un negocio como lo harían en sus países de origen, o emprenden la retirada porque Argentina dejó de ser la tierra de utilidades fabulosas.
Recién en esa instancia se estaría en mejores condiciones de abrir la discusión sobre la propiedad y quiénes pasarían a manejar empresas reestatizadas. El caso del agua en Buenos Aires es un interesante antecedente. La estadounidense Enron abandonó la concesión de Azurix, la compañía de distribución de agua potable, asumiendo el control el Estado provincial con administración de los sindicatos y cuadros gerenciales. Si se les sumaran los usuarios, el control social sobre la compañía estructuraría un mecanismo de gestión donde se privilegiaría criterios de eficiencia, acotando el riesgo de manejos políticos.
Por ese camino, evaluando los incumplimientos y analizando las cláusulas de rescisión de contratos, como la definición de estrictas normas de regulación y control, se avanzaría a pasos más sólidos en la discusión sobre reestatización.