El Gobierno y las privatizadas volvieron a tropezar en la Justicia. La pretensión oficial de aumentar las tarifas de luz y gas por decreto fue duramente cuestionada por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, quien hizo lugar a una acción de amparo promovida por el Foro de Asociaciones de Consumidores y suspendió la aplicación de los ajustes. Como esas entidades tienen representación nacional, el fallo vale para todo el país. Es la cuarta vez que los defensores de los usuarios logran parar la suba de tarifas. La euforia de varios de ellos al conocer ayer lo dispuesto por la jueza era inocultable. “Vamos cuatro a cero”, le recordaron a Roberto Lavagna, mientras brindaban con champán.
Esta vez, en verdad, estuvieron cerca de perder la pulseada. El Gobierno ejerció una fuerte presión en Tribunales para que su última maniobra en favor de los incrementos quedara en pie. Esa jugada consistió en modificar con un decreto de necesidad y urgencia la Ley de Emergencia Económica, a fin de despejarse el camino de obstáculos legales y quedar habilitado para encarecer los servicios. Lo hizo debido a que su intento anterior de elevar las tarifas quedó en la nada, justamente, porque la Ley de Emergencia Económica prohíbe la indexación.
“No advierto circunstancia fáctica alguna que pueda justificar un decreto como el 120”, recrimina Rodríguez Vidal en su resolución. El decreto 120 es el que modificó la ley por decreto. En opinión de los defensores de los usuarios y de un amplio arco de constitucionalistas, aquella acción del Gobierno era una aberración jurídica. La jueza coincidió con ellos, al mencionar que “los decretos presidenciales no escapan al control judicial de constitucionalidad”.
La semana pasada, el juez Guillermo Rossi había dado un aval a los aumentos. Lo hizo al ignorar un pedido de suspensión de los ajustes elevado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira. Una tercera solicitud en igual sentido, la del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se empantanó cuando la jueza Susana Córdoba rechazó su competencia y transfirió la causa a otra magistrada, Cristina Carrión de Lorenzo. Esa acción dilatoria se produjo el mismo día en que se conoció el fallo de Rossi. Con ambas decisiones judiciales, Economía y las privatizadas comenzaron a pensar que esta vez sí podrían imponer los aumentos. La esperanza de los defensores de los usuarios quedó reducida a lo que dispusiera Rodríguez Vidal, quien finalmente les dio la razón.
La jueza refutó de manera lapidaria los argumentos oficiales. “No puedo menos que señalar –escribió– que resulta francamente inexplicable la preocupación que demuestra el Gobierno en impedir el deterioro de la relación ingreso-egreso de las empresas concesionarias sin que igual preocupación se demuestre respecto de los ingresos de los habitantes llamados a soportar esos aumentos.”
Su fallo no contradice el de Rossi, puesto que éste directamente no se pronunció sobre los ajustes, aunque con ello implícitamente los autorizó. Lo concreto es que en este momento los incrementos están suspendidos. La discusión vendrá en caso de que la tercera causa en trámite arroje un fallo favorable a las empresas. Si así ocurre, las compañías aducirán que las subas quedan firmes, mientras que los defensores de los usuarios dirán lo contrario. Sin embargo, las asociaciones de consumidores suponen que luego de un fallo tan contundente como el de Rodríguez Vidal, a Carrión de Lorenzo le resultará difícil darle la razón al Gobierno.
“Para los usuarios, este fallo –por el de Rodríguez Vidal– significa que no habrá aumentos hasta que se revoque esta sentencia, lo que entre apelación e intervención de la Cámara puede llevar aproximadamente tres meses”, explicó Ariel Caplan, representante de los consumidores ante la comisión renegociadora de los contratos. El gobierno de Duhalde, por tanto, deberá empezar a resignarse a su fracaso en este tema. Pedro Bussetti, de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores, indicó a Página/12 que “dados los constantes traspiés del Gobierno en la Justicia y su falta de voluntad política para renegociar los contratos como se debe, sería lógico que dejara la resolución del tema en la próxima administración, que será elegida por la voluntad popular”.
Además de las trabas judiciales a los aumentos, una comisión bicameral del Congreso analiza promover la anulación de los decretos. El proyecto es impulsado por el diputado Héctor Polino. Los legisladores analizarán la cuestión la próxima semana, con intención de que la propuesta llegue al recinto. Las privatizadas tendrán que pensar en una nueva estrategia.