Los defensores de los usuarios les ganaron otra pulseada a las empresas de servicios públicos. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) dispuso ayer que las compañías del sector que hayan facturado con aumento deben reintegrar a los usuarios el importe cobrado de más en el próximo vencimiento. La resolución vino a cerrar un fuerte debate entre las asociaciones de consumidores y las privatizadas, surgido por las diferentes interpretaciones del fallo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal que suspendió los ajustes tarifarios. Los primeros decían que las subas quedaban sin efecto desde el 30 de enero, que fue cuando el Gobierno dictó el decreto con el aumento. Las segundas afirmaban que acatarían el fallo de la suspensión, pero que las facturas que hubieran salido antes de esa resolución judicial debían ser pagadas con el incremento. El Enargás laudó en la discusión y aclaró que hay que pagar, pero que las empresas tienen que devolver.
Página/12 pudo saber que el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) analizaba anoche seguir los pasos del Enargás. La comunicación oficial a las compañías se produciría hoy, con la misma orden de aplicar reintegros en la siguiente facturación. Por si acaso, las entidades de defensa de los usuarios están listas para reclamarle al ENRE que actúe en esa dirección. La precaución tiene que ver con que ese organismo suele mostrar más dudas que el Enargás al momento de imponerles límites a las privatizadas.
Las empresas reconocen que a pesar del debate fueron pocos los casos de usuarios que recibieron la boleta con el aumento. El problema es que a quienes les tocó no sabían qué hacer. Por un lado escuchaban consejos de no pagar y exigir una nueva factura. Por otro, las compañías advertían que aplicarían punitorios, más caros que el propio ajuste tarifario. En una de las distribuidoras eléctricas manifestaron a este diario que “por más que los clientes vengan a nuestras oficinas con el reclamo, la respuesta es que tienen que abonar la factura”. El ENRE interpretaría que los ajustes están suspendidos desde el 30 de enero y que si alguien lo paga, merece un resarcimiento la siguiente vez.
La desazón en las privatizadas es grande. “No tenemos ninguna expectativa de que este Gobierno vaya a resolver, aunque sea parcialmente, el problema tarifario”, reconoció a Página/12 el ejecutivo de una compañía eléctrica. “La expectativa terminó con este nuevo fallo”, añadió, en referencia a la medida cautelar de Rodríguez Vidal. Al igual que el Foro de Asociaciones de Consumidores, las empresas admiten que los plazos legales hasta que se terminen de tramitar las apelaciones exceden los tiempos de la actual administración.
El Ministerio de Economía terminó de preparar ayer la apelación a la medida cautelar, pero las propias compañías aseguran que deberán esperar al menos tres meses hasta obtener una respuesta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, indicó a Página/12 que el Gobierno debería retirarse del tema, ante su falta de voluntad política para llevar adelante la renegociación de los contratos con una discusión a fondo y dejar que esa tarea la asuma el próximo ocupante del Poder Ejecutivo.
Las críticas al Gobierno no son sólo de los usuarios. Las empresas consideran que su actitud zigzagueante respecto de la política tarifaria demuestra, en última instancia, su falta de compromiso para “solucionar el problema”. En primer lugar mencionan que la Ley de Emergencia Económica, promovida por el oficialismo, bloqueó cualquier aumento por fuera de la renegociación de los contratos. Después, el Gobierno intentó con un decreto con pocas chances de sostenerse frente a un reclamo judicial y así ocurrió. “Jugaron a que decidiera la Justicia para no cargar con el costo político de imponer los aumentos”, protestan las privatizadas. Y finalmente, cuando el FMI presionó con mayor insistencia, intentó con otro decreto, también volteado. Los usuarios contestan que las privatizadas no se animaron a un debate profundo en la comisión de renegociación de los contratos porque sabían que perdían y que por eso prefirieron jugar a presionar por los decretos. En cuanto a los argumentos para oponerse a un aumento, mencionan que las empresas cubren sus costos operativos con la tarifa actual, y que los usuarios no tienen por qué cargar con el costo de que las empresas se hayan endeudado en dólares en el exterior en lugar de haber reinvertido utilidades.