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El Poder Ejecutivo confirmó que enviará al Congreso la prórroga de los impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios, Cigarrillos y la Emergencia Económica. La información fue brindada por Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda, durante su participación en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, presidida por Gustavo Marconato (FpV). Todas estas normativas fueron prorrogadas por última vez en 2009, antes del recambio legislativo de aquel año. En 2010, la oposición fracasó en su intentó por modificar los niveles de coparticipación del impuesto al Cheque.

“Vamos a mandar una ley con estas prórrogas”, fue la sucinta respuesta de Pezoa, para clarificar la situación en torno de dos tributos fundamentales, que ya están incorporados en las proyecciones de recaudación para 2012. Según el texto enviado por el Ejecutivo, el próximo año ingresarían al fisco en concepto del impuesto al Cheque 37.331,2 millones de pesos, es decir un incremento de 22,4 por ciento en relación con lo previsto para este año (30.496 millones).

Este tributo se distribuye entre la Nación (70 por ciento) y las provincias (30 por ciento). Sin embargo, de lo que se destina a las jurisdicciones del interior se retrae un 15 por ciento que es utilizado para financiar a la Anses. Este régimen fue fijado para financiar el pago de jubilaciones, las cuales tienen dos ajustes al año, en función de otra ley, la de movilidad previsional.

El año pasado, el Grupo A intentó modificar la distribución de estos recursos. El Senado logró una media sanción de un proyecto en este sentido, que contó con el desempate de Julio Cobos. Sin embargo, la iniciativa no pudo avanzar en la Cámara de Diputados por lo que en la actualidad la distribución de este tributo mantiene su composición original.

Generalmente, las prórrogas de estos impuestos se realizan en la misma sesión en que es analizado y votado el presupuesto. Según Pezoa, en esta oportunidad podría votarse primero la prórroga de los impuestos.

La otra normativa fundamental que enviará el Ejecutivo es la extensión de la Emergencia Económica, una normativa que faculta al Gobierno a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular precios y reordenar el sistema financiero. También tiene un capítulo dedicado a la salud, cuestiones sociales (planes asistenciales), crisis habitacional y emergencia alimentaria. Es una ley que data de la crisis de 2001, en medio del caos de aquellos años.

Para la oposición, esta norma forma parte del conjunto de instrumentos con facultades delegadas que habilitan al Ejecutivo a tomar decisiones sin la participación del Congreso. En un contexto de crisis internacional, el Gobierno buscará continuar con estas facultades. Pero la estrategia es, hasta el momento, dilatar su envío al Parlamento para evitar las críticas anticipadas de la oposición. Si bien este año se muestran más predispuestos para tratar proyectos clave, no dejarán pasar la oportunidad para cuestionar al oficialismo.