La cotización del dólar es un indicador relevante para la evaluación de la competitividad de la economía. Ocupa a la vez un lugar destacado en la decisión sobre opciones de inversión financiera. Resulta además un factor de estudio sobre comportamientos sociales y pautas culturales de la población en una economía bimonetaria. El billete verde reúne características para el análisis económico, social y cultural. Pero también tiene un rasgo determinante que no puede ser ignorado: su precio es una variable política importante. Considerar esa particularidad implica dar dimensión a cualquier medida que involucre al dólar en el mercado local, y saber interpretar la vocación de la cadena nacional de medios privados por relevar con pasión la opinión de vendedores de humo, más conocidos como economistas de la city. La cuestión política del dólar ha quedado en evidencia desde el día posterior de la elección que ganó CFK con el 54 por ciento de los votos. La contundencia de ese resultado habilitó medidas necesarias en el sensible mercado de cambios que sólo podían implementarse con ese respaldo masivo de las urnas. La reacción, montando un show del miedo, de sectores conservadores por el mayor control y fiscalización de operaciones de compra de divisas, y por la eliminación del privilegio de petroleras y mineras sobre sus dólares de exportación, refleja ese componente político del dólar.

El objetivo lo han expresado sin disimularlo: desplazar a Mercedes Marcó del Pont de la conducción del Banco Central y colocar en el Ministerio de Economía a un hombre confiable para banqueros y el sistema financiero internacional. El editorial de La Nación del jueves pasado dedicada a Marcó del Pont tiene una virulencia conceptual y ataques a su persona que sólo revela el carácter perturbador de su presencia en un espacio de gestión económica –y de negocios– que el neoliberalismo considera de su propiedad. A la vez no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de cuál es el perfil de ministro de Economía que pretende el poder financiero para el nuevo gabinete del segundo mandato de CFK, expresado en la secuencia de análisis periodísticos y en la constante prédica de economistas de la city. En estos días de turbulencias en el mercado cambiario, los funcionarios deben estar más atentos que nunca ante sugerencias y promesas de colaboración de banqueros, que al darse vuelta ordenan comprar dólares y perfeccionar el canal informal de sus propias entidades.

La situación económica no es exageradamente holgada como en años pasados, pero sigue siendo suficientemente cómoda en indicadores clave (balanza comercial, de cuenta corriente, equilibrio fiscal, stock de reservas, nivel de actividad, cosecha record, empleo, peso de la deuda externa en el PIB) en comparación con muchos otros países, incluyendo Brasil, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre internacional. Esto no implica la necesidad de aplicar sintonía fina, ajustar dispositivos de intervención y estar prevenidos de embates de una crisis global. Pero una cosa es enfrentar desafíos y tensiones de gestionar la economía en un proceso dinámico y cambiante, y otra distinta es la convocatoria de fantasmas lejanos para incentivar una corrida contra el peso y contra los depósitos. En esta última instancia, el dólar se transforma en un hecho político.

Esta dimensión de la moneda estadounidense en la plaza doméstica adquiere relevancia en estos momentos de nerviosismo en el mundo de las finanzas y de las grandes empresas. Los miembros del Gobierno encargados de este tema no pueden minimizar la importancia del factor político al momento de enfatizar sobre qué frente actuar en el mercado. El denominado chiquitaje no mueve el amperímetro del negocio cambiario: la equitativa estrategia de promover el blanqueo de operaciones no debe transformarse en la interrupción total y abrupta de movimientos en ese segmento. La adaptación a un nuevo sistema y la normalización de las transacciones permitirán disminuir la ansiedad sobre el dólar. Esto es lo que se verificó en los hechos: desde que arrancó el régimen de validación de la AFIP, en ocho días hábiles, hubo 181.754 operaciones de cambio por más de 15.800 millones de pesos.

Otros sujetos económicos, importadores, empresas que dolarizan excedentes y multinacionales son los actores centrales por el monto global involucrado en el flujo de divisas y en la formación de activos externos de residentes locales, vulgarmente llamada “fuga de capitales”. Esta se ha desarrollado con diferentes gobiernos, políticas económicas diversas y contextos internacionales de auge y crisis. Desde la liberalización financiera dispuesta por la dictadura militar de 1976 se ha intensificado y se ha vuelto crónica, hasta colocar a la Argentina como el país fuera de Estados Unidos con más dólares per cápita en circulación en su propia economía. Estudioso de este tema, Jorge Gaggero explica que la compra de dólares para atesorar “supone un drenaje de recursos que podrían ser utilizados para potenciar el crecimiento económico y el empleo, mermas en la recaudación impositiva que tienden a reducir la eficacia estatal en una espiral descendente e impactos negativos en la distribución de riquezas e ingresos”. Otro especialista, Gerald Epstein, afirma que “la fuga de capitales es importante porque puede tener significativos costos sociales; es también un barómetro de la soberanía de la política del Gobierno versus la de las clases de privilegio y se relaciona con los impactos de importantes políticas económicas tales como la liberalización financiera”.

La gestión kirchnerista se caracteriza por actuar sobre los acontecimientos cuando adquieren envergadura. Hasta ahora no le fue tan mal de acuerdo con lo que indica el apoyo en las urnas, pero genera situaciones de estrés político-económico notables. Esta forma de abordar los problemas que incomoda a no pocos, en realidad, puede ser que sea la respuesta a su éxito político. Por caso, la primera línea del equipo económico ha emprendido vertiginosos diálogos con compañías extranjeras para que demoren lo más posible la remisión de utilidades a sus casas matrices, localizadas en países en crisis y que demandan a sus filiales recursos para cubrir en parte sus frágiles finanzas (ver nota aparte). Esta reacción oficial reconoce así la potente restricción en el frente externo en que se ha constituido la extranjerización de la economía. El último informe de coyuntura de Cifra, centro de estudios de la CTA, destaca que el déficit generado por la remisión de utilidades y dividendos ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Precisa que el flujo de utilidades y dividendos pasó de representar el 32 por ciento del superávit comercial en 2005 a más del 50 por ciento en 2010. Ese porcentaje se elevaría a casi el 70 por ciento en este año. En esa instancia inquietante reacciona el Gobierno: la carga de los intereses de la deuda ha descendido sustancialmente por la política de desendeudamiento, y ese lugar desestabilizador ha pasado a estar ocupado por el giro de utilidades de compañías extranjeras.

Existe una herencia normativa (ley de inversión extranjera, tratados bilaterales de inversión, adhesión al Ciadi y ser miembro del FMI) que impiden la restricción de girar utilidades de empresas extranjeras. El atajo a ese cepo es la negociación con cada una de esas compañías para disuadirlas de remesar dividendos o incentivarlas a reinvertir mediante la capitalización de sus filiales locales. El documento de Cifra da cuenta del elevado grado de extranjerización de la cúpula empresaria, que “fue resultado principalmente de las tendencias desplegadas a lo largo de la convertibilidad”. En 2009, el 55,4 por ciento de las ventas totales de las 200 empresas de mayor tamaño del país corresponde a empresas extranjeras. Esto ha determinado un sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior. Las elevadas tasas de crecimiento económico desde 2003 no hicieron más que potenciar este proceso. El flujo neto total de utilidades y dividendos pasó de representar 633 millones de dólares en 2003 a 7159 millones en 2010, monto que apunta a superarse este año. Suma que equivale a un tercio del total de la fuga registrada.

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