El gobierno nacional dispuso un aumento del presupuesto por 38.500 millones de pesos. Según establecen el decreto 1764 y la decisión administrativa 1144, publicados ayer en el Boletín Oficial, el incremento de las partidas se destinará a atender gastos no contemplados en la prórroga del Presupuesto 2010, vinculados con las mejoras salariales del personal de los tres poderes, las prestaciones de la seguridad social y distintas empresas públicas y privadas. Las modificaciones al Presupuesto son un mecanismo habitual en la administración pública. Los sectores de energía y transporte concentran las principales erogaciones.

La decisión del Gobierno plantea la necesidad de modificar el presupuesto 2010 –el de 2011 no lo aprobó el Congreso– para atender “gastos de política salarial” de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo e incluye erogaciones para otros programas y organismos, como la Biblioteca del Congreso, Autoridad Regulatoria Nuclear, planes del Ministerio de Trabajo, la Fundación Exportar y el Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2012. La readecuación presupuestaria contempla ocho mil millones de pesos destinados a la Anses para hacer frente a los aumentos dispuestos por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El decreto 1764, que amplía partidas por 29.322 millones de pesos, y la decisión administrativa 1144, que suma 9175 millones, fueron publicados ayer en el Boletín Oficial pero datan del 31 de octubre y el 1º de noviembre respectivamente. “El aumento de las erogaciones proyectadas en la presente medida será financiado con recursos del Tesoro Nacional, con recursos propios y recursos con afectación específica y fuentes financieras de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”, explican los considerandos del DNU.

Los decretos también contemplan partidas para el Registro Nacional de las Personas, para insumos destinados a la confección de DNI, para la Dirección de Migraciones, para el INTI y para el programa de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, se contemplan transferencias a provincias y municipios.