Desde París

Un hombre feliz, 26 contentos y poco más de 23 millones de personas olvidadas y 330 millones amordazadas. Con ese cuadro concluyó la cumbre de la Unión Europea celebrada el jueves y el viernes en Bruselas, cuyo objetivo consistió en adoptar el pacto fiscal promovido por Francia y Alemania, mediante el cual se endurece la disciplina presupuestaria y se acentúa la coordinación entre los 17 países de la Zona Euro. En contra de lo que se esperaba y al cabo de una noche de negociaciones, 26 de los 27 países aprobaron el texto que modificará también el tratado europeo. Sólo Gran Bretaña, los 23 millones de desempleados que tiene la Unión y sus 330 millones de habitantes quedaron fuera del consenso.

El Reino Unido se apartó del acuerdo al tiempo que los dirigentes de la Unión no incluyeron ni una sola línea sobre la gente que están llamados a gobernar: ni una palabra sobre el desempleo, ni una idea para reactivar el crecimiento ni menos aún un plan dirigido a la extrema pobreza que gana sectores cada vez más amplios de la sociedad europea. El pacto aprobado por los 26 es un texto de tecnócratas para tecnócratas, cuyo contenido parece especialmente diseñado para contentar a los bancos y principalmente al nuevo rey de Europa, el BCE, Banco Central Europeo. Gran Bretaña se negó a apoyar la revisión de los tratados europeos porque no consiguió que sus socios le acordaran el derecho de veto que le hubiese permitido interferir en la legislación financiera de Europa. Fiel a sus posturas históricas, el primer ministro británico, David Cameron, declaró: “Nosotros no formamos parte de la moneda única (el euro) y tampoco queremos entrar en ella, tampoco estamos dentro de la zona de libre circulación de Schengen y estoy feliz por ello”. En lo concreto, para conservar el carácter salvaje de su sistema financiero y no plegarse a las reformas de los mercados financieros que están en curso dentro de Europa el Reino Unido sacrificó la Unión.

“Hubiésemos preferido un cambio completo del tratado con los 27, pero como no hubo una decisión unánime tuvimos que adoptar otro camino”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. La canciller alemana declaró que esta cumbre significaba “un avance hacia la unión y la estabilidad”. Según Merkel, los europeos “van a utilizar la crisis para empezar de nuevo”. Ese comienzo implica un nuevo tratado europeo cuyos términos se discutirán de aquí al mes marzo y que no será sometido a referéndum en los respectivos países. Los ejes del tratado responden a las ideas impulsadas por la pareja Merkozy, Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy. La cumbre de Bruselas se consagró por entero a fabricar una suerte de Golem que supervise la disciplina fiscal de los Estados con la consiguiente ola de austeridad que ese tipo de mecanismos provoca.

En el futuro, el déficit no podrá sobrepasar el 3 por ciento del PIB. Ese criterio estará garantizado por las legislaciones nacionales. Si algún Estado sobrepasara ese margen, el acuerdo estipula que habrá sanciones casi automáticas, que la Comisión Europea no sólo podrá emitir su opinión sino, también, pedir que se introduzcan cambios en los presupuestos de cada país antes de que el Tribunal de la UE determine si un Estado cumplió o no con las normas fiscales. Los 26 aceptaron así someterse al arbitraje externo de un club de tecnócratas que nada tienen que ver con las mayorías electas que elaboran los presupuestos nacionales. La cumbre de Bruselas aprobó de hecho cuatro acuerdos: el fiscal propiamente dicho, otro de coordinación económica de la Zona Euro mediante el cual se introducen procedimientos para que los cambios esenciales de la política económica de los Estados se coordinen con los países de la Zona Euro, un tercero sobre el refuerzo del fondo de rescate, FESF, y el último sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MES. Sin tardanza, el Banco Central Europeo y el FMI se felicitaron por los resultados de una cumbre calificada por todos como la de “la última posibilidad”. Los norteamericanos, en cambio, no vieron en ella ningún signo de apaciguamiento.

El viernes, justo cuando se anunciaban los resultados del encuentro en la capital belga, la agencia de calificación norteamericana Standard and Poor’s volvió a poner un dedo en la felicidad europea. Por cuarta vez en la semana, S&P anunció que contemplaba bajar la nota de 15 compañías de seguro de la Zona Euro (entre ellas figuran, CNP, Allianz, Aviva, Caisse Centrale de Réassurance, Generali e Irish Public Bodies Mutual Insurances).

El jueves, Standard and Poor’s había adelantado su intención de bajar la nota a 15 países de la Zona Euro y a los bancos más importantes de esa zona, el miércoles reveló que haría lo mismo con el fondo de rescate europeo y el lunes decidió colocar en una perspectiva negativa las notas de los países de la Zona Euro y poner bajo vigilancia a 15 de los 17 países de dicha zona, incluida Alemania, Francia, Austria, Luxemburgo, Finlandia y Holanda. El euro salió de Bruselas con un nuevo tratado pero la Unión Europea quedó herida, doblemente. El acuerdo sin Gran Bretaña deja a uno de sus miembros afuera, al tiempo que se reducen los espacios de debate democrático en el seno de la UE.

Casi todo queda en manos de la Comisión de Bruselas y del Consejo Europeo. El Parlamento Europeo de Estrasburgo pasa a tener un papel mucho menor y, con ello, se pierde el principio de control público sobre las decisiones. Estas se tomarán entre tecnócratas y bancos sin que la opinión pública tenga el más lejano derecho a intervenir o interceder con los mecanismos legítimos de la democracia. La cumbre de Bruselas salvó el euro pero enterró mucho de los principios con los que sonaron los padres fundadores de la construcción europea. Una vez más, la elite tecnócrata y financiera avanzó sobre el territorio de la gestión política. 330 millones de europeos se quedaron sin voz.