Vie 27.01.2012

ECONOMíA  › OFRECEN CREDITOS BLANDOS PARA PALIAR EL IMPACTO DE LA SEQUIA

Primeros acuerdos en la mesa

Las cuatro entidades agropecuarias se mostraron conformes con la propuesta de ayuda financiera que presentó el Gobierno en la Comisión de Emergencia Agropecuaria. Habrá un monto de 2300 millones en créditos al 8 por ciento de la banca pública.

El ministro Yauhar encabezó el encuentro, al que esta vez no faltó ningún titular de las entidades.
Imagen: DyN.

El Gobierno destinará un total de 2800 millones de pesos para paliar los efectos de la sequía. Así se lo anunció ayer el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, a los representantes de las entidades del sector (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro). De ese total, 500 millones corresponden al fondo de emergencia previsto por ley, luego el Banco Nación aportará 1500 millones en créditos blandos (con tasa del 8 por ciento), mientras que el Banco Provincia hará lo mismo con 800 millones de pesos. Los ruralistas se fueron satisfechos del encuentro, en el que también, según comentaron, el ministro abrió la posibilidad de entablar un diálogo más político para abordar problemáticas de mediano y largo plazo. Durante el encuentro, el INTA presentó un informe sobre el estado de situación de cada uno de los cultivos. Para el caso del maíz, vaticinó una producción similar a la anterior cosecha, aunque en esta oportunidad la superficie sembrada fue mayor. En la soja no habría mayores inconvenientes, al igual que en la ganadería.

“Volcamos ayuda concreta para que la solución llegue de forma precisa a los productores que realmente lo necesitan. Toda la ayuda se entregará tal cual lo señaló la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), aplicando la sintonía fina”, afirmó Yauhar al finalizar el encuentro, del que participaron los representantes de las entidades agropecuarias, la AFIP, el ministerio de Economía, el INTA, el Banco Nación, y el Banco Central, entre otros.

Esta fue la tercera reunión de la Comisión de Emergencia, instancia prevista en la ley 26.509. Semanas atrás, los ruralistas habían dicho que este instrumento “no servía” y que necesitaban más recursos para paliar los efectos de “La Niña”. Sin embargo, los distintos anuncios formulados ayer por el ministro están contemplados en la Ley de Emergencia. La normativa permite que se financien “gastos de inversión y capital de trabajo para las medidas estructurales de mitigación”.

En este sentido, el ministro confirmó que el Banco Nación pondrá a disposición 1500 millones de pesos para créditos blandos mientras que el Banco Provincia hará lo propio con 800 millones. “Esperemos que de ser necesario aparezcan nuevos fondos. La tasa propuesta para los créditos blandos del 8 por ciento anual es baja, con un plazo de 5 años, es una herramienta interesante”, sostuvo Rubén Ferrero, presidente de CRA.

Otra de las medidas adoptadas fue la prórroga en el pago de impuestos y el no cobro de intereses en el caso del impuesto a las ganancias, durante el período de crisis declarado por las provincias. Esta medida será instrumentada por la AFIP, y también forma parte del menú de herramientas comprendida en la ley 26.509.

“En el ámbito de la Comisión de Emergencia Agropecuaria las cosas están bien y se están siguiendo los pasos correspondientes para resolver la situación”, sostuvo Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria. El ruralista concurrió por primera vez a la reunión de la Comisión. En las otras dos oportunidades no había asistido por considerar que no era un espacio político para discutir temas de largo plazo.

Sin embargo, en esta ocasión los funcionarios de Agricultura abrieron la posibilidad de discutir esa temática en otro ámbito, abarcando políticas puntuales para la lechería, ganadería y otros productos. Esto fue tema de discusión durante el encuentro y comunicado posteriormente por las propias entidades agropecuarias. Carlos Garetto, presidente de Coninagro, fue uno de los dirigentes que ratificó dicho acuerdo, aunque todavía no se avanzó en definir una fecha para esa convocatoria.

Además de las entidades agropecuarias, participaron funcionarios de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.

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