“El gasoil tenía un precio en el surtidor y otro, superior, para los mayoristas. Esto no tiene lógica, ya que cuando pedimos más cantidad, pedimos descuento”, señaló ayer el vicepresidente Amado Boudou, en referencia a la denuncia del Gobierno a las petroleras por sobreprecios. A pocos días de esa denuncia, la Secretaría de Comercio Interior, sobre la base de recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), emitió una resolución que obliga a las petroleras que operan en el país –YPF, Petrobras, Shell, Esso y Oil– a vender el gasoil a granel a las empresas de transporte público al mismo precio que en las estaciones de servicio. La medida advierte que “se abstengan de discriminar el precio en el mercado de gasoil para el transporte público automotor de pasajeros”.

El 11 de enero último, la Secretaría de Transporte denunció ante la CNDC a las petroleras por la “existencia de un diferencial de precios entre el gasoil”, y por “la imposición de pagos adelantados y la falta de certeza de acerca del cumplimiento del suministro”. “No existen desde el punto de vista de la lógica económica explicaciones que justifiquen un diferencial de precio que haga que el mayorista sea mayor al precio minorista”, señala la denuncia. Estos sobreprecios fueron estimados por el Gobierno en un perjuicio de 3500 millones de pesos. Boudou explicó ayer en declaraciones radiales que el objetivo de la denuncia fue “llevar soluciones a los argentinos”.

Las petroleras fueron comunicadas oficialmente, bajo la resolución 6 de Comercio, que “deberán cobrar un precio no mayor al que ofrecen el gasoil en las estaciones de servicio de bandera propia”. “En localidades con menos de 50 mil habitantes se debe aplicar el precio de la estación de servicio más cercana, en un radio de 50 kilómetros”, señala la resolución. También establece que las petroleras “deberán mantener la logística actual de entrega de combustible a las empresas de transporte público de pasajeros y al menos el mismo volumen de combustible que venían suministrando hasta el momento del dictado de esta resolución”. Para ello, la secretaría que conduce Guillermo Moreno adelantó que “pondrá en práctica un esquema de monitoreo de precios mayorista y minorista y en caso de incumplimiento se dispondrá la aplicación de la ley 20.680 de Abastecimiento”.

A modo de ejemplo, el precio mayorista hasta el momento se ubica entre 4,80 y 5,10 pesos el litro, mientras que en las bocas de expendio de Capital Federal se despacha a 4,30 pesos promedio. La denuncia fue calificada como “injustificada” por YPF, compañía que controla el 65 por ciento del mercado local de gasoil, secundada por Shell, con el 20, y Esso (Exxon), con el 9 por ciento. Petrobras y la argentina Oil se dividen el resto del mercado, según datos oficiales. No obstante, fuentes de YPF informaron que recibieron la notificación ayer a la mañana y que, como es una cautelar de carácter inmediato, “ya se inició la logística para cumplir con lo dispuesto en la resolución”. Lo mismo sucederá con Shell, Esso, Oil y Petrobras, a pesar de que estas petroleras todavía no acudieron a formular su descargo ante la CNDC.