Esta vez les tocó a los bancos. Las medidas que va tomando el Gobierno para contrarrestar los probables impactos de la crisis mundial alcanzaron esta semana a las entidades financieras, a través de una normativa que dictó el Banco Central para restringir la salida de capitales y privilegiar el fortalecimiento y cobertura de riesgos operativos antes que la distribución de dividendos. Hubo algún atisbo de protesta, una baja en las acciones de las entidades en la Bolsa ayer, después de conocida la noticia, pero no hubo resistencias corporativas ni amenazas de represalias financieras de parte de los dueños del dinero. Los banqueros bien saben por qué.

En esta pulseada contra los grupos más concentrados que disputa de manera permanente el gobierno de Cristina Kirchner, este último disfruta en la actual etapa de una doble legitimidad. La que le da el apoyo popular en las urnas, de la que frecuentemente se habla y la que surge del contexto internacional, a la que se alude mucho menos. Las medidas tomadas esta semana por el Banco Central son un claro ejemplo. No hace tantos años, una década y no mucho más, restringir el giro de dividendos u obligarlos a capitalizar las ganancias para aumentar el respaldo a los depósitos hubiera sido una propuesta inimaginable. Porque en un escenario en el que el capital financiero era el eje del poder, y el Gobierno un mero administrador de las reglas que garantizaran la libre movilidad del capital, no cabía ni siquiera esperar la voluntad de las autoridades para proponerla. Las relaciones de fuerza, evidentemente, han cambiado.

Pero, además, hoy en el mundo –y sobre todo en las principales economías del planeta– es moneda corriente hablar de ampliar las regulaciones bancarias, la necesidad de ejercer una supervisión más severa por parte de la autoridad monetaria y redoblar las exigencias sobre la actividad financiera. Hasta una propuesta de fijar una tasa a las transacciones financieras, que con el nombre de Tasa Tobin solía ser una bandera de la izquierda, hoy la asume como propuesta un líder de derecha como el presidente francés, Nicolas Sarkozy. En este contexto, sólo a unos pocos se les podría ocurrir, en Argentina, criticar a las medidas de regulación bancaria del Gobierno como un “abuso” o “un intento del Gobierno por quedarse con todo”. Los grupos económicos ya han dejado de lado ese discurso, hace un buen rato.

En la foto de este presente aparece la crisis internacional, de la cual el sistema financiero mundial es el gran responsable, aunque no siempre se admita. La banca europea hoy goza de los beneficios de una protección otorgada por las principales potencias del Viejo Continente, hasta límites inconfesables, y aun así no tiene garantizado su futuro. Las normas de Basilea –una suerte de ente rector de la actividad bancaria en todo el mundo– les imponen a los grandes bancos mayores exigencias de fondos de respaldo. Esto afecta fundamentalmente a las casas matrices de la banca europea –epicentro de la crisis– y estadounidense. Con filiales pasando por momentos florecientes, no es de descartar la tentación que pueda asaltar a las casas matrices de pasarles la aspiradora a los recursos generados en los países periféricos.

La banca argentina es un buen ejemplo de esta situación satisfactoria frente a casas matrices en crisis. El sistema financiero privado local superó la peor crisis de su historia –la de 2001– con un gran costo en materia de desprestigio, pero sin correlato en costos económicos. Por el contrario, un par de años después de esa etapa crónica, y gracias al respaldo de los fondos públicos para reparar los platos rotos, las entidades volvieron a mostrar balances con resultados en negro. Posteriormente, se montó en el crecimiento de la actividad económica y la consecuente mayor demanda de servicios financieros para seguir acumulando ganancias. Y lograron multiplicar la cantidad de clientes usuarios de tarjetas de crédito y débito durante varios años de expansión sostenida del consumo. En una economía sin crédito, la banca ganaba fortunas.

En el último año, con cifras hasta noviembre, las ganancias del sector financiero se elevaron hasta más de 12.700 millones de pesos. Pero a diferencia de etapas anteriores, aumentó notablemente el crédito –50 por ciento en noviembre de 2011 con respecto a un año atrás–. Con semejante cuadro de situación en las filiales locales, no es aventurado pensar en la tentación de echarles mano a sus cajas por parte de las casas matrices.

Las nuevas normas que dio a conocer esta semana el Banco Central apuntan en ese sentido, evitando que las filiales locales se vean sometidas a girar los fondos acumulados localmente para cubrir las urgencias de casas matrices. Los mayores requisitos para girar dividendos al exterior no son estrictamente restricciones o prohibiciones, sino que obliga a las entidades a garantizar previamente el respaldo a sus operaciones en el país, dar una cobertura suficiente sobre eventuales riesgos y ajustarse, en definitiva, a los desafíos que presenta el contexto internacional.

Las normas no sólo respetan los cánones establecidos por Basilea, sino que, más aun, responden a sus más recientes recomendaciones en materia de políticas prudenciales. “Lo que el Gobierno está haciendo, al igual que en el capítulo anterior de esta crisis, en 2008, es tomar medidas que la protejan de sus efectos”, sostuvo Carlos Heller, un dirigente de origen bancario (pero del sector cooperativo) y hoy volcado a la acción política, como diputado nacional por Nuevo Encuentro. “Limitar la remisión de utilidades es más que correcto. La pregunta que uno debería estar haciéndose no es por qué el Gobierno hizo esto, sino por qué no lo hace con el conjunto de las empresas extranjeras”, afirmó.

En la visión de quienes están convencidos de la necesidad de la acción del Estado para definir el rol del país frente a la crisis, no deja de resultar atractivo cómo el país se va adaptando a las crecientes dificultades que propone la situación mundial. “El Gobierno demostró decisión en 2008 para aplicar medidas anticíclicas y la está demostrando ahora”, recordó Heller. La amenaza externa en aquella etapa de la crisis venía fundamentalmente por el lado del comercio. Argentina tomó medidas para preservar la industria nacional frente a los productos importados y logró, como señaló el diputado de Nuevo Encuentro, “llegar incluso a aumentar el superávit comercial, pese a que teníamos una sequía peor que la actual”.

Al mismo tiempo que se protegía de la amenaza externa, se propuso entonces mantener el dinamismo del mercado interno. El desafío vuelve a ser el mismo. Pero ahora la amenaza viene por dos vías, el comercio y la fuga de capitales. Esta semana quedó evidenciado que el Gobierno está atento a atender ambos frentes.

En lo que respecta a la fuga de capitales, el Gobierno actúa tratando de anticiparse a hechos futuros, pero también tomando experiencia de hechos recientes. Algo de esa actitud de las multinacionales con casa matriz en países centrales ya la había podido ver durante 2011, más precisamente en el segundo semestre. El giro de utilidades y otras remesas al exterior a favor de los accionistas mayoritarios formó parte de la corrida que afectó al mercado cambiario en las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre. Esta posición, encabezada por los bancos extranjeros, fue imitada por algunos importantes bancos privados locales, lo cual le dio más consistencia a la corrida, que de todas formas el Banco Central supo y pudo contrarrestar. El equilibrio en el mercado cambiario quedó restablecido, pero ciertas actitudes quedaron grabadas en la memoria de la autoridad monetaria y del Gobierno. Eso explica las actuales medidas. Y el silencio, no tan sorprendente, de los mayores referentes de la banca local.