La Anses avanzó en los controles para asegurar la transparencia en el circuito de descuentos a los jubilados y pensionados. Luego de establecer por decreto un tope al costo financiero total aplicable a los créditos otorgados por entidades mutuales y cooperativas a favor de jubilados y pensionados, al fijarlo en el 5 por ciento por sobre el utilizado por el Banco de la Nación, la Anses ha dispuesto cambios en las instancias de control de la operatoria de estas entidades, estableciendo mayores exigencias formales y efectuando nuevas verificaciones e inspecciones en los diversos planos de intervención del sistema, tanto sobre las entidades adheridas como sobre cada uno de los créditos que se otorgan.

El tope a la tasa de interés había sido decidido a raíz de los altos costos financieros registrados en préstamos otorgados por diversas entidades adheridas, por los que se ha llegado a cobrar a los beneficiarios una tasa de hasta el 80 por ciento anual. En el primer mes de vigencia del decreto, la Anses realizó inspecciones preventivas en las entidades que solicitaron descuentos a beneficiarios. Como resultado, se verificaron diversas situaciones como la carencia de la documentación respaldatoria de los créditos otorgados, documentación incompleta, solicitud de extensión del plazo para presentar la documentación y registro de domicilios inexistentes.

Entre las modificaciones operativas introducidas mediante una resolución del organismo, las entidades deben presentar ante la Anses, dentro de los diez días hábiles y por cada operación crediticia que incorporen al sistema, la correspondiente documentación que la respalde, como copias de cada contrato, del documento de identidad del beneficiario y de los comprobantes que arroje el sistema donde consten monto, tasa y costo financiero total.