María Amalia Sara Lacroze de Fortabat falleció ayer, a los 90 años de edad. La empresaria y coleccionista de arte heredó en 1976 la cementera Loma Negra y alrededor de 155 mil hectáreas de tierra que le permitieron convertirse en un exponente de la denominada “oligarquía diversificada”, un conjunto de grupos empresarios locales y extranjeros que distribuyeron sus intereses en la industria, el agro y otras actividades privilegiando el proceso de valorización financiera sobre la inversión productiva. La multimillonaria Amalita, con más de 1600 millones de dólares, se ubicó en el ranking del top 300 de la revista Forbes, comenzó a amasar su fortuna durante la última dictadura militar, formó parte de los “capitanes de la industria” durante el gobierno de Raúl Alfonsín y gozó de un espacio privilegiado en los años ’90 cuando su amigo Carlos Menem la nombró embajadora plenipotenciaria y titular del Fondo Nacional de las Artes. Durante la crisis de la convertibilidad jugó un rol activo desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para reclamar que el peso de la deuda en moneda extranjera de los grupos empresarios más poderosos fuera asumido por el Estado. En 2005, cuando ya estaba alejada del control de su holding, vendió por 1025 millones de dólares Loma Negra a la empresa de capitales brasileños Camargo Correa.

Primeros pasos

En enero de 1976 falleció su marido, Alfredo Lacroze, y Amalita se colocó rápidamente al mando de Loma Negra sin dejar espacio a quienes reclamaban una parte de la herencia. La empresa se vio beneficiada por los aumentos de precios y por el proceso de obra pública que desplegó la dictadura. Así, la producción de cemento –aunque exhibe un comportamiento directamente asociado al ciclo económico: cuando crece el PIB, aumenta la producción– durante la recesión de 1979-1981 siguió creciendo. La consolidación llegó durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando quedó como proveedora de grandes obras públicas, como El Chocón, Yacyretá y Salto Grande.

Menemista

Con Carlos Menem fueron amigos. El ex presidente la nombró embajadora plenipotenciaria y también presidenta del Fondo Nacional de las Artes, en 1991. Si bien no se destacó en el proceso privatizador, como hicieron otros grupos económicos locales como Techint, Soldati,

Roggio, Macri o Pérez Companc, el holding de Fortabat obtuvo la concesión del ferrocarril de carga Ferrosur de la línea Roca y de EDEA, distribuidora de electricidad de la provincia de Buenos Aires. El ferrocarril le permitió conectar sus fábricas con los centros de consumo y posibilitó integrarse verticalmente. Además, Loma Negra compró a Bunge & Born las acciones que habían adquirido en Distribuidora Gas Pampeana y Distribuidora Gas del Sur. En su proceso de diversificación, Amalita incursionó en el negocio de los medios de comunicación sin mucho éxito. En La Prensa gastó 20 millones de dólares hasta que la abandonó a su suerte. Lo mismo sucedió con Radio El Mundo y FM Horizonte.

De ambos cargos públicos, embajadora itinerante y presidenta del FNA, fue dada de baja durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Cartelización

La cementera de Amalita fue la protagonista durante dos décadas de realizar acuerdos ilegales de precios y de la distribución del mercado junto con las firmas Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cementos San Martín, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland. Desde 1981, las firmas comenzaron a fijar precios por encima de los que hubieran surgido de una libre competencia, establecer los niveles de producción correspondientes a cada firma y acordar los precios a cotizar para las licitaciones de obra pública y así garantizar que una compañía sea la ganadora del proceso.

“Hasta la época de la guerra de Malvinas la comisión directiva de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland manejó de manera muy reservada el reparto del mercado entre las empresas, pero la situación por la que atravesaba el país era muy preocupante y había que agudizar al máximo el ingenio. La solución fue comercial. Se estableció que los gerentes de ventas se reunieran en forma periódica para poder tomar soluciones concertadas rápidas también en cuanto a los precios. De esta manera quedó conformada la Mesa de Acuerdos, lo que aún es llamado en forma íntima el Club o Clubcito, dado su escaso número de integrantes. Todo se arreglaba en ese Club, y luego se coronaba el encuentro con un importante almuerzo o cena, bien regado por supuesto”, escribió en 1999 Luis Jorge Capurro, representante de Loma Negra en el Club de negociaciones de las firmas cementeras, en un libro que no se publicó pero que sirvió como base para la investigación y multa por casi 310 millones de pesos de la Comisión Nacional de la Competencia.

En la distribución de las cuotas de mercado a Loma Negra le tocó el 48,38 por ciento, mientras que Cementos San Martín tuvo 12,34; Corcemar 14,64; Juan Minetti 10,62; Cemento Avellaneda 10,98, y el resto entre dos firmas pequeñas, Petroquímica y Sandrín. Las empresas intercambiaban información mensualmente y de acuerdo con los desvíos de producción se decidía que debían frenar o acelerar. Los acuerdos de precios según la zona y la distribución del mercado por cuotas perjudicaban a los consumidores que terminaban pagando sobreprecios. “Loma Negra obtuvo la conformidad de la Mesa de Acuerdos para tener preferencia en el abastecimiento de obras públicas presionando con el déficit de participación que tenían en ese momento. Con este argumento coaccionaron para lograr proveer la obra puente Rosario-Victoria y las rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”, relató Capurro.

Según explica el investigador de la Unsam, Alejandro Gaggero, “la cartelización, la práctica ilegal que eliminaba la competencia del mercado, estaba tan institucionalizada que las cementeras contrataban a la consultora Price Waterhouse para auditar los cupos de producción y garantizar el buen funcionamiento del sistema”.

En 2005, el Estado sancionó a las empresas. La multa más alta por 167,2 millones de pesos le correspondió a Loma Negra junto a su controlada Cementos San Martín. Juan Minetti, del grupo suizo Holderbank, fue sancionada con 100,1 millones, Cementos Avellaneda del grupo español Molins, 34,6 millones, Petroquímica Comodoro Rivadavia, 7,3 millones. También fue condenada a pagar algo más de medio millón de pesos a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Las empresas todavía no pagaron y la puja judicial continúa.

Vender Loma Negra

Lejos de su “esplendor”, en medio de una grave crisis por el elevado nivel de endeudamiento de la firma y dificultades por el manejo familiar de la compañía se llevó a cabo la venta de Loma Negra a la empresa de capitales brasileños Camargo Correa. La operación fue por 1025 millones de dólares, monto que incluía también la deuda del grupo y sus subsidiarias calculada en 200 millones de dólares. Así, el grupo brasileño pasó a controlar las nueve unidades fabriles que la empresa poseía en territorio argentino (Sierras Bayas, Olavarría, Backer, San Juan, Zapala, El Alto, Ramallo, LomaSer y L’Amali), además de seis plantas de hormigón y la filial de la compañía en Montevideo. Dentro del paquete de compra de Loma Negra, la compañía brasileña también obtuvo la concesión del ferrocarril de carga Ferrotur de la línea Roca.

“Hoy he creído conveniente mi retiro de la actividad como empresaria cementera; también siento que es el momento de volcar mis energías a profundizar aún más mis actividades en el campo social, a encarar proyectos e inversiones de un alto contenido comunitario, para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito de la alimentación, salud y educación, especialmente de los niños”, prometió Amalita en 2005, cuando se desprendió de la empresa.

En la venta de Loma Negra la empresaria se benefició con la exención del impuesto a las ganancias de capital, la diferencia que realiza el dueño de una empresa cuando vende sus acciones. La misma suerte corrieron los dueños del grupo Bemberg que vendieron Quilmes a Ambev-Brahma y Pérez Companc, que transfirió su petrolera a Petrobras. Esa desgravación, que hoy persiste, hizo perder al Estado alrededor de 100 millones de dólares. Amalita también había sido investigada por supuesta evasión del IVA por sus honorarios percibidos como presidenta de las compañías Loma Negra y Cementos San Martín.

“Una vez me pregunté si todo esto (señala su casa con los brazos) tenía sentido, si mi misión en el mundo no era otra. Pensé muy seriamente en dejar todo e ir a trabajar con los pobres al Africa. Al final no fui por el calor, yo sufro mucho el calor. Tal vez si las cosas fueran mal en Canadá, iría. Igual siento que soy una trabajadora del Señor”, remató en una entrevista que realizó en 1998 con la revista Noticias junto con Franco Macri. Amalita no se fue a ningún lado. Se quedó con su museo y la filantropía, vendió su empresa, sus obras de arte (aunque se quedó con un Gauguin por el que nadie quiso pagar los 20 millones de dólares que pedía) y, más recientemente, vendió un piso de 14 habitaciones en Nueva York frente al Central Park.