En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.

El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.

Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.

En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.

No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.

* Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA).

Producción: Tomás Lukin [email protected]