YPF tiene plazo hasta hoy a la medianoche para responder la intimación que Mendoza le hizo por falta de inversiones en los yacimientos Ceferino de Rivadavia y Cerro Mollar Norte de Malargüe. En la compañía informaron a este diario que harán su descargo, pero igual el gobernador Francisco “Paco” Pérez le quitaría las áreas, siguiendo el ejemplo de Chubut y Santa Cruz. La rescisión tendrá un impacto simbólico porque los dos yacimientos representan sólo el 0,3 por ciento de la producción de la empresa en Mendoza. Sin embargo, el gobernador adelantó que está evaluando la situación de otras seis áreas de YPF. Además, la petrolera tiene pendiente una controversia similar con la provincia de Neuquén, donde debe hacer el descargo mañana, y otra con el gobierno nacional por el reparto de dividendos de 2011, la cual constituye el frente de conflicto más relevante en el corto plazo.

“Nosotros emplazamos a la empresa por dos áreas donde no hay planes de inversión para 2012 y si no hay respuesta, vamos a proceder a la quita. Son dos áreas que no están en producción y además estamos evaluando la situación de otras seis áreas”, dijo el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, dando una pista de lo que se viene. Además cuestionó a YPF por el desabastecimiento que sufre la provincia. “A pesar de que tenemos la principal destilería del interior del país, vivimos con de-

sabastecimiento de combustible. Incluso van camiones de combustible por un precio diferenciado hacia Chile, donde hay muchas estaciones de YPF”, sostuvo.

YPF también tiene pendiente un descargo ante la provincia de Neuquén. Allí, el gobernador Jorge Sapag intimó el viernes 9 a la empresa y mañana a la medianoche vence el plazo para que responda. Las áreas en las que le exige más inversión son Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo. Según reconoció la propia provincia en la intimación, esas áreas “permanecen sin producción, ni inversiones comprobables”. Por lo tanto, lo que ocurra no preocupa demasiado a las autoridades de YPF. A su vez, Neuquén intimó la semana pasada a otras cuatro petroleras por falta de inversiones. A Petrobras le reclamó el miércoles la presentación de un plan para desarrollar los yacimientos Rincón de Aranda y Veta Escondida, y a la estadounidense Apache le exigió lo mismo en Aguada Villa Nueva, Meseta Buena Esperanza y Ojo de Agua. Además, el viernes intimó a Tecpetrol por el yacimiento Fortín de Picún, a Cima Petrol por Paso Aguerre y a la canadiense Argenta Energía por Covunco Norte.

Hasta ahora, la única quita de yacimientos relevantes la efectuó Chubut. El miércoles, el gobernador de esa provincia, Martín Buzzi, declaró la caducidad de las concesiones de explotación de los yacimientos Escalante-El Trébol y Cañadón Perdido-Campamento Central, áreas que representan el 6,9 por ciento de la producción petrolera de la compañía a nivel nacional. YPF le respondió a Chubut a través de un comunicado y aseguró que emprenderá acciones legales pues, según su versión, había cumplido con las metas de inversión y producción.

No obstante, entre los frentes de conflicto de YPF, el que más preocupa a sus autoridades es el que mantienen con el gobierno nacional. En el corto plazo, esa disputa se va a manifestar nuevamente a raíz de las diferencias sobre el reparto de las ganancias de la firma correspondientes a 2011. El director estatal de la compañía, Roberto Baratta, expresó en la última reunión de directorio que el deseo del gobierno es que se constituya una reserva voluntaria para inversiones y que las ganancias de 2011 vayan allí. Los directores de Repsol y el Grupo Petersen (controlado por la familia Eskenazi) votaron postergar la decisión para una próxima reunión de directorio, todavía sin fecha, y así evitaron que el conflicto estallara. Sin embargo, va a ser difícil que se pongan de acuerdo porque YPF ha venido repartiendo en los últimos años entre los accionistas entre el 80 y el 90 por ciento de sus ganancias y el Gobierno con suerte sólo aceptaría una cifra cercana al 20 por ciento. El director estatal no puede bloquear una decisión de los principales accionistas, pero si el Gobierno buscara otro camino para frenar un reparto de dividendos, pondría en crisis el acuerdo que sellaron los accionistas cuando el Grupo Petersen ingresó a la empresa. En ese entonces, los Eskenazi no tenían los recursos para comprar las acciones que hoy poseen, y contrajeron una deuda con un grupo de bancos y con Repsol que vinieron pagando con las ganancias de la propia petrolera.

–Si el Gobierno bloquea la distribución de dividendos, ¿el Grupo Petersen podría caer en default ante los bancos y tener un conflicto con Repsol? –le preguntó este diario a una fuente oficial.

–Ese es un acuerdo entre privados que tendrán que resolver los privados. A nosotros nos tiene sin cuidado.

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